La huelga indefinida de letrados de justicia encara la quinta semana y tras una primera reunión de 15 horas infructuosa entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga de los letrados de justicia, este viernes, 24 de febrero, se producirá un nuevo encuentro entre ambas partes para tratar de llegar a un entendimiento y terminar con este conflicto que tiene paralizados los tribunales de toda España y suspendido miles de juicios y vistas.

Las tres asociaciones convocantes (La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ) tienen como meta buscar mejoras salariales que compensen el aumento de la carga de trabajo. "Hemos convocado al comité de huelga para el próximo viernes, día 24, para seguir acercando posturas. Tenemos que bajar el tono y hacer un ejercicio de prudencia, un ejercicio de respeto a la otra parte de la negociación", ha dicho este martes el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Esta es la segunda reunión que mantendrán el Ministerio y los LAJ después de casi un mes de huelga indefinida por parte de los letrados que, según los cálculos de las asociaciones convocantes, ha supuesto la suspensión de 152.000 vistas y el bloqueo de 560 millones de euros a nivel nacional. Tras la primera reunión de la semana pasada, el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, aseguró que los letrados lejos de sentarse con una actitud abierta elevaron "sus exigencias respecto a las iniciales y sin proponer alternativas".

Sin embargo, el portavoz del comité de huelga, Juan José Yáñez, a la salida de la reunión dijo a los medios que a pesar de que la ministra, Pilar Llop, habló de que quería abrir un diálogo honesto, en las horas que han pasado sentados frente a frente "ni hubo diálogo, ni hubo honestidad".

Origen del conflicto

La huelga indefinida llega a su jornada número 21 a raíz del conflicto que tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

El secretario de Estado de Justicia ha dicho en reiteradas ocasiones que se trata de una huelga "política" que está fuera de lugar. Tras la primera reunión con el comité de huelga, recordó que no son trabajadores "que quieren llegar a fin de mes" sino que son "personas privilegiadas" que cobran entre 40.000 y 60.000 euros. También recordó que tuvieron este año un incremento del salario del 14%.

Las quejas principales se deben a un conflicto laboral, dado que alegan que las sucesivas reformas legales (2009 y 2015) les dotaron de más competencias y responsabilidades que no se ven reflejadas en sus condiciones laborales. Su salario, denuncian que no corresponde con las nuevas funciones asumidas en las últimas reformas procesales y organizativas (Ley de Presupuesto Generales del Estado del 2020). Unas condiciones salariales fueron pactadas a finales de 2021 por los sindicatos de Cuerpos Generales de funcionarios de la Administración de Justicia (gestores, tramitadores, auxilios judiciales y médicos forenses) con la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

Este conflicto laboral deriva del año 2009, en el que hubo una profunda reforma de la justicia a raíz de la cual se atribuyeron una serie de competencias pensadas para descargar de trabajo a los jueces y magistrados y que tuvieran al posibilidad de gestionar mejor las resoluciones que dictan en beneficio de los ciudadanos. Para ello, concretó que a los letrados se les fueron reconociendo una serie de competencia adicionales desde ese año hasta 2015.

En cuanto al salario, admiten que el sueldo de base no es malo, sino que el problema es el resto de condiciones que tienen: pago de guardias, de sustituciones, de la productividad, falta de categorías...

Incumplimiento de los compromisos de abril de 2022

Otro de los motivos de la movilización es, según los convocantes, que los compromisos pactados en abril de 2022 con el Ministerio de Justicia y plasmados por escrito no se han cumplido, y sí los de otros Cuerpos de la Administración de Justicia.

Sin reconocimiento de categoría profesional

Los afectados consideran que no se les trata de la misma forma que se hace con el resto del cuerpo de funcionarios, no solo desde la administración de Justicia sino desde la administración general. Reclaman que son funcionarios superiores, titulados en Derecho del grupo A, y que, sin embargo, sus condiciones laborales son ínfimas, y no se les reconoce una categoría profesional a la hora de ingresar en el cuerpo.

Además, denuncian que en Galicia las licencias por maternidad sufren reducciones cuando se empiezan a disfrutar, que no existe régimen de sustitución o se asumen competencias de distintas oficinas judiciales a coste 0.

Diego Calvo defiende que escucha "todas las propuestas" para crear órganos judiciales

El vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha recordado este martes que la creación de nuevos órganos judiciales en Galicia se establece en comisión mixta entre la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y ha asegurado que tienen en cuenta "todas las propuestas"

Así ha respondido a preguntas de los medios, tras reunirse este martes con la Fegamp, después de que la fiscal delegada de violencia de género, Raquel Álvarez, haya afirmado, en una entrevista el domingo en la Cadena SER, que "son necesarios juzgados de violencia de género exclusivos y excluyentes", de forma que es "esencial que la capital gallega cuente con un juzgado exclusivo". Ante esto, Diego Calvo ha dicho desconocer la intención de la Fiscalía, pero ha recordado que "es evidente" que la creación de nuevos órganos judiciales en Galicia se establece en una comisión mixta entre el TSXG y la Xunta.

De este modo, ha detallado, "se hace un estudio de cómo está la situación de cada uno de los juzgados de toda Galicia" y con los números establecidos por el propio Poder Judicial "en los que considera que es necesaria la creación de un nuevo organismo" en esa comisión mixta "siempre se estableció por acuerdo entre Xunta y TSXG". "Estoy seguro de que en la próxima reunión de la comisión mixta van a tenerse en cuenta todas las propuestas que puedan surgir de cualquier ámbito judicial, sea de una Fiscalía, un juez o un sindicato. Todas esas reclamaciones se ponen encima de la mesa, pero hay unos criterios que seguimos y siempre hubo un acuerdo", ha reiterado.

En esta línea, ha anticipado que en la próxima reunión se va a repetir ese acuerdo y, a partir de ahí, ha añadido, "hay que intentar que el Gobierno nos conceda el máximo número de unidades". En este sentido, ha reivindicado que Galicia es "una de las pocas comunidades" que "cuando el Gobierno concede nuevas unidades judiciales entran en vigor el 2 de enero". "Como ocurrió este año con tres juzgados en Galicia, ha reafirmado.

"Nosotros los recursos que tenemos los dedicamos y creemos que es importante poner en marcha nuevas unidades judiciales y el año que viene estoy seguro que las unidades que apruebe el Ministerio de Justicia vamos a ponerlas en funcionamiento el 2 de enero de 2024″, ha concluido.