Una niña entre dos madres: gracias a Marta, todos los huérfanos por violencia machista tendrán pensión

La odisea de David y Marta terminó este martes en el Congreso de los Diputados, pero su infierno comenzó años antes: en marzo de 2013. Fue cuando Marta -no es su nombre real, pero sí su favorito- presenció con tan solo tres años cómo su padre mataba de un tiro en la sien a su madre. A partir de aquella fatídica mañana, su tío David ha vivido un calvario judicial y burocrático para conseguir la adopción de su sobrina, aunque ello supusiese perder la pensión a la que la niña tenía derecho como huérfana por violencia de género. Una tara legal que se va a modificar gracias a la incansable lucha de David y su mujer Cristina: “Te prometo que la cuidaremos como tú querrías”, se lee en el estado de Whatsapp del ya padre de Marta.

Los orígenes de esta pesadilla, que se ha prolongado más de cuatro años, se sitúan en la mañana del 10 de marzo de 2013, cuando el cabo de la Guardia Civil Raúl Romero Peña -con 31 años por aquel entonces- llegó al domicilio familiar. Allí se encontró con su mujer, auxiliar de enfermería, que venía de su guardia laboral. Llevaban casados desde abril de 2009 y ella le había hablado días antes de la posibilidad de iniciar los trámites de la separación. Ella se quedó dormida. Una circunstancia que aprovechó el guardia civil para disparar -con el arma reglamentaria- a su mujer en la sien derecha, mientras su pequeña y única hija -seguramente- presenciaba la escena. Un solo disparo que resultó mortal de necesidad.

Y llegó la sangre fría de Romero. Tardó más de 20 minutos en avisar a los servicios de emergencia. Tiempo que le resultó suficiente para montar la coartada del suicidio: se lavó las manos, sacó el cargador de la pistola, le puso el seguro y la colocó en el lado contrario de la cama donde dormía su mujer. La pequeña Marta todavía seguía en el domicilio. Todo tan calculado que la Policía tardaría tres meses en detener al asesino. Un periodo en el que el padre aprovechó para apartar a su hija del entorno materno. Su tío David, que conmocionó al Congreso de los Diputados con el relato de su odisea, explica que sufrieron “el desarraigo más absoluto y total”.

El guardia civil -ahora condenado a 20 años de cárcel- aisló a Marta de David y Cristina, así como del resto de familiares. Mientras, cobraba una pensión por viudedad. Tal fue el distanciamiento, que llegó a desmatricular a la pequeña del colegio al que acudía. Una pesadilla que debió haber terminado cuando el juez mandó a la sombra al asesino machista. Nada más lejos de la realidad.

RÉGIMEN DE VISITAS PARA EL ASESINO

De nuevo, el suelo se volvió a abrir ante los ahora padres de Marta, ya que si bien el juez les entregó la patria potestad de la menor, el mismo magistrado estableció un régimen de visitas semanales en un punto de encuentro familiar supervisadas por los abuelos paternos. Todo ello, gracias -o por culpa- de un informe favorable de los servicios sociales. Un equipo psicosocial que recomendaba que lo más beneficioso para la pequeña era que viese a su padre. Así, el juez autorizaba que el guardia civil -en prisión preventiva acusado de asesinato- pudiese salir del centro penitenciario una vez al mes.

Otra batalla legal a la que se tuvo que enfrentar la familia materna, encabezada por David y Cristina, mientras la niña se veía obligada a acudir al punto de encuentro para ver a sus abuelos paternos. Unas idas y venidas que hacían que la menor exteriorizase sus sentimientos en forma de vómitos y llantos. Dentro del punto de encuentro, Marta tenía que escuchar en boca de sus familiares paternos que su madre “se había ido al cielo porque quería”. Durante dos años.

El juicio contra el cabo de la Guardia Civil se celebró en junio de 2015, dos años después del asesinato. En este, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Romero a 20 años de cárcel. La Policía Científica destacó entonces que la víctima no tenía restos de pólvora: “El pijama de la mujer no contaba con residuos de disparo, por lo que sería imposible el suicidio”. Coartada desmontada. También el magistrado le impuso que no pudiese comunicarse -ni estar a menos de 1.000 metros de su hija- durante 30 años, además de una indemnización para la niña de 400.000 euros.

LOS "OLVIDADOS" DE LA ADMINISTRACIÓN

Por aquel verano de 2015, David y Cristina ya luchaban por conseguir la adopción de Marta, aún sabiendo que eso implicaba que la menor perdiese la condición de huérfana por violencia de género y por tanto el derecho a una pensión. Esa ha sido su otra odisea, que servirá para que decenas de niños tengan este derecho. Según las cifras del Ministerio de Sanidad, en los últimos cuatro años -periodo del que constan cifras oficiales- 160 niños se han quedado huérfanos por la lacra de la violencia machista. No obstante, se desconoce cuántos menores podrían conservar esta pensión pese a ser adoptados por algún familiar. Sin duda, en boca de varias diputadas nacionales: “Los olvidados, invisibles y abandonados por la administración”.

Por eso, después de que David irrumpiera con su relato en el Congreso -en mitad de las negociaciones para lograr un pacto nacional contra la Violencia de Género-, los grupos políticos pisaron el acelerador en este asunto. El PSOE tomó la delantera y presentó una proposición de ley que este martes pasado fue tomada en consideración por todos los partidos políticos. También podrán cobrar la pensión aquellos huérfanos cuyas madres asesinadas no había cotizado a la Seguridad Social.

Hasta que esta proposición no sea palabra de BOE, Marta -y el resto de huérfanos en su situación- no podrán contar con esta pensión. “Nos sentimos como padre, madre e hija desde hace mucho tiempo, pero ella siempre será consciente de que su mamá de barriguita está en el cielo y que su padre está castigado donde se castiga a los mayores”, asegura David, quien logró que su sobrina se convirtiese en hija adoptiva el pasado mes de marzo haciendo honor al “te prometo que la cuidaremos como tú querrías”, que se lee en su Whatsapp.