SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) –

La economía social ofrece en Galicia "empleos más estables y mejor pagados, así como con una menor dispersión salarial", según concluye el primer estudio sobre el Impacto Socioeconómico de los Principios y Valores de la Economía Social Gallega, encargado por el Foro por la Economía Social Gallega (ForoEsGal).

Ese es uno de los datos que se recogen en el informe, que se ha presentado este miércoles en Santiago de Compostela de la mano de sus responsables, las profesoras de la Universidad Rey Juan Carlos Belén Castro y Rosa Santero y la directora de Abay Analistas Económicos, Maribel Martínez. También han participado el presidente de ForoEsGal, Celso Gándara; Jose Manuel López Marcos, de Caja Rural; Javier Valcárcel, de Cajamar; y la conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana; todas entidades colaboradoras.

"La economía social (ES) contribuye a un crecimiento inclusivo y a la reducción de las desigualdades, presentando más estabilidad del empleo, niveles salariales superiores y menor dispersión salarial", indican.

El informe destaca además que este tipo de economía tiene "un peso significativo en el tejido empresarial gallego", ya que cinco de cada 100 empresas del sector privado pertenecen a ella.

A este respecto, por provincias, lidera la relación A Coruña, con el 43,9% de las entidades; seguida por Pontevedra, con un 35,5% adicional, "alcanzando entre las dos el 80% de este tipo de organizaciones". A la cola se encuentran Lugo, con 11,2%; y Ourense, con el 10,7%.

En cuanto a sectores, el documento señala la "fuerte especialización" de la economía social en Servicios Sociales, "donde el peso relativo de este sector es 12 veces superior al que tiene en la economía mercantil". Ya en menor medida, su implantación también es importante en sectores como Cultura y Ocio (6,5 veces superior), Educación (5 veces superior) y Sanidad (2 veces superior).

Las comunidades de montes son el tipo de entidad más numeroso (cerca del 40% del total), seguidas de las asociaciones y fundaciones (20,1%), de las cooperativas (18,0%) y de las Sociedades Agrarias de Transformación (14,6%). Con todo, en términos de empleo, las asociaciones y fundaciones aglutinarían más de un tercio del total (35,5%), seguidas de las cooperativas (20,2%) y de las cofradías de pescadores (17,5%).

El informe apunta también que los beneficios totales netos (tanto directos como indirectos) que los principios de la economía social gallega aportan a la sociedad llegan a los 851,2 millones de euros anuales.

Esta cifra equivale, por ejemplo, al 1,36% del PIB de Galicia en 2018; al 90% de todo el gasto público y privado dedicado a educación infantil, primaria y secundaria; o el 70,8% de todo el gasto autonómico en dependencia.

"Cohesión social, territorial y empleo inclusivo"

El estudio profundiza además en el hecho de que "las empresas de economía social se comportan de forma diferente a las mercantiles", lo que se traduce, explican, en una contribución "muy positiva para el conjunto de la sociedad gracias a sus efectos sobre la cohesión social, la cohesión territorial y la creación de empleo inclusivo".

Apuntan también en este sentido que se sitúan, mayoritariamente, en municipios de 40.000 habitantes, "con lo que se genera actividad, empleo y oferta de servicios clave en zonas rurales".

Para ahondar en esta línea, las autoras del informe han planteado un escenario hipotético "en el que las empresas de economía social perdieran sus principios y pasaran a comportarse como mercantiles en aspectos como contratación, especialización o localización".

Si eso ocurriese, más de 6.000 trabajadores pertenecientes a algún colectivo con dificultades de acceso a la ocupación perderían su empleo. De ellos, 4.578 serían trabajadores con discapacidad, casi 350 trabajadores en riesgo de exclusión social y 796 mayores de 55 años, 328 mujeres mayores de 45 años y 631 trabajadores de baja calificación.

Además, cerca de 5.000 trabajadores que disfrutaron de períodos continuos de empleo en la economía social pasarían a tener una o más experiencias de desempleo; casi 40.000 trabajadores verían reducidos sus ingresos salariales; más de 20.000 trabajadoras verían cómo se incrementaría su brecha salarial; más de 100 trabajadores no se acogerían a excedencias para el cuidado de ascendientes o descendientes; y se perderían más de 2.700 empleos en las zonas rurales.

Otros datos más concretos apuntan hacia que "todas las brechas de género son inferiores en la economía social que en la mercantil" y que es la social la que ofrece "mejores condiciones laborales", no solo en cuanto a salarios, sino también por ejemplo en cuanto a jornadas parciales y estabilidad. "Un 59,7% no ha tenido un episodios de desempleo frente al 41,7% de la mercantil", aseguran.

Una economía más "resiliente"

En palabras de López Marcos, aunque se ve una tendencia clara hacia la responsabilidad y la sostenibilidad, "todavía queda mucho camino por recorrer", por lo que ha apostado por insistir en la "divulgación" de los beneficios de este tipo de economía, "con mayor capacidad de resiliencia".

Valcárcel se ha expresado en la misma línea, señalando que todavía es una "tarea pendiente" y que es preciso "darle mayor visibilidad".

Economía "con garantías de estabilidad"

La conselleira de Emprego, por su parte, ha sido la encargada de concluir el acto y ha destacado las "bondades" de una fórmula económica "solidaria, que antepone los beneficios sociales a la rentabilidad financiera, y que está muy vinculada al territorio del que forma parte y que pretende mejorar".

La responsable autonómica ha recordado además que en 2022 el Gobierno gallego "está reforzando su compromiso con la economía social" con más de 35 millones de euros destinados a este fin.

Con esta inversión, ha señalado, se financian entre otras, la Red Eusumo o Aprol Economía Social, así como ERES-Próxima, en el marco de la que se definirá un sello de la economía social en Galicia. También el programa Bono Consolida, para apoyar la consolidación de empresas vinculadas con la economía social; el ERES-Transforma, para recuperar negocios en crisis o sin relieve generacional a través de fórmulas de economía social, que se convocará en junio; o ERES-Factory, para la creación de aceleradoras de emprendimiento en este ámbito.

También ha incidido en la Estrategia Gallega de Economía Social, a la que entre 2019 a 2021 se destinaron más de 89 millones de euros, con los
que se financiaron medidas para beneficiar la más de 3.000 entidades que dan empleo a más de 14.000 personas.

"Las empresas y entidades que emplean este modelo apuestan por el empleo inclusivo, impulsando la contratación de aquellas personas que más dificultades pueden encontrar para acceder al comprado laboral. Una modalidad económica con garantías de estabilidad y una gran resistencia cuando el contexto socioeconómico empeora", ha defendido Lorenzana.