Aprobado el Proyecto de Ley de Cultura inclusiva y accesible de Galicia

El Pleno del Parlamento de Galicia ha aprobado este martes la Ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia, una norma que "pretende facilitar el derecho de acceso a la cultura de todas las personas, sin excluir a nadie".

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El texto afrontaba este martes su último debate para su posterior votación durante el Pleno, en el que el presidente de la Comisión de Cultura ha intervenido para recordar los trámites a los que se ha visto sometido el proyecto desde su nacimiento.

El objetivo es claro: "conciliar la cultura con la realidad de las diferencias que presentan las personas, haciendo hincapié en todas aquellas que pertenecen a colectivos cuya desventaja personal o social acaba por suponer un verdadero atranco en el ámbito cultural", manifestó la portavoz de Cultura del Grupo Popular, Carmen Pomar.

"Estamos delante de una ley de doble flujo que busca, explícitamente, apoyar y dar visibilidad a la creatividad y al talento de tantas personas que por su situación de dificultad permanecen escondidas para el público potencial y para la sociedad en general, con las consecuencias sociales y económicas que esto conlleva y, inherente, el daño para su desarrollo personal", ha matizado.

Creación y consumo cultural "bajo el mismo paraguas"

La portavoz popular explicó que "el ordenamiento jurídico gallego carece en este momento de una norma que regule este acceso a la cultura en términos inclusivos y que integre, bajo este paraguas, mismo la creación como el consumo cultural".

"La norma está pensada para aquellos colectivos desfavorecidos o con mayores dificultades de inclusión, por lo tanto en desventaja, para ser removidos todos y cualquiera de los obstáculos que inhíban o perjudiquen su participación plena en la vida cultural", apuntó.

“Una ley que marcará un antes y un después para el acceso a la cultura de las personas, bien como consumidoras, bien como productoras, o en ambas perspectivas", aseguró Carmen Pomar.

A la vez, apuntó que “se trata de recoger a lo largo de sus 21 artículos y 5 disposiciones un nuevo escenario para ir de la mano de los colectivos de la diversidad, deshaciendo barreras y marcando objetivos para que la cultura sea 10% accesible para todas las personas y una herramienta de expresión para todos, sin excepción”.

Asimismo, explicó que la ley prevé la creación del Observatorio de la Cultura Inclusiva y Accesible de Galicia, "como órgano colegiado que, aunque dependiente de la Consellería con competencias en materia de cultura, poda ser participado de otros órganos de la Xunta y, incluso, de otras administraciones públicas o entidades del tejido asociativo e industrias culturales, y que llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de esta norma, en una dinámica viva y abierta de análisis y evaluación constante".

PSdeG: "Ni una mala palabra, ni una buena acción"

La socialista Silvia Longueira ha sido la primera en intervenir para reconocer las "buenas intenciones" del texto pero, según ha asegurado, que solo se quedan en eso. "Ni una mala palabra ni una buena acción", ha señalado, insistiendo en que no recoge ninguna "acción definitiva" sobre aquello que pretende conseguir.

Afirma que el texto tiene "poca pulsión". "Parece más bien una cuestión de cubrir un expediente débil e inconciso", ha apuntado, ya que considera que la implementación de estas ideas no aparece recogida en ninguno de los 21 artículos de la ley.

Para ello, considera que hace falta un Plan Estratégico de la Cultura para actuar sobre un sector "precarizado y atomizado" y de la "pulsión necesaria del tercer sector y los agentes culturales".

Longueira ha puesto el foco en cuatro líneas a trabajar y que recogían sus enmiendas: la línea presupuestaria, una especial atención al colectivo LGTBIQ, el conocimiento por parte de la sociedad gallega y varias cuestiones relacionadas con los servicios sociales, como un censo de las entidades culturales y de carácter social actualizado año a año.

También ha animado a "derribar las brechas digitales" todavía presentes y dar un paso más "en la era de la inteligencia artificial". "No vemos que esta ley abra las puertas para actuar con prontitud y con flexibilidad", ha señalado al respecto.

BNG: "Incoherente e ineficaz"

La diputada del BNG Mercedes Queixas ha recordado que su grupo presentó en comisión una enmienda a la totalidad del texto por ser un proyecto de ley "incoherente, inconcreto, intrascendente, irrelevante e ineficaz".

Posteriormente, ha continuado, los nacionalistas presentaron 39 enmiendas de las que el grupo popular aceptó cinco. Entre ellas, que los centros culturales de titularidad y gestión pública estatal no queden excluidos de la aplicación de la norma.

A mayores, transaccionaron tres enmiendas para, entre otros aspectos, "garantizar efectivamente la igualdad real y efectiva en el acceso a la cultura para todos los gallegos, independientemente de su lugar de residencia".

Otra para fijar en la redacción de la ley que se cuente siempre con la participación de las entidades públicas y privadas "más representativas de los intereses de las personas en que concurra algún factor de riesgo de exclusión". La última, aceptada "in extremis" según ha informado Queixas, buscaba incorporar el compromiso de la Administración de llevar a cabo una evaluación periódica para contrastar la eficacia de la norma cada dos años.

Entre las enmiendas finalmente rechazadas, el BNG solicitaba que se recogiese el gallego como factor de riesgo de exclusión cultural; la planificación de programas y actividades de alfabetización digital de la sociedad gallega para eliminar la brecha digital; y la fijación de un plazo de seis meses para la creación del Observatorio de Cultura Inclusiva, que la propia ley determina en dos años, además de acompañar la ley de una memoria económica.

La enmienda sobre el compromiso de estimular la creación artística y cultural, así como de la investigación científica de las mujeres, ha sido finalmente aprobada. Considera Queixas que su grupo parlamentario ha hecho "todo lo posible" por mejorar un texto que, ha apuntado, afronta su segunda tramitación, tras haber sido debatido a finales del año pasado.

"No comprendemos como se resignan a heredar un texto procedente de la legislatura anterior, sin haber aprovechado esta oportunidad para abrir un tiempo de diálogo, de contraste y de escucha, de conocimiento directo sobre todo con las entidades del tercer sector", ha lamentado.