SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Consello Galego de Procuradores (CGP) expresa su "rechazo" y "total disconformidad" con el proyecto de real decreto propuesto por el Ministerio de Justicia que, según denuncia, "introduce inasumibles rebajas en los aranceles" en los que se basan los honorarios profesionales de los más de 750 profesionales de esta rama que trabajan en Galicia.

En un comunicado remitido a los medios, el Consello Galego de Procuradores explica que está integrado por los seis colegios profesionales de Galicia (Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo, Pontevedra y Santiago de Compostela). En el comunicado, recuerdan que los aranceles y honorarios de los procuradores están establecidos en un real decreto de 2003 y que permanecieron congelados "19 años", cuando la inflación subió un 44,5% (de febrero 2003 a febrero de 2022).

Asimismo, consideran "inasumible" que se introduzcan ahora modificaciones a la baja sin aplicar previamente, como mínimo, una actualización de los aranceles en base al IPC oficial y avisan de que, de seguir adelante, "se pone en duda la garantía de la prestación del servicio del procurador con una mínima calidad y la cobertura de los gastos de funcionamiento de cualquier profesional".

"Retribución justa y respetuosa"

"Los procuradores tenemos encomendadas funciones de colaboración con la Administración de Justicia que han de ser remuneradas con una retribución justa y respetuosa con los incrementos del coste de la vida y la constante introducción de nuevas tecnologías que nos vemos
obligados a implantar", sostiene el Consello Galego de Procuradores.

También señala que los efectos de esa no actualización del arancel, sumados al establecimiento únicamente de un "importe máximo" comportan una "devaluación real de las cuantías" y "una desconsideración absoluta" hacia la actividad de los procuradores, de forma que se suprime "toda virtualidad de competencia y de libre fijación de precios". Sobre esto, los profesionales consideran que "se condena a los procuradores al cobro de unas cifras por sus servicios profesionales que no se adecuan a la realidad de los mismos, ni a su contenido y menos aún a sus costes, que devienen imposibles de cubrir".

Asimismo, estos profesionales piden la aprobación de una nueva regulación completa de los aranceles, que los reformule, tanto en lo que se refiere a sus rúbricas como en sus diversos conceptos, que resulten adecuados a la realidad actual. De este modo, proponen que los aranceles que se aprueben pasen a tener una estructura diferente, indicando expresamente que los importes que resulten han de poder ser incluidos en las tasaciones de costas cuando resulten de actuaciones obligatorias por razón de la aplicación de la ley.

Por último, indican que "la mejor medida para agilizar y abaratar la Justicia española es la de implantar inmediatamente la figura del procurador ejecutivo, figura recomendada por el Consejo de Europa desde 2009″ que "permitiría una mejor tasa de resolución de los juicios y podría reducir el atasco judicial español a la mitad, como ya ha sucedido en Portugal o Francia con decisiones similares".

Así, sostienen que el atasco judicial en Galicia alcanzó en 2021 la cifra más elevada en 8 años, con 156.027 casos pendientes de ejecución. En España, la cifra de asuntos atascados ha alcanzado los 3,1 millones de casos, la más elevada en 10 años, con un promedio de 41 meses para la
finalización de las ejecuciones.