Huelga de justicia en Galicia: División de las partes y frustrada la reunión con el Ministerio

La división entre las asociaciones de jueces y fiscales ha frustrado la negociación con el Ministerio de Justicia este jueves y, salvo que se produzcan avances, esto llevaría al gremio a la huelga indefinida convocada a partir del 16 de mayo por cinco de las siete asociaciones (entre ellas (Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF)).

"No hay mejora de oferta económica, pueden venir mejoras por otros conceptos. Aún estamos negociando, no se han roto las negociaciones, y está sobre la mesa, aunque no está decidido, retrasar la fecha de inicio de la huelga indefinida", han trasladado fuentes del Foro Judicial Independiente (FJI), sobre lo que han matizado que "se destinarán un par de días para dar tiempo a negociar". Estas declaraciones se producen tras varias hora de reunión en el marco de la Mesa de Retribuciones, en la que han estado presentes representantes del Ministerio de Justicia de Pilar Llop y de las asociaciones de jueces y fiscales.

No ha habido consenso para aceptar la segunda oferta del Ministerio, que se elevó de 44 a 46 millones (lo que supondría 490 euros mensuales) y según ha confirmado Europa Press, solo las dos asociaciones progresistas (JJpD y UPF) estarían dispuestas a firmar este acuerdo. Antes de que empezara la reunión, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juan José Carbonero, aseguró que la oferta del Ministerio seguía "siendo inaceptable" aunque mejorase en dos millones la propuesta inicial.

El objetivo de las reuniones era una actualización salarial satisfactoria para jueves y fiscales que evitase esta huelga, que de producirse dañaría aún más al sector de la justicia debido a la reciente huelga llevada a cabo por los letrados judiciales de la comunidad y a nivel nacional que se extendió 10 semanas y paralizó los tribunales, provocando así retrasos aún mayores en causas pendientes. Jueces y fiscales denuncian que el problema está en "la estructura retributiva" y detallaron que los 44 millones propuestos inicialmente "sólo solventarían un 6% su pérdida de poder adquisitivo".