SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) –

Uno de cada diez gallegos de pequeños municipios no cuenta con acceso a bancos ni a cajeros, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado este miércoles y financiado por el Ministerio de Consumo.

En concreto, un 10,8% de los gallegos encuestados de municipios de 5.000 habitantes no tiene ninguna sucursal en su ayuntamiento, la tercera tasa más baja de España, solo por encima de Andalucía (4,9%) y Extremadura (7,3%). El dato de media en el país en esta situación es del 18,8%, 10 puntos más que en Galicia.

Por su parte, el 13,5% de los gallegos de pequeños municipios no cuenta con un cajero automático operativo en su ayuntamiento. De nuevo, tercera peor cifra (por encima de Andalucía y Extremadura), así como por debajo de la media española (17,1%). Así, uno de cada cinco gallegos en pequeños ayuntamientos tuvo que desplazarse en el último mes a otro municipio para poder sacar dinero. Si se toma como referencia solo los ayuntamientos con menos de 2.000 habitantes, ese porcentaje de afectados crece hasta el 27,6%.

Entre los que no cuentan con ninguna sucursal bancaria en su municipio, la distancia media que tienen que recorrer es de 10,6 kilómetros para ir a una oficina. Uno de cada 10 tiene que desplazarse más de 15 kilómetros, según los datos del estudio en España.

1,4 millones de personas en riesgo de exclusión financiera

Alrededor de 1,4 millones de personas en España se encuentran en grave riesgo de exclusión financiera debido a la imposibilidad de acceder a los servicios bancarios, según este estudio. La ausencia de oficinas bancarias y la falta de capacidades y destrezas digitales para operar en cajeros o por Internet son los principales factores que confluyen entre los mayores de 65 años y residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, señala el informe, basado en una encuesta realizada a 2.007 individuos de localidades con menos de 5.000 habitantes.

La organización destaca que el proceso de cierre de oficinas iniciado en 2008 ha provocado la desaparición de 24.741 establecimientos de este tipo y ha afectado al 42% de los habitantes de municipios pequeños. También se producen desigualdades regionales, dado que el 38% de los habitantes de pequeños municipios de Castilla y León no disponen de ninguna oficina bancaria, frente al 5% de Andalucía, subraya la OCU.

El informe revela que los habitantes de los pueblos pequeños son "claramente" más reacios al uso de tarjetas, a la utilización de Internet para realizar operaciones y a las compras ‘online’, "donde la edad es el factor determinante". El 40% de los mayores reconoce que la falta de conocimiento o destrezas es el principal motivo por el que no las usa, a lo que le sigue, a distancia, la falta de confianza en la seguridad.

Evitar la exclusión financiera

El estudio incorpora una serie de recomendaciones para evitar la exclusión financiera en España, como garantizar el acceso a los servicios bancarios esenciales con una infraestructura física viable. "Es necesario que determinados servicios, como el acceso al efectivo tenga la consideración de servicio universal para garantizar el acceso a la población, como ocurre en otros servicios (telecomunicaciones o postales)", destaca el documento.

También aboga por el desarrollo de tecnologías inclusivas que permitan realizar operaciones en cajeros automáticos de manera similar a la de oficinas, como la identificación biométrica, las videollamadas o los comandos de voz, por ejemplo. Asimismo, defiende mejorar la protección y seguridad de los mayores con una normativa específica y la creación en dependencias públicas de entornos seguros para la realización de operaciones bancarias. A ello se suma la necesidad de implementar programas de alfabetización digital y financiera.

El Senado se abre a medidas a favor de los mayores

El Senado ha aprobado este miércoles una iniciativa de ERC, tramitada a través de una enmienda transaccional, en la que se acuerda impulsar la creación de una ponencia de estudio que elabore un informe con recomendaciones para la adopción de medidas que garanticen la inclusión financiera de los mayores.

En concreto, esta moción de los republicanos catalanes ha sido pactada con todas las formaciones del Senado, salvo el Grupo Mixto, en el que está Vox, entre otras formaciones, y el Grupo Nacionalista, en el que está Junts. Lo que pide el texto es que esta ponencia de estudio, que se crearía en el seno de la Comisión para la Despoblación y el Reto Demográfico, estudie medidas para asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios financieros de toda la población.

En este contexto, piden la disponibilidad de servicios de atención personalizada, con procedimientos sencillos y asequibles, que permitan la formación, el acceso y correcta gestión de los servicios bancarios en zonas despobladas. Pero ponen especial atención a las personas que viven en el mundo rural, las más vulnerables, como el colectivo de mayores, personas con dificultades en entornos digitales o con rentas bajas.

Precisamente, un hombre de 78 años impulsó hace un mes una petición en la plataforma Change.org pidiendo un trato más humano a las personas mayores en las entidades bancarias, lo que provocó que el Gobierno urgiera a los bancos a garantizar la inclusión financiera de los mayores.