La Sala Capitol, en Santiago, ha emitido un comunicado explicando que no está detrás de la organización del concierto de este jueves de Kaydy Cain, el artista cuyas letras han sido duramente criticadas por el Concello de Santiago por considerarlas "vejatorias y denigrantes para las mujeres".

El concierto de Daniel Gómez Carrero, más conocido como Kaydy Cain, está previsto para este jueves a las 21:00 horas. Diferentes asociaciones feministas han expresado su disconformidad con el evento tras haberse hecho públicas varias acusaciones anónimas de violaciones y abusos por parte del cantante.

"La Sala Capitol no ha contratado al artista, no ha pagado ni colabora económicamente para que esta actuación tenga lugar y, por lo tanto, no se ve beneficiada en ningún momento de la venta de entradas de este espectáculo", sostiene la sala.

Así, su papel se limita a "prestar los servicios técnicos y logísticos" para que se lleve a cabo el concierto para el que han sido contratados. En este caso, su "deber legar" es "satisfacer el compromiso adquirido con la promotora del concierto".

"La gestión de la sala es privada y entre varias de sus obligaciones está la de cumplir los compromisos adquiridos: nuestro cometido no es más que cumplir un contrato que, a día de hoy, no cuenta con ningún obstáculo legal que lo impida", prosigue.

La sala insiste en que en sus 19 años de historia "nunca se ha involucrado en el tipo de música o el contenido de las letras" de los artistas. "Sí tenemos nuestra opinión personal sobre el contenido de algunas creaciones y lo cierto es que hay algunas que no nos gustan, no las consideramos adecuadas o simplemente no las entendemos", precisa.

De este modo, la Sala Capitol asegura que en su idea de "promocionar la música popular con mayúsculas" no caben "la violencia, la discriminación, la vejación o el maltrato", prácticas que condena.

"Sin embargo, creemos que la solución a estos problemas está en quien realmente tiene la potestad y el poder de protegernos, los poderes públicos: les corresponde a ellos, a través del apoyo de la ciudadanía, actuar en contra de todo aquello que consideren nocivo para la sociedad", prosigue.

En conclusión, la sala señala que "si ciertos grupos o asociaciones se organizan para manifestar su desacuerdo con la celebración de un acuerdo, están en todo su derecho", pero "para conseguir sus objetivos deberán recurrir a las autoridades competentes".

"Esperamos que estas palabras sirvan para aclarar cuál es nuestra posición desde el punto de vista ético y legal", concluye.