Galicia, la comunidad con menos porcentaje de plazas públicas en residencias con el 41%

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Ene. (EUROPA PRESS)

Las plazas de financiación pública en residencias para personas mayores en España suman un total de 242.206 de las 389.031 existentes en todo el territorio nacional, es decir, un 62% del total. En Galicia, el porcentaje de plazas públicas sobre el total es del 41%, cifra más baja de todas las comunidades autónomas, lo que implica que la mayoría son privadas.

Así lo reflejan las cifras oficiales del Imserso recogidas entre las 5.542 residencias del Estado (1.435 públicas y 4.107 privadas) y que la Asociación de Directoras y Gerentes ha analizado a través de un informe.

Además de ser la comunidad con mayor proporción de plazas privadas, este documento, recogido por Europa Press, sitúa a Galicia como la tercera con mayor déficit de plazas residenciales. En concreto, habría una carencia de 14.902 plazas, tan solo superada por Andalucía (28.457) y la Comunidad Valenciana (21.900).

De igual modo, la gallega también se situaría entre las únicas cuatro autonomías que no superan el 3% de plazas residenciales por cada 100 personas mayores (a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un 5%): Murcia (2,27%), C. Valenciana (2,77%), Galicia (2,83%) y Canarias (2,84%).

Total España

En cuanto a las cifras de toda España, el 62% del total de las plazas en estos centros son de financiación pública y el 38% (146.825) son plazas de financiación privada, siendo el País Vasco la comunidad autónoma con mayor porcentaje de plazas públicas (74%). En el lado opuesto está Galicia con el 41%.

La asociación de directores y gerentes destaca, del mismo modo, que Aragón y la Comunidad Valenciana son las dos regiones que más aumentan el número de plazas residenciales de financiación pública. En concreto, Aragón las aumenta en más de un 100% y la Comunidad Valenciana en un 30%.

El informe indica además que, el índice de cobertura de plazas por personas mayores de 65 años en España es de 4,2% (un 2,6% de plazas de financiación pública propias o concertadas, y un 1,6% de financiación privada). En este caso, la comunidad con mayor índice de cobertura es Castilla y León, con un 7,8%, y la que menos, la Región de Murcia, con 2,3%.

En cuanto al precio público anual por usuario, la asociación indica que es de 20.686 euros y el de la concertación 19.324. Esto supone que la aportación promedio del usuario es del 36% y del 40%, respectivamente, según el informe.

En este sentido, el informe señala que existen diferencias en los precios en las plazas residenciales de financiación pública con una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 euros anuales en comunidades como la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, la Comunidad de Madrid o Cataluña y hasta más de 8.000 euros anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco. En estas dos últimas, apunta el informe, se superan los 10.000 y los 11.000 euros respectivamente.

"Vale la pena recordar que la pensión media en España no alcanza los 1.000 euros mensuales", ha explicado la asociación.

Del mismo modo, destaca que en algunas regiones los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30% o, como en La Rioja, el 25%. "A la vista de estos datos, resulta evidente el esfuerzo que deben realizar algunas autonomías para promover la construcción y/o concertar nuevas plazas residenciales para personas mayores", señala.

20.200 plazas nuevas en diez años

Sobre este tema, directoras y gerentes de estos centros lamentan que el número de plazas residenciales para personas mayores en España "no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años" y que, según apuntan en el informe, ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020. "Siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España", denuncian.

Así, denuncian que en este mismo tiempo, las plazas residenciales solo se han incrementado en 20.226, según el informe recientemente publicado por el Imserso. En consecuencia, indica la asociación, la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido pasando de 4,56 a 4,22, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales.

"Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años", explica el informe.

La asociación señala que "unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho".

Ratio de plazas

Al respecto, Directoras y Gerentes estiman que "más de la mitad de los grandes dependientes y dependientes severos solicitan una residencia o una prestación económica vinculada para ser atendidos en un centro residencial" y esta situación "muestra diferencias muy significativas entre comunidades autónomas".

Así, destaca, sólo Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias, alcanzan la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y sólo Castilla y León y Castilla-La Mancha alcanzan también esta ratio con plazas de financiación pública.

El informe señala que los principales déficits de las plazas residenciales en España se encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad de Valencia (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074).

En este sentido, indica que, en términos relativos sólo cuatro comunidades autónomas no superan el 3% de plazas residenciales por cada 100 personas mayores: Murcia (2,27%), C. Valenciana (2,77%), Galicia (2,83%) y Canarias (2,84%).

Las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y las de financiación privada, destacando en este sentido regiones como Galicia, Canarias y Madrid, donde existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública, indica el informe.

Debates pendientes

Finalmente, el informe de la asociación plantea algunos debates pendientes en el sector, como el de la ubicación de las plazas residenciales en el territorio, ya que, según señalan, su carencia se centra en las grandes urbes, mientras que en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad.

Esta situación, advierten los expertos, constituye un factor que agudiza el vaciamiento de estas zonas, con una gran carga de sufrimiento para quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos.

Por otro lado, en grandes urbes, donde la demanda de plazas residenciales es mayor, las plazas de financiación pública se están alejando de los grandes núcleos poblacionales donde son mucho más rentables las plazas privadas, con los perjuicios en desplazamientos y tiempos de visitas que esto ocasiona para las familias y los propios mayores.

Del mismo modo, la asociación ha denunciado que las residencias para mayores han sido lugares donde el Covid-19 "ha hecho estragos", un hecho que, según explica, llama a reabrir el debate sobre las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores. Especialmente, indica el informe, pensando en la necesidad de incrementar la ratio de gerocultores y reformular sus funciones y su remuneración.