La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha lamentado que el Gobierno central considere inconstitucional la Lei do Litoral, "pero no la amnistía, el referéndum de independencia o devolver la deuda a Cataluña". En un comunicado emitido a los medios los populares profundizan en el cruce de acusaciones entre Xunta y Gobierno Central ante la solicitud del Ejecutivo alrededor de la Lei do Litoral.

Prado señala que se trata de una competencia reconocida por el Estatuto de Autonomía, avalada por el Consello Consultivo, y desarrollada en la recientemente aprobada Lei do Litoral de Galicia. "Una ley que el Gobierno de Sánchez tuvo la valentía, y el descaro, de recurrir esta semana ante el Tribunal Constitucional", ha apuntado. Entienden que la normativa actual "amenaza" a 4.000 edificaciones costeras. Entre ellas centros de salud, colegios o viviendas particulares, así como 100 empresas de la cadena mar-industria.

Prado ironiza con que "el Gobierno central se niega a traspasar a Galicia la gestión del
DPMT, que sí concedió a otras comunidades como Cataluña, Andalucía, Baleares o Canarias" y acusa al presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, "sigue queriendo gobernar la costa de Galicia, y lo que es peor: con la complicidad del PSdeG y del BNG".

"Desde el PPdeG no entendemos este nuevo ataque: un chiste urdido en el Consejo de Ministros. El Sánchez que considera inconstitucional la ley del litoral de Galicia es el mismo que considera constitucional la amnistía; que cree que el referéndum de independencia también es constitucional; y al que también le parece constitucional darle 450.000 millones a Cataluña y nada al resto", recoge el comunicado de los populares.

En el contexto gallego también ataca al PSdeG por estar "más preocupado por sus guerras internas que por el futuro de la comunidad", y al BNG por preferir "apoyar a un Gobierno que ataca a Galicia que sentarse con uno que la defiende".

Iniciativa en los plenos municipales

Avanzan también que el PPdeG presentará una moción en los ayuntamientos costeros para que los plenos municipales muestren su rechazo ante el recurso de inconstitucionalidad e insten al Gobierno a "reconsiderar su decisión, sentándose a negociar con Galicia una ley que se fundamenta en las legítimas competencias exclusivas que a la comunidad le reconoce el Estatuto".