La conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, ha presentado hoy al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, el informe anual sobre violencia de género 2021, elaborado por su departamento, así como otros dos informes específicos sobre las prestaciones periódicas que concede la Xunta a las víctimas de violencia de género y sobre violencia sexual. En concreto, el Gobierno gallego concedió un total de 612 ayudas mensuales en 2021 a mujeres víctimas de violencia de género para conseguir la independencia económica suficiente que les permita iniciar el camino de la ruptura con la situación.

El desarrollo de mecanismos jurídicos, económicos y sociales que prevengan y luchen contra la violencia de género es una actuación prioritaria de la Xunta de Galicia, explica el organismo en comunicado. Para ello, la Xunta concede ayudas económicas de hasta 800 euros mensuales y durante un periodo de 12 meses para que víctimas adquieran autonomía económica frente al agresor o la persona que mantenga una relación de dominio sobre ellas.

Estas ayudas, abiertas durante todo el año, sitúan a Galicia como una comunidad puntera en este sentido y que el año pasado supusieron una inversión de 5,2 millones de euros. De las mujeres ayudadas, el 72% eran menores de 46 años y el 51% tenían hijas y/o hijos menores a cargo. Además, más del 78% de las beneficiarias eran mujeres desempleadas.

Estas ayudas mensuales no son las únicas que la Xunta concede cada año a las víctimas de violencia de género. En total, en 2021 se alcanzaron casi las 1.000 ayudas económicos: a los 612 otorgadas mensualmente, hay que sumarle otras 324 otorgados desde la línea de pago único y 13 ayudas que sirvieron para que las mujeres recibieran la compensación reconocida por orden judicial.

La Xunta también está reforzando el apoyo a la formación y el empleo de las víctimas a través de la Consellería de Emprego e Igualdade, con el objetivo de mejorar su empleabilidad. En esta línea, las muejeres víctimas de violencia de género tienen acceso preferente a las actuaciones autonómicas, en particular, a los servicios de orientación laboral, cursos de formación profesional y programas mixtos formación-empleo.

Gracias a las ayudas para la contratación de víctimas de violencia de género, el año pasado 155 mujeres encontraron trabajo a través del programa de empleo y el apoyo a ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro para este fin.