La huelga indefinida de justicia se evitará gracias a que este jueves las asociaciones de jueces y fiscales, salvo la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia de Pilar Llop, que consiste en aceptar la oferta de 46,7 millones de euros (una subida de 450 euros mensuales). La firma oficial será el martes a las 13:00 horas.

De esta manera, seis de las siete asociaciones judiciales convocantes están a favor de la propuesta y fuentes de estas asociaciones han explicado que "la Mesa de Retribuciones queda abierta para el futuro". Todo ello tras cinco reuniones, aunque la APM se ha desmarcado del pacto al considerar "insuficiente" la propuesta del Ministerio.

Según declaraciones recogidas por Europa Press del portavoz de la APM, Juan José Carbonero, este sindicato "está en negociación todavía". "A día de hoy lo que hay sobre la mesa a la asociación mayoritaria no le satisface", reconoció, mientras desde su asociación suspendieron "sin fecha" el parón. "Yo no descarto nada", ha dicho para luego incidir en que "hasta que no llegue el martes, al momento de la firma, hay tiempo de acercar posiciones".

"No es el acuerdo deseado"

Desde la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han precisado que, aunque están a favor del pacto, el texto no atiende del todo sus demandas. Cristina Dexeus (AF) ha asegurado que, aunque firmarán, éste "no es" el acuerdo que hubiera "deseado". José Ignacio Martínez (AJFV) ha reconocido que no le satisface "plenamente", pero ha asegurado que "es un avance". Así, ha aplaudido que este sea "el inicio de una serie de trabajos que se van a desarrollar a ‘posteriori’ para la mejora de las carreras judiciales y fiscales".

Fue el pasado martes cuando el Ministerio les ofreció una tercera propuesta (la primera fue de 44 millones y la segunda de 46) que, aunque no mejoraba el importe sí incluía otra serie de puntos que finalmente han convencido a seis de las asociaciones. El acuerdo que se ha alcanzado este jueves incluye una partida de 46,7 millones de euros que se traduciría en un aumento medio individual ponderado de unos 447 euros en 12 pagas. Dicho incremento representaría una aumento medio sobre las retribuciones individuales de hasta el 7%, que se sumaría a la subida del 8% aprobada por el Gobierno para los funcionarios públicos.

Según fuentes cercanas a la negociación, los incrementos negociados en el marco de la Mesa de Retribuciones se abonarían en tres tramos: un 40% con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023; un 40% que se devengará el 1 de enero de 2024; y un 20% que tendrá efectos económicos a 1 de julio de 2024.

Respecto a la carrera fiscal, el Ministerio dirigido por Llop planteó "abordar con la mayor celeridad la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores en las comunidades autónomas uniprovinciales y la inclusión, en los anexos de la Ley 15/2003, de las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área". Asimismo, el Ejecutivo se comprometió a incrementar en 100 plazas la oferta de empleo público 2023 para jueces y fiscales, y "un incremento equivalente en la oferta correspondiente al año 2024", según explicó el Ministerio.

Este jueves, los sindicatos convocantes revelaban que la cifra de juicios que han tenido que ser aplazados o suspendidos durante este primer mes de movilizaciones y paros de los 45.000 funcionarios de Justicia asciende a medio millón. A esta cifra se suman más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas.