La Policía Local de Ferrol interviene en una fiesta ilegal, tras las quejas del vecindario

La Policía Local de Ferrol ha informado de una intervención, el pasado sábado, en una fiesta privada celebrada en un piso de la céntrica calle de la Tierra al que, tras recibir la alerta de varios vecinos, acudieron para comprobar que no se estaba incumpliendo ninguna de las normas sanitarias vigentes en Galicia. Según trasladan desde el ayuntamiento, los agentes interpusieron 24 denuncias contra de 16 personas de edades comprendidas entre los 22 y los 29 años.

Alrededor de las 3.30 h. de la madrugada, los agentes comprobaron que el sonido procedente de la vivienda se escuchaba "perfectamente en la calle". Tras varias intentonas de comunicarse con el interior del inmueble, a través del telefonillo, con respuestas del tipo de "aquí no pedimos nada", consiguieron que se les abriese la puerta.

No obstante, el individuo que se presentó como inquilino y organizador del evento, negó el acceso a los agentes al interior de la vivienda, saliendo al umbral acompañado de otras seis personas, todos ellos "desprovistos de mascarilla", insistiendo en que eran los únicos ocupantes del inmueble, algo que los agentes refutaron por haber observado a más personas a través de la ventana.

Los agentes, ante las evasivas de los allí presentes, decidieron esperar en la calle a que salieran de la vivienda, comenzando el movimiento a partir de las 4.00 de la madrugada y, explican desde el ayuntamiento, con una actitud "irrespetuosa y de desprecio" de algunos de los implicados a los agentes.

Todos los participantes fueron identificados, los últimos a las 5.00 de la madrugada, tramitando, los agentes, un total de 24 denuncias. De ellas, veinte fueron referidas a infracciones leves de la "Lei de Sanidade de Galicia por incumplir la prohibición de reunirse personas no convivintes en un domicilio particular".

Otras dos de las citadas denuncias fueron de carácter grave, con sanciones que pueden oscilar entre los 3.005 a 6.010 euros. A mayores de las denuncias, formuladas por cuestiones sanitarias, se interpusieron otras dos por sendas infracciones graves de la "Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana", con importes que van desde lo 601 hasta 30.000 euros.