La Xunta cumplirá la ley de vivienda porque "no queda más remedio", según el presidente Alfonso Rueda, que ha explicado que todavía no ha decidido si recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional. Así lo aseguró Rueda ayer tras firmar un convenio de colaboración entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y el Consello da Avogacía Galega para elaborar una guía informativa sobre los derechos y deberes de las personas propietarias o usufructuarias de viviendas ocupadas ilegalmente.

El presidente de la Xunta considera que la ley de vivienda "tiene aspectos inconcretos" y ha avanzado que el Gobierno gallego la está estudiando y verá "hasta qué punto llega esa obligación y quién tiene que ejercerla". Rueda ha asegurado que se trata de "solucionar los problemas derivados de todo lo que rodea a la vivienda", a lo que añadió: "Se trata de solucionar problemas, no de crearlos".

Rueda, además, considera que el derecho a la vivienda no se puede "interpretar solo en un sentido como parece hacer la nueva ley de vivienda" y ha asegurado que su Ejecutivo "siempre va a cumplir las leyes". En cualquier caso, el presidente de la Xunta ha argumentado que "otra cosa es si hay aspectos inconcretos". "Veremos hasta qué punto llega esa obligación y quién tiene que ejercerla", añadió, según recoge Europa Press.

Así, Rueda concretó que si finalmente se presenta un recurso este iría dirigido a esos "aspectos" que la Xunta cree "perjudiciales" para que se cambien o anulen. Sobre los plazos para tomar esa decisión, ha contestado que son los "legales para decidir si se recurre o no ante el Constitucional".

El acuerdo con el Consello da Avogacía

La guía que elaborará el Consello da Avogacía Galega estará lista en un mes. Este documento explicará de forma sencilla los trámites administrativos y jurídicos que deben seguir aquellas personas afectadas por la ocupación de un inmueble y su objetivo es dar garantías a los propietarios ante las incertidumbres que genera la nueva Ley de vivienda del Gobierno central, según la Xunta.

En este sentido, Rueda criticó que la nueva norma estatal sobre esta materia deja más desprotegidos a los propietarios frente al problema de la ocupación, sobre todo en un momento en que los datos apuntan a un incremento del número de viviendas ocupadas en Galicia que ascenderían a un millar desde 2015.

El Gobierno gallego y el Consello da Avogacía Galega, además, mantendrán el servicio de asesoramiento telefónico y gratuito en materia de vivienda para los afectados por un desahucio, una ejecución hipotecaria o la ocupación de un inmueble. El servicio, disponible en el número 900121221 de lunes a sábado por la mañana, garantiza dar respuesta a todas las consultas en un plazo de 48 horas.