Galicia Ambiental denuncia un bloqueo de los fondos para daños causados por el lobo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) –

La Asociación Galicia Ambiental ha denunciado que el traspaso de los fondos previstos en los Presupuestos General del Estado (PGE) para iniciativas relacionadas con los programas de protección, prevención e indemnización de daños por la coexistencia del lobo con el sector ganadero, están "bloqueados" por la Xunta por su "negativa a aceptar la normativa de protección del lobo".

En un comunicado, el colectivo ha recordado que el Gobierno central confirmó esta semana en respuesta a una pregunta del diputado del BNG Néstor Rego que no hay criterios ni fecha consensuada para el reparto de los fondos por daños del lobo, que depende de la aprobación de la Estrategia de conservación del lobo en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

Además, también ha apuntado que siguen sin ejecutarse los 23,5 millones de euros previstos en los presupuestos estatales para 2023, partida orientada a la prevención de daños con medidas protectoras del ganado y al pago de indemnizaciones.

Por su parte, la Xunta emitió este martes un comunicado en el que afirmaba que triplicará el año que viene el presupuesto a las ayudas para aplicar medidas que eviten o mitiguen los prejuicios causados por el lobo en las explotaciones agrícolas y ganaderas. De esta forma, la cifra disponible ascenderá a los 1,9 millones de euros.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, señaló que desde 2017 la cifra de avisos y animales afectados por la incursión del lobo se mantiene estable, con más de 1.200 llamadas al año y más de 2.000 animales afectados.

Por su parte, Galicia Ambiental ha denunciado que les parece "llamativo" que la Xunta tenga un censo encargado del último año y que no haga públicos esos datos.

Galicia Ambiental ha señalado que mientras esos fondos no lleguen "es difícil avanzar hacia una paz entre la conservación del lobo y el sector ganadero afectado" y pide que se trabaje en "un consenso" que permita la llegada de dinero a las explotaciones ganaderas para prevención y mejoras, así como indemnizaciones en los casos necesarios.