Concentración ante el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, en una imagen de archivo.
Trabajadores del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar exigen mejoras laborales
Trabajadores de los centros del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar han protestado esta mañana ante la sede del ente para pedir conservar sus puestos de trabajo, ya que "el concurso-oposición no garantiza la estabilización"
3 mayo, 2022 18:28SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) –
Trabajadores de los centros del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, convocados por CNT, han protestado este martes ante las puertas del ente, así como ante el edificio de los sindicatos en Santiago, para reclamar mejoras laborales y que garanticen sus puestos de trabajo.
La protesta se ha enmarcado en la jornada de huelga que este sector ha convocado para este martes y que, según ha trasladado a Europa Press la Consellería de Política Social, ha tenido un seguimiento del 9,4%.
A las 11:00 horas, un centenar de trabajadores de estos centros se ha concentrado ante el edificio del Consorcio y han reclamado reunirse con su gerente. Posteriormente, se han trasladado al edificio de los sindicatos, a los que acusan de no defender sus necesidades.
"Merecemos conservar nuestros puestos de trabajo". Este es el principal argumento con el que la CNT convocaba esta huelga, ya que consideran que la futura convocatoria pública de plazas "no da garantías" de fijeza a los trabajadores temporales que llevan años con esta condición.
Su delegado en el Consorcio, Pablo Fernández Lois, aseguró a Europa Press que el planteamiento de un concurso-oposición "no garantiza" que estas personas puedan quedar estabilizadas, a pesar de que los empleados temporales serían "los que más opciones tienen".
En este contexto, la CNT plantea que los méritos profesionales puntúen "un 90%" en la convocatoria "para que se estabilice al trabajador, que es el afectado por el abuso (de la temporalidad), no que se estabilice la plaza".
Con este proceso de estabilización, denuncia Fernándz Lois, la sanción que asume la Administración pública por el "abuso de la temporalidad" es "cero", a diferencia de lo que ocurre si los trabajadores acuden a los tribunales, que declaran "la fijeza".
