Samantha deberá derribar su casa por la denuncia de su ex: "Acataré la ley"

La casa de Samantha es de ladrillo como la del último de Los tres cerditos. Fuerte, cuadrada, austera y mínima. Como en el cuento, la hizo ella misma con sus propias manos. Poniendo ladrillo sobre ladrillo. Allí ha vivido poco menos de cinco años con su marido y su hijo, nacido fruto de una relación anterior. Pero, a diferencia de la fábula infantil, su casa acabará hecha añicos. Su lobo, apunta la joven, es su exnovio y padre de su chiquillo, que denunció que la vivienda estaba construida de forma ilegal, sin licencia de obras y sobre suelo público. Ahora deberá derribarla por una orden judicial que ya ha empezado a soplar.

Unas cincuenta familias viven en Las Pachecas, un asentamiento rural situado a las afueras de Jerez de la Frontera, Cádiz. De quienes allí viven pocos son los que tienen legalizada su vivienda. Pocos, o ninguno. Se edificaron sin permiso en los años setenta en una zona inundable por las crecidas del río Guadalete y recurrentes, como las propias riadas, son también las promesas sobre su siempre próxima legalización, que afloran invariablemente con cada convocatoria electoral.

Pese a la situación de ilegalidad, nunca en los más de cuarenta años de historia del asentamiento —sus habitantes prefieren llamarla barriada— se ha conocido derribo alguno. No se ha tocado ninguna de sus casas bajas, de aspecto tosco y amplio solar, con mucho espacio para los aperos de labranza. Aunque todos vivan con las carnes abiertas y manejen con desigual talante la incertidumbre que pende sobre ellos.

Lo que es seguro, y así lo dicta una sentencia, es que Samantha Gallardo, hija de Carmen y Manuel, históricos vecinos de Las Pachecas, deberá derribar la que desde octubre de 2012 es su casa. El fallo es inapelable por mucho que sus vecinos se hayan concentrado a las puertas del número 12 de la calle Laguna de la Isleta, que transcurre transversal a la zona residencial.

No entienden que la mala fortuna, azarosa, se haya querido cebar con una pareja, Samantha y Domingo, de 29 y 32 años respectivamente, y el hijo de ella, de once. No logran entender el porqué de tan aleatoria decisión. ¿Por qué ellos y el resto no? La respuesta, que muchos cuchicheaban mientras mostraban silencioso apoyo a este joven matrimonio, está más cerca de lo carnal que de la propia ley.

Samantha Gallardo sostiene la orden judicial de derribo de su vivienda Fernando Ruso

“No me cabe la menor duda de que si mi exnovio y padre de mi hijo no nos hubiese denunciado hoy no estaríamos lamentando esta situación”, explica Samantha a EL ESPAÑOL.

La joven esgrime en su mano un documento fechado el 1 de octubre de 2012. En él se lee que su exnovio, con DNI tal y domicilio cual en Jerez de la Frontera denuncia que “en la barriada Las Pachecas, calle Laguna de la Isleta número 12, se están realizando obras de construcción de nueva vivienda, careciendo de la licencia de obras necesaria”. “La obra —continúa el escrito al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL— se está realizando en suelo donde antes se encontraba un huerto con una palmera y varios árboles. Solicito actuación de los técnicos”. Firma, el exnovio.

Y, sí, lo que dice el escrito que el joven, también jerezano, registró en la Gerencia de Urbanismo es totalmente cierto.

Construida en terreno público

La austera vivienda, de 42 metros cuadrados, se asienta sobre unos terrenos que en tiempos fue propiedad del extinto IARA, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA), un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta. Ahora es el Gobierno andaluz el que ostenta la propiedad.

En el centro de la imagen la casa a demoler, ubicada dentro de la parcela de los padres de Samantha Fernando Ruso

En los años setenta, cuando se iniciaron los primeros asentamientos, muchos de los vecinos vallaron, a modo de jardín, las zonas aledañas a sus viviendas. Las mismas vallas permanecen hoy en el mismo enclave desde hace décadas, generando dudas sobre la propiedad de las fincas. Y es ahí donde Samantha y Domingo construyeron su casa. Un terreno público, según entiende el juez, por el que sus padres pagan el correspondiente Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

De hecho, Samantha y Domingo solo necesitaron añadir un muro a los tres que ya existían, a modo de medianeras con los vecinos. Y un techo. Ese fue su error.

“Si hubiésemos edificado sobre la casa de mis suegros no habría habido problema, nos hubiese llegado una multa pero ya está; la cosa es que hicimos la casa en el jardín porque surgió la idea y nos pareció bien a todos, jamás pensamos que acabaría así”, sostiene Domingo, que trabaja en la construcción. “De haber sabido que el terreno era del IARA —zanja—, no hubiésemos hecho nada”.

Pero lo hicieron. Fue entre amigos. En poco más de tres meses, gracias a la colaboración de vecinos y familiares, la casa fue cogiendo forma. “No es una mansión, es una vivienda digna, pero sin lujos”, explica Samantha. Que tuvo un gran coste.

Un alto coste para Samantha

Una sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 de Jerez condena a Samantha, además de a derribar la vivienda, a seis meses de prisión, otros seis de multa a dos euros por día, igual número de inhabilitación para construir y pago de las costas procesales por un delito contra la ordenación del territorio.

La vivienda sobre la que pende una orden de derribo tiene un salón, con cocina anexa, cuarto de baño con ducha y dos dormitorios, el del matrimonio, y el del hijo de ella. Todo en una única altura. Costó poco más de cinco mil euros en ladrillos, cemento y arena. La mano de obra salió gratis. “Bueno, unas barbacoas”, apunta él.

Samantha Gallardo en la habitación de su hijo de once años de edad. Fernando Ruso

No hay marcos en las puertas y las humedades que han ido saliendo desde que, con ánimo de fiesta, se construyó el inmueble ya no se repellan. “Dejamos de echarle dinero cuando nos llegó el primer aviso del Ayuntamiento —recuerda Samantha—, justo una semana después de mudarnos”. Poco después del escrito acusador de su exnovio y el padre de su hijo.

“No logro entender que un padre quiera derrumbar la casa de su hijo”, repite una y otra vez la pareja, que vive en una nube la situación por la que vive. “Es como si no fuera con nosotros, como si lo viéramos de lejos, en otra familia que no es la nuestra”, confiesa la joven.

Por eso la fecha 23 de diciembre de 2017 todavía suena lejana. Aunque el reloj sigue inexorable contando segundos. Minutos. Horas…

—¿Qué harán llegado el momento?

—Si tenemos que demoler, demoleremos. Nosotros nunca hemos cometido ningún delito y no lo vamos a hacer ahora. No somos personas conflictivas. Nuestros padres nos enseñaron a acatar la ley.

Derribarán. Pero antes quieren quemar todos los cartuchos. “Ojalá legalicen la vivienda antes de que llegue la fecha, pero nos han dicho que los trámites, que conllevan mucha burocracia, pueden durar cinco años, y sería tarde para nosotros”, explica Domingo.

En tratamiento para “los nervios”

Los dos narran su historia con una aparente calma. A ella de vez en cuando se le llenan los ojos de lágrimas. Resignada. Cuenta Samantha que lleva tiempo con tratamiento farmacológico para controlar “los nervios”. Que llegaron a aflorarle en los riñones, con dolores agudos que nadie supo explicar. “Los nervios”, insiste. Porque hace ya años que no duerme, que disimula su miedo delante de sus padres y su hijo.

Samantha Gallardo en el interior de su casa, sobre la que pesa una orden de demolición. Fernando Ruso

“Que te tiren tu casa es un golpe duro, sobre todo cuando alguien te quiere arruinar la vida”, defiende Domingo, que no cesa en colmar de atenciones a la que es su mujer desde hace tres años.

Samantha asiente y se le eleva el pulso cuando narra las vicisitudes por las que pasó con su anterior pareja, al que llegó a denunciar por malos tratos. “Me agarraba del cuello y me tiraba al suelo, me anuló como persona”, explica. Fue absuelto. “Pero porque me negué a decirle todo al juez”, detalla. “Me callé que él se cruzaba con el coche en las avenidas cuando iba con mis amigas por la calle, que siguió hostigándome… Pero me callé —insiste— para que él no tuviera mayor perjuicio. Mi intención fue asustarlo para que parase. Me callé, por eso no le echaron una condena”.

No calla tiempo después que la familia de su ex puso a su nombre un piso que compraron, también el bar que regentaban sus padres y varios créditos con las tarjetas. No calla que, según defiende, todavía tiene deudas, que está embargada por los impagos de los padres de su novio a la Seguridad Social y por las tasas de veladores al Ayuntamiento de Jerez. No calla que está embargada.

“Confié en él”, esgrime cabizbaja ella. “Le hacía falta y le ayudé”.

Ahora, a lo que debe, suma una importante suma en abogados. Es tal el coste que los últimos emolumentos se los perdonaron. Antes había pagado ya 2.000 euros por el litigio sobre su casa. También otros, como sus defensas ante las denuncias que presenta su ex novio contra ella. “¡Un dineral!”, apunta Samantha.

Acosada, “solo gano para pagar abogados”

“Yo no quiero que me pase la manutención, yo quiero que deje de denunciarme, porque sólo gano para pagar abogados”, asegura la joven. “Tengo denuncias de abandono, de malos tratos, de que mi sustento económico no es suficiente para mantener al menor, que va con ropa partida… yo qué se. Me ha querido quitar la custodia en tres ocasiones”.

Cuenta Samantha que la jueza llegó a advertirle a su exnovio que no admitiría más denuncias contra ella. Se sienta acosada.

“Hoy por hoy sí creo que sigo estando maltratada —insiste la jerezana—, porque no es normal lo que estoy viviendo. No se me está dejando tener una vida normal. Yo no le pido nada, solo que me deje en paz”. “Que rehaga su vida y nos deje vivir tranquilos”, subraya.

“Él sigue enamorado de ella, sin ninguna duda”, puntualiza Domingo mientras que Samantha da nones con la cabeza. “Queremos que esto pare”, reclama ella.

“Y ahora que no puede ir contra mí —lamenta Samantha—, va contra mi vivienda”.

La versión de su exnovio, padre de su hijo

Poco después de la manifestación que congregó a medio centenar de vecinos frente a la casa de Las Pachecas, EL ESPAÑOL recorría en coche el camino que hay entre la casa de Samantha y la de su expareja, próxima a la plaza de Toros de Jerez. Al telefonillo, una voz grave explicaba a los reporteros que “la mierda, cuando más se mueve más apesta”. Es el padre del joven que denunció las irregularidades en la casa de la madre de su hijo. “Hablaremos en los juzgados, no tengo más que decir”, zanjó al otro lado de la puerta.

Vecinos de Las Pachecas manifestándose ante el 12 de la calle Laguna de la Isleta para impedir la futura demolición Fernando Ruso

Más tarde, este periódico consigue hablar con el exnovio de Samantha. “Ni entro ni salgo, ni pincho ni corto: huyo de la polémica”, contesta agraviado. No responde nada más.

—¿Qué motivó su denuncia a la vivienda de la madre de su hijo?

—…

Silencio.

Tiempo después, al otro lado del teléfono, alguien de su entorno -que insiste en que EL ESPAÑOL no revele su identidad- lo defiende. “Es atento, cariñoso, lo describen como alguien malo y él no es así”.

—¿Qué motivó su denuncia a la vivienda de la madre de su hijo?

—[Silencio]. Lo hizo para el bien de su hijo.

[…]

“¿Por el niño?”, replica Samantha. “¿Cómo se justifica que alguien que quiera el bien para su hijo quiera derribarle su casa?”.