Las asociaciones de jueces y fiscales que convocaron una huelga indefinida de la justicia que comenzaría el próximo martes 16 de mayo (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales) han emitido un comunicado este viernes en el que confirman que apuestan por la vía de continuar la negociación con el Ministerio de Justicia de Pilar Llop y aplazar temporalmente el inicio de la huelga.

Según los afectados, "la huelga indefinida es a fin de reclamar las mejoras salariales que nos corresponden tras 20 años de agravios económicos, así como exigir un aumento significativo de plazas de jueces y fiscales por el sistema actual de acceso que palíe la sobrecarga y, consecuentemente, el retraso endémico que padece nuestra Justicia y la afectación a nuestra salud laboral".

En el comunicado, especifican que "dado el estado actual de la negociación con el Ejecutivo en la Mesa de Retribuciones (se han producido dos reuniones esta semana sin consenso entre las partes), hemos entendido necesario no comenzar la huelga día 16, a fin de poder seguir dialogando en aras a conseguir el mejor acuerdo posible que, de forma definitiva, nos permita desconvocar o no dicha huelga".

La adopción de esta postura por parte de las asociaciones llega después de que estos profesionales de justicia hayan rechazado la oferta de 46 millones (inicialmente 44), lo que supondría 490 euros mensuales, del paquete económico para su mejora salarial ofrecido por el Ministerio. La razón de su no ha sido que la consideran "insuficiente". Solo las dos asociaciones progresistas (JJpD y UPF) estarían dispuestas a firmar este acuerdo.

El objetivo de las reuniones era una actualización salarial satisfactoria para jueves y fiscales que evitase la huelga, que de producirse dañaría aún más al sector de la justicia debido a la reciente huelga llevada a cabo por los letrados judiciales de la comunidad y a nivel nacional que se extendió 10 semanas y paralizó los tribunales, provocando así retrasos aún mayores en causas pendientes. Jueces y fiscales denuncian que el problema está en "la estructura retributiva" y detallaron que los 44 millones propuestos inicialmente "sólo solventarían un 6% su pérdida de poder adquisitivo".