La Policía Nacional ha detenido a tres personas en A Coruña presuntamente implicados en una red de explotación de mujeres en pisos de citas en Valencia, y que anteriormente había actuado en la provincia coruñesa. A estas tres detenciones en Galicia se suman otras siete -cinco en Valencia y dos en Zaragoza-, con lo que los agentes dan por desarticulada esta organización criminal de origen sudamericano.

Además, dentro de esta actuación, la Policía ha liberado a ocho mujeres, en su mayoría de origen colombiano, que eran captadas en su país de origen a través de redes sociales donde les ofrecían trabajos legales y dignos en España. Sin embargo, según indica la Policía Nacional en nota de prensa, "una vez en nuestro país eran obligadas a prostituirse en los citados pisos, donde una de ellas llegó a ser violada por uno de los clientes sin que ningún miembro de la organización lo impidiera".

En la operación policial se han incautado 21.450 euros en metálico, varios teléfonos móviles y videocámaras de vigilancia.

La investigación policial se inició gracias a una denuncia que alertaba de la
posible existencia de un grupo criminal conformado por ciudadanos sudamericanos dedicados, presuntamente, a la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual, tráfico de drogas y prostitución. Las indagaciones realizadas por los agentes constataron la existencia de esa organización, asentada en la provincia de Valencia pero que anteriormente había operado en las provincias de A Coruña y Zaragoza.

Control por videovigilancia

Según recoge la Policía Nacional, los pisos donde el entramado criminal prostituía a sus víctimas contaban con sistemas de videovigilancia que permitían controlar todos sus movimientos. "Las mujeres eran obligadas a anotar en cuadernos los servicios que realizaban, incluido el método de pago, que podía ser en metálico, a través de plataformas de pagos móviles o mediante tarjeta de crédito", indican.

Esa relación de servicios y el dinero en metálico recaudado debían introducirlo en sobres con sus nombres y depositarlos en buzones que el entramado había instalado en cada uno de los pisos. De manera periódica, los explotadores recogían los sobres apropiándose del 40 por ciento de cada servicio y entregando el resto a las mujeres, de tal modo que ellas no llegaban a disponer libremente del dinero que generaban.

Además, según informa la Policía Nacional, "la organización criminal incrementaba sus beneficios con la venta de sustancias estupefacientes y potenciadores sexuales a los clientes". Sustancias que "eran
almacenadas en una motocicleta estacionada de manera permanente en el
garaje de uno de los pisos controlados por la organización"