Imagen de archivo de una protesta en la mina de San Finx.
La ONU apercibe al Estado por la mina de San Finx y las denuncias contra Ecoloxistas en Acción
La ONU considera que la empresa minera ha realizado un "uso abusivo" de las denuncias para "intimidar a las personas defensoras del medioambiente"
5 enero, 2024 15:07La ONU ha hecho público un dirigido tanto al Gobierno de España como a la empresa Tungsten San Finx, SL, propietaria de la mina del municipio coruñés de Lousame, por un presunto "uso abusivo" de denuncias por parte de la empresa minera para "intimidar a las personas defensoras del medioambiente".
Según ha trasladado Ecoloxistas en Acción a través de un comunicado, la misiva es parte de una investigación abierta por la ONU después de que Tungsten San Finx denunciara "falsamente" a la asociación ecologista ante los juzgados de Noia tras una acción de protesta contra los vertidos de la mina por los que la empresa ha sido recientemente sancionada por parte de la Xunta, con una multa de 180.000 euros, recoge Europa Press.
En los oficios firmados conjuntamente por la presidenta del grupo de trabajo de la ONU sobre derechos humanos y empresas transnacionales, Damilola S. Olawuyi, y por el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y el medio ambiente, David R. Boyd, expresan su "preocupación ante la causa abierta contra Ecoloxistas en Acción", que creen que está basada en "una denuncia abusiva, iniciada en represalia por su activismo pacífico contra daños ambientales resultando de la mina San Finx".
Además, en el oficio afirman que la preocupación "se ve amplificada" por anteriores "acusaciones infundadas" interpuestas por la empresa minera contra Ecoloxistas en Acción y otras organizaciones "en presunta represalia por su trabajo pacífico en defensa del medioambiente", refiriéndose a otras denuncias presentadas por Tungsten San Finx, archivadas por el Ejecutivo gallego.
Por su parte, la empresa minera, a diferencia del Gobierno central, se ha negado a responder a las cuestiones formuladas por la ONU, que reclamaba información sobre las medidas adoptadas por la empresa para cumplir con la legislación ambiental, sobre los impactos causados por su actividad y las medidas de la empresa para garantizar la eliminación de los residuos mineros.
