La decisión sobre la ley gallega de litoral se demora por su "complejidad jurídica y técnica"

El Pleno del Tribunal Constitucional ha abordado esta semana por segunda vez el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra diversos preceptos de la ley gallega de litoral, suspendida parcialmente. Sin embargo, su decisión vuelve a aplazarse "debido a su complejidad jurídica y técnica".

Después de que el TC haya estudiado este recurso, ha decidido continuar deliberando en el próximo Pleno del Constitucional, según ha transmitido Europa Press. El Constitucional justifica así su aplazamiento por la "trascendencia" que tendrá su resolución sobre la Ley 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia, "ya que se puede convertir en un precedente importante", lo que requiere de "un estudio minucioso y profundo".

Asimismo, el Parlamento de Galicia aprobó en julio de 2023 la nueva ley del litoral, con votos a favor del PP y abstención del BNG y PSdeG, que contempla la asunción por parte de la Xunta de las competencias en gestión del espacio marítimo terrestre. Con ello, el Gobierno gallego defiende que dichas competencias están definidas en el Estatuto de Autonomía, mientras que Moncloa cree que la ley "invade competencias estatales" en distintos ámbitos, hasta el punto de incorporar "de manera unilateral" el mar al territorio de la comunidad autónoma.

En noviembre de 2023, el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno, que sostiene que la ley gallega "se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre", con "reiterada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto".

El Ejecutivo central impugnó 31 artículos de la ley, lo que cifraba en un 40% de la norma, con el aval del Consejo de Estado, al considerarlos inconstitucionales. Sin embargo, la vicepresidenta segunda de la Xunta y conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, rebajaba al 15% de la ley el texto que está recurrido. Eso sin olvidar que la Xunta acusa al Gobierno de realizar un "ataque" contra la costa gallega, por lo que "están en peligro" más de 4.000 edificaciones y más de 100 empresas.