Las aguas de la Antártida son su territorio y el pescado, su tesoro. No tienen bandera. O quizá es más acertado decir que tienen demasiadas. Porque las han ido cambiando para limpiar la actividad que se comete a bordo de sus barcos. El nombre de los Vidal es de sobra conocido en las calles de Riveira, en Galicia: el clan familiar ha amasado una fortuna con la pesca ilegal de la merluza negra en aguas australes. Las asociaciones ecologistas: “Se amparan en un agujero legal bestial”. Fuentes próximas a la investigación: “También blanqueaban dinero”. Y los Vidal, silencio. Nunca han hablado ante los medios y rechazan la invitación de EL ESPAÑOL de ofrecer su versión de los hechos. El caso ha llegado hasta instancias del Tribunal Supremo, que ha negado la jurisdicción de España para juzgar estos delitos cometidos en aguas internacionales; varias organizaciones ecologistas tratan de cambiar esta postura y que los piratas paguen por los delitos que se les imputan.
La familia Vidal, como otras muchas en Riveira, ha vaciado su existencia en el mar y en la pesca. A Antonio Vidal Suárez, patriarca del clan, lo conocen como Tucho el Coyo; y su sobrenombre se ha extendido a toda la familia, a la que en Galicia conocen como los Coyos. Su hijo, Antonio Vidal Pego, Tono, es el corazón que hace latir la empresa Vidal Armadores S.A., fundada en 1996. Y su trayectoria se dibuja en un camino de obstáculos, conflictos diplomáticos y toneladas de pescado, con el que han fraguado un patrimonio próximo a los 90 millones de euros.
“La pesca ilegal es una receta complicada”, explica Celia Ojeda. Ella es la responsable de Océanos y Pesca de Greenpeace, una de las organizaciones -junto a Oceana y Sea Shepherd- que ha documentado los movimientos del clan de los Vidal. Los primeros indicios de su actividad en aguas de la Antártida se remontan a 2002. Sus barcos faenaban en aguas protegidas por la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) con una única obsesión: la merluza negra (también llamada bacalao austral). Esta especie puede alcanzar los 2,5 metros y superar los 200 kilos de peso, y su carne tiene un gran éxito en China, Japón y Estados Unidos, donde se vende por unos 50 euros el kilo. La pesca y exportación de esta especie están fuertemente regulados.
Ojeda insiste: “Se mueven en un agujero legal”. La portavoz de la ONG habla de los “cambios de bandera” que han tenido los barcos de los Vidal: “Es muy fácil. Puedes hacer un cambio y se les rebautiza. Antes hasta se podían comprar las banderas por Internet y darle un nuevo nombre a la embarcación. Así limpian su historial de actividades. Y cuando el barco ya está quemado -porque las autoridades terminan conociéndolo por su silueta y no por su bandera- lo que hacen es no llevarlo a puerto: hacen el trasvase de la mercancía a otros barcos limpios y ya está”.
Las aguas de la Antártida se dividen entre las regiones en las que se puede pescar y las que no. Así se protegen algunas especies a las que les cuesta reproducirse, la merluza negra entre ellas. Varias ONGs ecologistas advierten de que su actividad no sólo es ilegal por los mares en los que faenan, sino por los métodos que emplean: “Lo hacen con trasmallo, colocando varias redes con las que también capturan las crías del pescado, en lugar de hacerlo con palangre, una línea larga de anzuelos con la que sólo se pescan los peces adultos”, esgrime Ojeda.
La mayor persecución de la Historia
Las autoridades internacionales observaron, en agosto de 2003, al buque Viarsa pescando en aguas ilegales de la Antártida. La embarcación, de bandera uruguaya pero con tripulación gallega, se dio a la fuga. Y cuatro barcos de Australia, Sudáfrica y Reino Unido se lanzaron a por ellos en una persecución con tintes cinematográficos. Tres semanas esquivando icebergs, olas de diez metros que sacudían a los navíos como cáscaras de nuez y 7.000 kilómetros de carrera en alta mar, hasta que al final fueron capturados en aguas territoriales sudafricanas. Muchos hablan de ese episodio como la mayor persecución de la Historia.
Fuentes policiales sitúan al clan de los Vidal tras estos acontecimientos. La Interpol y la Guardia Civil han seguido sus pasos a través de medio mundo hasta que en marzo de 2016 anunciaban el golpe policial: “Desarticulamos un importante grupo dedicado a la pesca ilegal en la Antártida”, señalabna el Instituto Armado. A la familia gallega no le quedó más remedio que cesar su actividad. Los agentes del SEPRONA detallan sus movimientos: “Su campo de actuación abarcaba desde la práctica de capturas ilegales -como actividad principal- a otras que permitirían blanquear los beneficios ilegalmente obtenidos”. Detuvieron a seis personas en esta operación (bautizada con el nombre de Yuyu); entre ellas, el patriarca de la familia, Antonio Vidal Suárez (Tucho el Coyo) y sus tres hijos Belén, Ángel y Antonio (Tono).
Riveira vivió su particular revolución. Todos conocen a los Vidal, aunque éstos han logrado rehuir de los medios y mantener sus rostros en el anonimato. La operación que explotó la Guardia Civil contra la familia -“grupo criminal organizado”, detalla el Instituto Armado- supuso un terremoto para este enclave de la costa gallega en la que viven unos 26.000 habitantes. Se registraron viviendas, incautó dinero y se buscaron pruebas que vinculasen aún más al clan con los delitos que se les imputaba. La operación fue posible gracias a la colaboración de la Benemérita, la Interpol y países como Australia, Nueva Zelanda o Indonesia.
Barcos hundidos a propósito
De acuerdo a las pesquisas de la Guardia Civil, los Vidal contaban con al menos tres buques que operaban en aguas de la Antártida. Con ellos capturaban su preciado tesoro. Pero las investigaciones se centraron en buena medida en otro barco, el Kunlun, de bandera ecuatoguineana; se trataba de un carguero que recogía la mercancía y, sin la presión policial que tenían las embarcaciones piratas, la descargaban en puertos internacionales. Las patrulleras neozelandesas y australianas lo abordaron en aguas australes en 2015. Para limpiar su trayectoria, los armadores cambiaron su bandera y su nombre al menos en otras dos ocasiones.
A la Guardia Civil no le fue fácil seguir su rastro: “Para obtener el abanderamiento podrían haber falseado la documentación de trámites y la habilitación recogía claramente que 'no permitía la navegación', a pesar de lo cual había llegado a Dakar”.
Los agentes del SEPRONA -viajaron a Senegal, Singapur o Lyon entre otros en el transcurso de sus pesquisas- detallan: “En el historial del grupo se encuentra el hundimiento de un carguero que transportaba la mercancía de los tres buques investigados, invirtiendo el dinero de la indemnización recibida para la compra de un buque legal, lo cual supondría una forma más de blanqueo”.
El caso llega hasta el Supremo
La ONG Oceana, una de las más poderosas en el ámbito de la conservación de los océanos -el actor Leonardo DiCaprio es uno de sus principales valedores-, se ha interpuesto en el camino del clan gallego. Han estudiado sus movimientos en aguas de la Antártida y, aseguran, los Vidal han sufrido algún hundimiento "sospechoso" de sus barcos.
*Buque hundido sospechoso de estar relacionado con actividades ilegales.
El caso llegó a principios de 2016 a la Audiencia Nacional. Pero el abogado Carlos Pérez Bouzada, que defiende a los Vidal, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo: esgrimía que España no podía juzgar un presunto delito que se hubiese cometido en aguas internacionales. El Supremo le dio la razón con el voto de cuatro de los cinco magistrados: “Los tribunales españoles no tienen jurisdicción”, y dieron carpetazo al asunto. El magistrado que votó en contra, Antonio del Moral, fue contundente en su percepción de los hechos: “Esto supondría que actos como acribillar a disparos desde un barco en alta mar a náufragos que luchan por no ahogarse desde un barco sin pabellón, sería ajeno a la jurisdicción española aunque los autores sean españoles, residan en España y desembarquen en territorio español”.
El abogado José Antonio Infiesta, que representa los intereses de Oceana, explica a EL ESPAÑOL los “malabares” a los que han tenido que recurrir para que el Alto Tribunal reconsidere su postura: “Hemos alegado indefensión, puesto que estábamos personados en el caso de la Audiencia Nacional pero no en el del Supremo, por lo que en esta instancia no hemos podido presentar nuestro punto de vista”. Y añade: “El voto particular de Del Moral es demoledor. Les hemos dado una oportunidad de que rectifiquen un error, tememos que no hayan valorado todas las circunstancias del tema”.
En fechas próximas se sabrá si el Supremo reconsidera su postura. Desde este periódico hemos intentado contactar con los Vidal a través de su abogado, Carlos Pérez-Bouzada, aunque han declinado hacer cualquier declaración. El letrado cree que la intención de Oceana no prosperará y que la causa se extinguirá en el Tribunal Supremo.
Las organizaciones ecologistas lamentan que estos hechos “puedan quedar impunes” y explican que la actuación del clan gallego no es más que “la punta del iceberg” de la pesca pirata que se lleva a cabo en aguas australes protegidas. Celia Ojeda, de Greenpeace, resume el malestar de estas ONGs: “Si los Vidal han faenado de forma ilegal y no se les condena, qué no harán otros que también explotan y trafican al margen de la ley con la merluza negra u otros recursos”.