La Xunta demanda ampliar el plazo para implantar el contenedor marrón en ayuntamientos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) –

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que le pide "reconsiderar" la decisión y "ampliar el plazo" para la implantación del contenedor marrón para la recogida de biorresiduos para ayuntamientos mayores de 5.000 habitantes.

El plazo al que obliga el Ejecutivo central finalizaría el 30 de junio y la Xunta, como ya ha remarcado la conselleira, lo ve "totalmente inasumible" para la mayor parte de municipios afectados en la Comunidad.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press y que tiene fecha de 2 de junio, el Ejecutivo autonómico remarca que lleva "meses" apoyando a las entidades locales en el proceso de implantación de la recogida separada de los residuos de materia orgánica con el objetivo de que puedan adaptarse "lo más rápido posible" a las directivas europeas y a los plazos fijados en esta materia.

Por esta razón, aseguran que "sorprende" el hecho de que en el artículo 25 de la recientemente aprobada Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se obligue a los municipios de más de 5.000 habitantes a instaurar la recogida separada de biorresiduos de origen doméstico antes del 30 de junio.

No en vano, la Xunta remarca que esto supone "adelantar en año y medio el plazo establecido por Europa", que da de margen a todos los municipios hasta diciembre de 2023.

"Un periodo de tiempo mucho más amplio y objetivo que también se recoge en la ley gallega de residuos y suelos contaminados, que fue aprobada por el Parlamento de Galicia en febrero de 2021 y que sigue la senda marcada por las directrices europeas", agrega.

Riesgo de multas elevadas

La conselleira incide en su carta a la ministra en que la Xunta desconoce las razones de una decisión "unilateral" del Gobierno estatal que ve "a todas luces injusta" con los municipios gallegos, ya que "les concede muy poco tiempo de adaptación".

Mientras, subraya que entidades locales de toda la Unión Europea tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023 para introducir la recogida de la fracción orgánica.

"La fecha de 30 de junio de 2022 para implantar el quinto contenedor es un plazo totalmente inasumible para la mayoría de municipios de más de 5.000 habitantes", insiste.

Y, además, añade, "los expone a elevadas sanciones de hasta 100.000 euros", ya que la norma estatal fija como infracción grave o incumplimiento de esta obligación.

Por eso, y "recogiendo el sentir" de las entidades locales gallegas, insta al Gobierno central a que reconsidere su postura y amplíe este plazo, dando un mayor periodo de tiempo a las administraciones locales para realizar esta transición, "un complejo proceso que requiere tiempo, planificación y recursos que permitan reestructurar todo el servicio de recogida de residuos".