Parón en los tribunales gallegos: ¿Qué reivindican los letrados de justicia con su huelga?

Los letrados de justicia gallegos y de toda España están en huelga indefinida desde hace casi un mes, y esta situación agónica que está paralizando los tribunales comenzó el 25 de enero con una movilización en Madrid hasta el Congreso. Antes de dar este paso, estos profesionales habían llevado a cabo parones periódicamente, pero este 2023 están reivindicando que el Ministerio de Justicia cumpla con los compromisos realizados y han dejado claro que no van a esperar más.

Este jueves, 16 de febrero, el Ministerio de Justicia ha convocado una reunión este jueves con el comité de huelga de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que podría tener un final positivo con la llegada de un acuerdo que se traduciría en el final de la huelga. En el caso contrario, los letrados de justicia gallegos ya han avanzado que tienen previsto realizar concentraciones cuatro meses más, hasta el 27 de junio, todos los miércoles a las 11:00 horas frente a la Delegación del Gobierno en A Coruña.

¿Por qué protestan los letrados de justicia? Esta es la pregunta más repetida entre aquellos que no pertenecen al ámbito judicial, que en una gran mayoría desconocen las reivindicaciones, pero lo que sí notan es la paralización del sistema judicial, dado que en estas semanas se han cancelado miles de juicios y vistas, además de vistas en toda España, junto a otras miles de demandas que no llegan a los juzgados correspondientes y el bloqueo de millones de euros de las cuentas de consignaciones.

En concreto, avisan de que si continúa la huelga seguirán paralizados los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.

El trabajo de los 4.300 Letrados (funcionarios de grupo A1) dependientes de Justicia lo califican de "imprescindible", por lo que consideran que su ausencia prolongada provocaría "enormes perjuicios" en juzgados y tribunales que se traducirán, probablemente, en nuevas dilaciones de los asuntos en trámite.

Estas son las principales reivindicaciones de los letrados judiciales:

Condiciones laborales y salariales

Las quejas principales se deben a un conflicto laboral, dado que alegan que las sucesivas reformas legales (2009 y 2015) les dotaron de más competencias y responsabilidades que no se ven reflejadas en sus condiciones laborales.

Su salario, denuncian que no corresponde con las nuevas funciones asumidas en las últimas reformas procesales y organizativas (Ley de Presupuesto Generales del Estado del 2020). Unas condiciones salariales fueron pactadas a finales de 2021 por los sindicatos de Cuerpos Generales de funcionarios de la Administración de Justicia (gestores, tramitadores, auxilios judiciales y médicos forenses) con la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

Este conflicto laboral deriva del año 2009, en el que hubo una profunda reforma de la justicia a raíz de la cual se atribuyeron una serie de competencias pensadas para descargar de trabajo a los jueces y magistrados y que tuvieran al posibilidad de gestionar mejor las resoluciones que dictan en beneficio de los ciudadanos. Para ello, concretó que a los letrados se les fueron reconociendo una serie de competencia adicionales desde ese año hasta 2015.

En cuanto al salario, admiten que el sueldo de base no es malo, sino que el problema es el resto de condiciones que tienen: pago de guardias, de sustituciones, de la productividad, falta de categorías...

Incumplimiento de los compromisos de abril de 2022

Otro de los motivos de la movilización es, según los convocantes, que los compromisos pactados en abril de 2022 con el Ministerio de Justicia y plasmados por escrito no se han cumplido, y sí los de otros Cuerpos de la Administración de Justicia.

Sin reconocimiento de categoría profesional

Los afectados consideran que no se les trata de la misma forma que se hace con el resto del cuerpo de funcionarios, no solo desde la administración de Justicia sino desde la administración general. Reclaman que son funcionarios superiores, titulados en Derecho del grupo A, y que, sin embargo, sus condiciones laborales son ínfimas, y no se les reconoce una categoría profesional a la hora de ingresar en el cuerpo.

Además, denuncian que en Galicia las licencias por maternidad sufren reducciones cuando se empiezan a disfrutar, que no existe régimen de sustitución o se asumen competencias de distintas oficinas judiciales a coste 0.

Enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa

Las tres asociaciones  (La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ) reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".

María Jesús Ferreiro, abogada: "No se mueve nada, salvo los asuntos urgentes"

Foto: Cedida

La abogada coruñesa María Jesús Ferreiro es una autónoma que lleva ejerciendo 30 años y forma parte de uno de los sectores más afectados por la huelga de letrados de justicia, aunque más que ella, sus clientes son los que más sufren y sufrirán si esta situación se prolonga. Su intensa rutina diaria se ha relajado obligatoriamente, dado que apenas tiene señalamientos de vistas o declaraciones, aunque sí continúa realizando las labores correspondientes a asuntos que se enmarcan como servicios esenciales (servicios de guardia, medidas cautelares o provisionales, juicios orales del orden penal o cualquier acto o comparecencia en causas con preso, las actuaciones relativas a violencia de género, atención a las actuaciones procesales señaladas en las que deba intervenir un menor o una persona con la capacidad modificada judicialmente).

"Los asuntos que tenía pendientes y que se han suspendido, si ya iban con retraso se retrasarán todavía más y de manera indefinida. Hasta que acabe la huelga entiendo que no se nos va a señalar nueva fecha en relación a los asuntos suspendidos", explica, mientras lamenta la situación de incertidumbre que vive a diario, dado que hasta la misma jornada desconoce si un juicio va a celebrarse o no. "Eso implica preparar igualmente el asunto y que los clientes se trasladen", detalla, mientras rememora que el 25 de enero, día de inicio de la huelga, tenía señalado un juicio.

"Ese mismo día llamé a primera hora al juzgado y me dijeron que la letrada estaba de huelga, pero no me confirmaron si el juicio se celebraría o no, entiendo que estos inconvenientes son un modo de hacer más visibles sus reivindicaciones", afirma, mientras apunta que el caso era especialmente llamativo porque la clienta era una señora en silla de ruedas con dificultades para moverse. Un juicio y varias declaraciones que tenía programadas en estas semanas desde que comenzó la huelga se han suspendido en su gran mayoría y argumenta que "se da la circunstancia de que en unas medidas provisionales que tenía pendiente de señalar sabe por las gestiones que ha realizado la procuradora en el juzgado, que la fecha para la que está prevista su celebración es mayo (salvo que esta huelga se prolongue mucho en el tiempo), pero a día de hoy no les ha sido notificado por lexnet.

"En A Coruña seguimos presentando los escritos vía lexnet a través de los procuradores y de lo que tengo constancia es que dichos escritos no llegan a los juzgados a los que van destinados, o al menos eso nos dicen. Si esa información es cierta, supongo que será porque no se remiten del Servicio de notificaciones al Juzgado al que va destinado y desconozco el motivo. Desde que ha comenzado la huelga casi no recibo ninguna notificación salvo que se trate de temas que se incluyen dentro de los  servicios esenciales", asegura. Este colapso lo equipara a la situación que derivó de la huelga de funcionarios durante cuatro meses en 2018 si perdurase en el tiempo. "Los servicios declarados esenciales  prácticamente  son los mismos en ambas huelgas y lo que va a pasar es que no se va a mover nada salvo que se traten de temas reconocidos como servicios mínimos/esenciales", detalla.

Sobre la huelga indefinida de letrados, admite que no sabe si es la forma más idónea de trasladar sus reivindicaciones y que "igual se podría  haberse hecho de otra manera", pero muestra su total apoyo a que los trabajadores defiendan sus derechos. "Esto no va a ser nada positivo para la marcha de la justicia", lamenta. A nivel personal, concreta que si no tiene el juicio no le puede cobrar a sus clientes, aunque apunta que algunos compañeros de profesión piden provisión de fondos.

"Si no tengo el juicio, no le puedo cobrar al cliente. Yo no trabajo con provisión de fondos, sino que los honorarios pactados los distribuyo entre las distintas fases del proceso, así al cliente se le hace más llevadero su abono. Si la fase que se iba a celebrar (sea audiencia previa, vista…) no llega, yo no cobro. Espero que todos sean un poco sensatos y esto no se prolongue a junio, como dicen algunos. Quiero pensar que Administración y Letrados de la Administración de Justicia habrán aprendido de lo ocurrido en el 2018 y serán capaces de llegar a un acuerdo", concluye con optimismo.

Concepción Pérez, procuradora: "Ha sido un mes en blanco para mí"

Foto: Quincemil

La procuradora coruñesa Concepción Pérez lleva 26 años ejerciendo en A Coruña y este mes de huelga admite que "ha sido en blanco" en cuanto a los ingresos, ya que es autónoma y al estar la justicia paralizada apenas puede trabajar, ni presentar notificaciones ni hacer minutas. Sobre la huelga de letrados, la apoya "porque es un derecho legítimo de las personas poder hacer reivindicaciones", pero considera que no es el momento oportuno ni la manera más idónea. "El bloqueo está siendo insostenible ya para todo el mundo y como siempre los más perjudicados van a ser los ciudadanos", lamenta.

"Los abogados y procuradores somos efecto colateral, pero los ciudadanos van a ver sus expectativas dilatarse mucho en el tiempo porque se están suspendiendo los señalamientos y vistas. De esta manera, juicios que se iban a celebrar ya, no lo harán hasta 2024 o más adelante", apunta.

A la hora de atender a sus clientes, la procuradora reconoce que tanto ella como sus compañeros de profesión "ya no saben muy bien qué decirles". "Cada día tenemos que ir al juzgado para saber si hay juicios o no, y eso origina trastornos enormes a profesionales de la justicia que vienen expresamente desde fuera de la comunidad, porque llegan y tienen que dar la vuelta", dice, a la vez que concreta que al juzgado presencialmente llevan semanas sin poder acudir como antes, solamente de manera puntual cuando tienen vistas señaladas.

"Me gustaría que este conflicto se arreglase lo antes posible, pero no veo muchas posibilidades dada la tardanza del Ministerio de Justicia en citar a los letrados para una reunión", traslada sobre el encuentro programado este jueves entre el Ministerio de Justicia y los representantes de los letrados. "Confío pero en principio no veo muy fácil la resolución", concluye.