La Xunta ha ratificado este jueves que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley estatal por el derecho a vivienda. El objetivo del Ejecutivo gallego es "defender las competencias exclusivas" que tiene Galicia en este ámbito y resolver las dudas de aplicación que supuso su entrada en vigor, en mayo de 2023.

El Consello de la Xunta ha autorizado hoy jueves a la Asesoría Xurídica Xeral a interponer el correspondiente recurso, ´según recoge Europa Press. El Gobierno gallego pone fin de este modo al proceso de diálogo que se había impulsado el pasado verano para tratar de dirimir, a través de la negociación, las diferencias con el Gobierno alrededor del contenido y de los objetivos del nuevo texto.

Fracasada la vía del diálogo y cerrada sin resultados la comisión bilateral solicitada por el Gobierno gallego, la Xunta fundamenta su decisión en que la ley, además de ser "confusa" en su redacción, "técnicamente defectuosa" y "poco clara" en la atribución "de ciertas obligaciones y actuaciones", no "respeta" las atribuciones exclusivas en materia de vivienda que reconocen a la autonomía la Constitución y el Estatuto.

La Xunta mantiene discrepancias en relación a 17 artículos y disposiciones. Algunos de ellos hacen referencia a las modificaciones introducidas en relación con el fenómeno de la "ocupación" para "aumentar la protección de las personas que usurpen ilegalmente una vivienda", según el Gobierno gallego.

El recurso que, según el Ejecutivo gallego, cuenta con el informe preceptivo del Consello Consultivo, y se formalizará de inmediato, se sumará a los ya presentados por Madrid, Andalucía, Baleares y Cataluña, admitidos a trámite por el órgano judicial a finales del mes de septiembre.

Valoración de FEGEIN

"Respaldamos y defendemos el anunciado recurso de inconstitucionalidad de la Ley de vivienda Estatal", ha trasmitido la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (FEGEIN) en un comunicado.

Benito Iglesias presidente de FEGEIN, detalla que "se tendrá que dialogar y consensuar con Galicia el desarrollo de las políticas incluidas en la Ley de Vivienda". Una norma, a su juicio "fallida" que "necesita modificaciones de calado", y que "el nuevo Ministerio de Vivienda tendrá que articular con el INE y las CCAA para el índice de precios de referencia ,el cual permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, entre otras cuestiones", valora.

Desde su perspectiva, "la demagogia legisladora ha destrozado la primera Ley de Vivienda de nuestra democracia. Lo cual ha agravado, aún más, el gran problema que tenemos en Galicia con una oferta de vivienda en alquiler en mínimos, y una demanda en máximo".

En ese sentido, critica que en el texto "no está contemplada ni sola una medida para aumentar la oferta de vivienda en arrendamiento" y "penaliza al propietario de vivienda", que es "letal para los inquilinos vulnerables y los más jóvenes". Además, considera que "ahuyenta la inversión en alquiler tanto de personas físicas como jurídicas" y tampoco ha "aliviado los precios".