Gobierno, Xunta y comité de empresa coinciden: Alcoa actúa "de mala fe"

El comité de empresa de Alcoa y la firma no llegaron ayer a un acuerdo después de que la multinacional se negase a venderle la fábrica de San Cibrao (Lugo) tanto a Liberty House como al SEPI, dependiente del Gobierno. Tampoco hubo acuerdo durante la reunión celebrada en Nigrán (Pontevedra) sobre el plan de despido de los empleados, por lo que tanto ellos como la Xunta y el Ejecutivo nacional coincidieron en su análisis de la situación: Alcoa actúa "de mala fe".

Los trabajadores tienen convocada una asamblea para decidir el siguiente paso y protestas en Cervo, aunque esta mañana cortaron el acceso a la planta de San Cibrao. Mientras, la firma dispone de dos semanas para organizar el despido colectivo que pone en peligro alrededor de 1.000 puestos de trabajo.

Esta fue una de las dos opciones que le presentó al comité de empresa. La otra fue el ERTE, que los representantes sindicales rechazaron en todo momento porque consideran que se trata de un "despido en diferido": "El ERTE en la planta de aluminio significa lo mismo que el ERE porque es parar cubas y, si paras las cubas, matas la planta igual". Lo que si pidió el comité de empresa fue una prórroga en las negociaciones con la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para la venta de la fábrica de aluminio, que pasaría después a Liberty House.

Las reacciones

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, insistió ayer en la necesidad de seguir luchando con unidad para que "Alcoa entre en razón" y permita la continuidad de la planta de aluminio primario en San Cibrao bajo la titularidad de otra compañía. Losada mostró su "decepción profunda" con Alcoa, ya que la firma rechazó en varias ocasiones las soluciones propuestas, "actuando de mala fe" y llevando a los trabajadores a "un conflicto innecesario". El representante del Ejecutivo español en Galicia destacó la unidad a la que finalmente Gobierno, Xunta y trabajadores han llegado y reiteró que Alcoa tendrá que asumir las consecuencias "de su cerrazón".

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, aseguró por su parte en que Alcoa "esta engañando" y "traicionando" a todas las partes que participan en el proceso de negociación. "Lo más decepcionante es que Alcoa está actuando de mala fe y está modificando su postura simplemente para conseguir su objetivo, que parece ser que es no proceder a la venta de la planta", indicó el titular de Economía, que defiende que "no hay ningún argumento" que pueda justificar la decisión de Alcoa.

El BNG, por otro lado, se mantiene firme en su propuesta: una intervención pública del Estado y de la Xunta para nacionalizar la fábrica y garantizar la producción y el empleo. La portavoz del partido nacionalista, Ana Pontón, defendió ayer que es una propuesta "legal y viable" que ya pusieron en práctica los Gobiernos de países como Alemania y Portugal