Entidades de discapacidad en Galicia anuncian movilizaciones para reclamar más fondos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) –

Fademga Plena Inclusión, que agrupa entidades gallegas que trabajan en el ámbito de la discapacidad intelectual y del desarrollo, ha anunciado su intención de emprender movilizaciones para exigir a la Xunta la activación del concierto social, que les permitiría obtener fondos para financiar las plazas de asistencia que gestionan y que, apuntan, "son plazas públicas".

En un comunicado, la entidad ha denunciado el "grave incumplimiento del plazo máximo" para la ejecución del concierto social, ya que el decreto de diciembre de 2020 daba "un plazo máximo de 18 meses para poner en marcha" este mecanismo, algo que "venció en julio de 2022".

Fademga ha agradecido las gestiones realizadas por la conselleira de Política Social, Fabiola García, así como de Francisco Conde como "encargado de su despacho" en esta línea, así como "su agilización en el tema". Sin embargo, apuntan, "el retraso en la puesta en marcha supone un perjuicio de vital importancia para la financiación y la viabilidad de las entidades".

Por ello, el pasado 7 de octubre enviaron un escrito a la Consellería de Política Social para informarle de que, "ante la inoperancia y la falta de respuesta sobre la aplicación del concierto social y del incremento salarial derivado de la aplicación del convenio para este año", las entidades del sector "tomarían medidas".

Sin embargo, apuntan, ahora "esta realidad se agrava al tener conocimiento de que la Consellería de Facenda no ha previsto la inclusión de una partida específica y concreta en los presupuestos de la comunidad autónoma para el desarrollo y el impulso del concierto social en el 2023, tal y como comprometió en su día Fabiola García".

Fademga ha denunciado "la situación crítica" de las entidades, que "llevan años asumiendo incrementos de costes que deberían corresponderle a la Administración". "A esta situación debemos de sumar el elevado sobreesfuerzo económico que asumen por motivo de los costes derivados de la crisis sanitaria y ahora de la crisis energética, una situación que, unida ahora a la paralización del concierto social, está generando un clima tenso en el sector, que de no tener pronta solución puede acabar ocasionando la pérdida de muchos trabajos y poner en riesgo la supervivencia de muchas entidades", recogen.