Los letrados de la Administración de Justicia de Galicia continúan en huelga y aseguran que las negociaciones con el Ministerio de Justicia "están rotas". Este miércoles se han concentrado de nuevo frente a la Delegación de Gobierno en A Coruña tal y como vienen haciendo desde el pasado 24 de enero, donde han sugerido que la ministra Pilar LLop "debería poner a disposición su cargo" si no puede cumplir con sus compromisos.

"Estamos vapuleados", ha asegurado esta mañana Fernando Santiso, letrado de la Administración de Justicia en el Juzgado de lo mercantil n°3 de A Coruña, quien ha lamentado frente a la Delegación de A Coruña que las conversaciones con el Ministerio estén "rotas".

"En esta estrategia de trileros del Ministerio de Justicia no hay una voluntad clara de negociación, el viernes y el lunes se dijo que las conversaciones caminaban de forma correcta y de repente se han vuelto a romper", ha relatado.

Este martes tenía lugar la cuarta reunión entre el Ministerio de Justicia y los letrados para intentar llegar a un acuerdo sin éxito, y por el momento no hay fecha para una nueva reunión. Después de este encuentro el Ministerio emitió un comunicado en el que acusaba a los letrados de pedir un incremento salarial "inasumible", de unos 1.100 euros al mes para cada funcionario.

A este respecto, Santiso ha señalado que esa cantidad está "manipulada", y que con esa declaración del Ministerio queda patente la necesidad de su demanda: "Si nuestro salario requiere de 1100 euros al mes para llegar al 85% del salario de los jueces, cuando tenemos la misma categoría profesional, queda de manifiesto que sí es necesaria una adecuación salarial".

"Estamos cansados, llevamos 14 años haciendo una reclamación, llegamos a un acuerdo, y la huelga comenzó después de que el Ministerio incumpliera esos acuerdos, que están publicados en su web", ha proseguido Santiso, quien ha sugerido además que si el Ministerio no puede cumplir con sus compromisos, la ministra "debería poner su cargo a disposición".

Detonante del conflicto

El conflicto, que está ocasionando retrasos en la resolución de numerosos procedimientos, tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021", recoge Europa Press.

En estas seis semanas, las asociaciones convocantes -la Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio de LAJ- han registrado una participación de entre el 85% y el 73%, mientras que el Ministerio ha observado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.