SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado el impulso de una ley de ordenación del litoral con la que el Gobierno gallego pretende sortear la negativa a transferir el dominio público marítimo-terrestre a la Comunidad gallega. El Ejecutivo gallego sostiene que el Estatuto ya le otorga la capacidad de gestión, para lo cual se apoya en un dictamen del Consello Consultivo solicitado ad hoc ante esta problemática en la que el Gobierno de Pedro Sánchez llama a Galicia a modificar marco estatutario para incluirlo expresamente.

En la comparecencia ante la prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, Alfonso Rueda ha informado de la decisión del Ejecutivo de "dar este paso adelante" con el que, asegura, no pretende que se abra una "conflictividad" judicial con el Gobierno central, que en todo caso no podría suspender la ley hasta que la apruebe el Parlamento de Galicia.

Ahora se abrirá un periodo de un mes (desde este 16 de septiembre) para consulta pública, como es preceptivo, en el cual el texto puede recibir aportaciones de todos los ciudadanos. Posteriormente, el borrador se debe someter a aprobación del Consello (aprobación del anteproyecto de ley), el cual se convierte en proyecto legislativo una vez comience su tramitación parlamentaria. Solo cuando esté aprobado el texto podrá ser recurrido ante el Constitucional, pero previamente se pueden abrir otros canales y, como mencionado Rueda, la Xunta tiene "la mano tendida" para llevar a cabo este traspaso de competencias de forma bilateral.

La legislación que propone el Gobierno autonómico, que pretende dar solución a "proyectos estratégicos" con inseguridad jurídica, tendrá una perspectiva "económica, ambiental y social" y servirá para "concretar la franja costera" sobre la que Galicia "tiene competencia", "establecer usos que puede albergar, identificar actividades estratégicas y ordenar el desarrollo", junto con "establecer criterios para nuevas concesiones en el litoral" y "simplificar trámites administrativos" para permisos de actividad en el litoral.

En su intervención, el mandatario autonómico ha lamentado que el Gobierno central no le haya dado respuesta al informe del Consello Consultivo presentado y que avala, según insistió el propio mandatario gallego, la competencia de gestión del litoral para Galicia de forma implícita.

Cambio climático

Rueda ha afirmado que "no discuten los objetivos del cambio climático", pero sí las decisiones del Gobierno central, por ello, el Gobierno gallego buscará aprobar una normativa con el "convencimiento de los sólidos argumentos".

"Damos un paso adelante al abrigo de las competencias que tenemos", ha remarcado Rueda en la declaración ante los medios, en la que se detalló que la ley regulará un procedimiento integrado para el ejercicio de actividades en la franja litoral que permita obtener en un único trámite los diferentes permisos o autorizaciones que sean necesarias.

De esta manera, comienza la tramitación de esta ley que la Xunta aguarda que sea un "texto útil" y "garantía de que sea duradera", con la afirmación de que "no se busca la conflictividad jurídica", sino la "máxima seguridad jurídica". "No es admisible que se nos diga que no tenemos ningún derecho a tener ninguna opinión para mejorar el litoral", ha manifestado el mandatario autonómico, quien espera "el mismo respeto" que hacia otras comunidades autónomas.

El presidente de la Xunta ha remarcado que el Gobierno gallego "tiene el deber de adoptar el acuerdo que acaba de adoptar". Ahora se abre un procedimiento "complejo", tras verse "obligados a reaccionar" ante la negativa del Estado, al que, insiste, tiende la mano para e"en cualquier momento" establecer una vía de "diálogo".

"Lo que queremos es seguridad jurídica", ha sentenciado Rueda, sobre una normativa que también regulará los posibles cambios de uso en la zona de servidumbre de protección, con el fin de recuperar edificaciones costeras tradicionales de gran valor para Galicia, como elementos claves de la historia y de la fisionomía de su litoral.

Al margen de la apertura del periodo de consulta pública, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda abrirá una ronda de contactos con todos los sectores afectados por la regulación costera para tratar de buscar el "máximo consenso" alrededor de la futura normativa.

La Xunta recuerda también que esta ley se enmarca en la demanda trasladada en reiteradas ocasiones para que Galicia asuma las competencias plenas y efectivas sobre la gestión del dominio público marítimo-terrestre. Las conselleiras de Medio Ambiente y de Mar, además, abrieron este verano un frente común con los ayuntamientos del litoral, representantes de la cadena mar-industria y otras entidades vinculadas a la costa para reclamar el traspaso de las competencias aún pendientes.