Reunión de letrados judiciales gallegos y Justicia este miércoles para alcanzar un acuerdo

ACTUALIZACIÓN: La reunión mantenida este miércoles 22 de marzo entre los letrados de la administración de Justicia y el Ministerio termina sin acuerdo a la espera de continuar con las negociaciones este jueves.

La novena semana de huelga indefinida de los letrados gallegos y de toda España, estará protagonizada este miércoles, 22 de marzo, por la reunión que tendrá lugar entre estos profesionales y el Ministerio de Justicia tras semanas de bloqueo derivadas de la última reunión presencial entre las partes. La semana pasada, el Ministerio dirigido por Pilar Llop se puso en contacto con el Comité de Huelga emplazándoles a negociar en el Ministerio de Hacienda. Por este motivo, en A Coruña se ha decidido suspender la concentración del miércoles 22 de marzo, que como todos los miércoles celebran los LAJs ante la Delegación del Gobierno en Galicia.

La reunión estuvo encabezada por la Secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, y el Secretario General de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, y otros cargos de Hacienda, Función Pública y Justicia. Tras este encuentro, los afectos han comunicado que se decidió "continuar o más bien comenzar la negociación el miércoles 22 de marzo".

Como "prueba de buena fe negocial", el Comité de Huelga comunicó al Gobierno que desconvocaba la concentración ante Ferraz. "El miércoles, el comité comparecerá con la mejor de las intenciones, al objeto de alcanzar un acuerdo que finalice un conflicto que aunque lleva dos meses de huelga indefinida se remonta a 14 años atrás", explican, a la vez que apuntan a que "se pueda alcanzar un acuerdo que satisfaga a todos y que no pretenda derrotar ni a la administración ni a los huelguistas". "Solicitamos a todos los letrados de la administración de justicia que continúen con el apoyo masivo a la huelga", dicen los manifestantes en un comunicado.

En este contexto, en un nuevo comunicado del Comité de Huelga se argumenta: "Queremos transmitir a todo el colectivo que se ha dado el primer paso para reconocer la autonomía negociadora propia del cuerpo de letrados de la administración de justicia. En la circunscripción de La Rioja el árbitro ha estimado la reclamación de UPSJ y ha excluido a los LAJs del censo de las elecciones sindicales". Una denuncia sobre lo que consideran "una prueba más de que ni las juntas de personal ni los sindicatos generalistas representan los intereses del colectivo de letrados de justicia que suelen ser contradictorios con los del personal de la oficina judicial que los mismos representan".

Asimismo, de llegarse a un acuerdo este miércoles, se desbloquearía una situación de parálisis de los tribunales gallegos y de toda España desde hace semanas, con retrasos en causas judiciales y otros asuntos que podrían extenderse años, según han alertado profesionales del ámbito judicial.

La huelga obliga a suspender un juicio contra un acusado de defraudar para obtener ayudas rurales

La huelga de letrados de la administración de justicia ha obligado a suspender el juicio contra un hombre acusado de gestionar de forma fraudulenta un entramado de empresas para obtener subvenciones del ámbito rural. El arranque de la vista oral en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña estaba fijado para este miércoles con la previsión de prolongarse hasta el viernes, 24 de marzo.

Sin embargo, según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la huelga de LAJ que cumple su novena semana ha motivado el aplazamiento de este juicio, en el que el responsable de un entramado dedicado supuestamente a obtener subvenciones estatales y autonómicas para el sector rural a través de asociaciones que acumularon una deuda con Hacienda de 750.000 euros se enfrenta a más de 5 años de cárcel.

Fiscalía acusa al responsable del entramado de un delito de fraude a la seguridad social y otro de defraudación. En total, solicita una pena de más de 5 años de prisión y el abono de una multa de 2,2 millones de euros, así como una inhabilitación por siete años para obtener subvenciones y ayudas públicas. Según recoge el escrito de acusación del Ministerio Público, entre los años 2012 y 2015 el acusado usó "el entramado" de seis empresas en el que participaba y que tenía como "principal objetivo" obtener subvenciones y ayudas estatales o autonómicas "para el ámbito rural gallego".

Fiscalía sostiene que el procesado "trasvasó" la actividad de una a otra de las seis asociaciones para "evitar hacer frente frente al pago" de las cuantías que las empresas acumulaban para, así, poder cumplir con el requisito de estar al día en los pagos a la seguridad social para optar a las subvenciones. Durante los años en los que realizó estas supuestas operaciones fraudulentas, generó una deuda con la seguridad social de casi 750.000 euros, acumulados entre las seis asociaciones que el único acusado gestionaba y dirigía.