El consumidor activo en el sector eléctrico

Por aquello de ser osados, aprovecho hoy la confianza del lector para tratar un tema muy amplio y muy concreto, que nace de la tensión entre las tres funciones que cumple la energía en la sociedad: seguridad, sostenibilidad y equidad. Estas dimensiones, referidas por los estudiosos de la materia como el “trilema energético”, tienen un encaje complicado, motivo por el cual cada época tiende a priorizar alguna de ellas, dando menor protagonismo a las otras dos.

Trilema de la energía

Así, desde la gran guerra que abrió el siglo pasado, el foco ha estado durante décadas en la seguridad energética. Los países se han preocupado de proteger sus infraestructuras de abastecimiento, así como de diversificar sus fuentes de suministro para no estar demasiado expuestos a un determinado país de origen de la materia prima, o a una fuente concreta de energía. Digo se han preocupado, y no significa esto que se haya logrado siempre, como nos demuestran los vaivenes en el suministro de gas al Este de Europa cada vez que hay tensiones con Rusia; o el pánico que surge en España cada vez que hay problemas en los gaseoductos que nos abastecen desde Argelia, ya sea por averías o por cuestiones políticas.

En los últimos años, sin embargo, el enfoque ha virado hacia la sostenibilidad medioambiental, con un movimiento auspiciado por Naciones Unidas a finales de la década de los setenta, culminado principalmente en el Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2015. De esos pactos han nacido ya multitud de regulaciones y políticas, con algunos éxitos y también con efectos desafortunados en la sociedad, generando fenómenos como el de la pobreza energética. Es decir, el desarrollo de la política energética durante las últimas décadas ha tenido un impacto negativo en la equidad, entendida como capacidad de todos los consumidores para acceder a la energía necesaria para moverse, climatizarse y, en la actual sociedad digital, expresarse y desarrollarse en lo privado y lo profesional.

Recapitulando, pues, la volatilidad en el coste de la energía que ha incrementado en los últimos años la pobreza energética que afecta a muchos ciudadanos y la pérdida de competitividad industrial de España no viene “de desiertos remotos ni montañas lejanas”. Procede de iniciativas globales que se han plasmado en una política energética europea y estatal que en muchos extremos ha conjugado miopía con arrogancia a partes iguales, imponiendo al conjunto de la sociedad una transición energética poco meditada y con debilidades múltiples.

Una llamada a la acción

Ante dicha volatilidad, el consumidor pasa a aparecer cada vez más frecuentemente acompañado del apelativo “activo”, porque se ve obligado a actuar, a tomar una decisión: seguir expuesto a esa inseguridad o mitigar su exposición a la misma. Como en toda decisión, lo primero será echar cuentas para ver hasta qué puede hacer cada uno de manera realista. Y allí donde haya capacidad de acción, entiendo que la preferencia será actuar para así mitigar los efectos que la transición energética pueda tener sobre la propia economía doméstica, o sobre sus empresas para aquellos que posean o gestionen compañías.

Las empresas tienen diversas opciones, por su capacidad de inversión y también porque su alto consumo energético acrecienta el atractivo de acometer proyectos para reducir sus facturas de luz y carburantes, por ejemplo. Por citar alguna de estas opciones, mencionaremos los contratos de compraventa de energía a medio y largo plazo (PPA, por sus siglas inglesas), las coberturas financieras o la inversión en activos de generación renovable para el autoconsumo eléctrico.

Precisamente esta última medida, la inversión para el autoconsumo, es hoy en día la mayor herramienta que los particulares tienen, tenemos, para estar mejor preparados ante las curvas que el futuro nos traiga en el coste de la energía. Hoy, tecnologías como la solar fotovoltaica han rebajado de forma sustancial su coste y mejorado su eficiencia y vida útil. Con una inversión modesta, se puede rebajar sustancialmente el consumo de una vivienda, un edificio comunitario o una nave industrial, por el coste bonificado de la energía autoconsumida en la normativa del sector eléctrico de nuestro país.

Autoconsumo eléctrico

En este punto, por deformación profesional, me tomo la confianza de soltar consejo jurídico, sin mayor coste que seguir leyendo, para que el lector entienda mejor cómo funciona eso de invertir en generar parte del propio consumo eléctrico, haciéndose así un poco más libre frente a los vaivenes del coste de la energía y echando una mano a descarbonizar la economía del país. Un tres en uno de los de toda la vida.

Pues bien, hay opciones para todos los gustos en esto del autoconsumo. Puede uno, particular o empresa, hacer la guerra por su parte acogiéndose al autoconsumo individual. Puede, también, hacerlo de forma colectiva, compartiendo con otros consumidores de su vecindario la generación, compra, venta, almacenamiento, consumo… es decir, para hacer casi cualquier cosa con la electricidad. Naturalmente, ante tal multitud de posibilidades, es conveniente recurrir a consejo de expertos que saben (sabemos, modestia aparte) guiar a cada cual según su capacidad y necesidades técnicas, legales y económicas.

Comunidades energéticas renovables

En esta modalidad, la colectiva, hay una reciente figura legal tan cargada de esperanza como de indefinición: las comunidades energéticas renovables. Se trata de asociaciones de particulares, PYMES y/o administraciones locales, a fin de llevar a cabo alguna de las actividades descritas en el párrafo anterior. O varias, o todas ellas. A elección del consumidor, iba a decir, pero más bien lo es de la comunidad.

Son estas comunidades energéticas, en opinión generalizada, una creación con gran potencial. Quisiera añadir que tiene también, además de una indefinición casi completa, grandes obstáculos.

El más evidente, la desconfianza. Desconfianza en invertir de la mano del vecino, con cuestiones tan básicas como: ¿qué pasa si el otro no paga? O: ¿cómo sé que el contador me atribuye exactamente la proporción de consumo y generación que me corresponde?

Y para vencer este sentimiento tan legítimo que provoca lo novedoso, pocas soluciones tan efectivas como la pedagogía, para la cual uno de los actores de las comunidades energéticas tiene una posición privilegiada: la administración local.

Por una parte, tiene una capacidad singular de comunicarse con los diferentes interlocutores, empresas y particulares, a fin de divulgar estas medidas y poner en contacto a potenciales interesados con asesores y expertos que solucionen sus dudas y los ayuden a entender la solución energética que más les convienen (desde un punto de vista técnico, económico y legal).

Por otra, la administración local tiene un importante papel ejemplar en su entorno. Así, si un ayuntamiento acomete una inversión para el autoconsumo eléctrico, por ejemplo con placas fotovoltaicas en un edificio municipal de alto consumo energético, los vecinos podrán conocer de primera mano cómo queda la instalación, informarse de cuánto se ahorra, qué mantenimiento exige, qué vida útil ofrece, etcétera. Porque, como todos sabemos, nada habla más claro que los hechos. Y pocas cosas tendrán un efecto de convicción tan fuerte para los escépticos como ver al ayuntamiento propio ahorrando en la factura de la luz, gracias a una instalación para generar electricidad a partir de fuentes renovables.

Otra llamada a la acción

Así, para bajar la persiana, cerraré con un mensaje claro. Hoy los consumidores tenemos, legal y tecnológicamente, opciones para mitigar el impacto de la volatilidad en el coste de nuestro consumo energético. Y tenemos, en Galicia y en España, toda una industria de expertos en las diferentes facetas de la energía que nos ayuden a llevarlas a cabo, particulares y empresas, de forma individual o colectiva. Es decir: hay diversas soluciones, ya disponibles, para no estar permanentemente expuestos a la locura de precios que estamos viviendo en la electricidad desde finales de verano, causados de forma directa por políticas mal diseñadas que seguirán impactándonos en los próximos años. Si, sabiendo de su existencia, optamos por no hacer nada, seremos en parte responsables de los perjuicios que suframos.

Quédese, querido lector, con que eso del consumidor activo, el “prosumidor” (abreviatura hortera de “productor-consumidor”) y demás palabras que pueblan la prensa de un tiempo a esta parte no se dirigen sólo a algunos consumidores. Nos interpelan a todos, y a todos nos toca poner manos a la obra para buscar la solución que a cada cual mejor conviene.