¿Qué pasa con los menores asesinos? De 'brujas de San Fernando' a psicóloga y celadora

“Aquello nos pareció escalofriante a quienes fuimos testigos”, dice el abogado José Ignacio Quintana en su despacho de San Fernando (Cádiz). Afuera, la tarde, ya casi noche, es gris y lluviosa.

Dentro de cinco meses se cumplirán 18 años y el letrado no recuerda con exactitud la fecha, pero echa cuentas y calcula. “Si el asesinato se produjo el 27 de mayo del 2000, aquello debió de ser el 29, el 30 o el 31 de ese mes”, explica.

- ¿Qué sucedió, abogado?

Fueron unas horas después de que Iria Suárez y Raquel Carlet, dos adolescentes también de San Fernando, le propinasen 32 navajazos, dos golpes contundentes en la cabeza y le rajasen el cuello a la que, hasta hacía poco tiempo, había sido su amiga, Klara García. Las tres adolescentes estudiaban en el Instituto Isla de León.

Aquel día, Iria y Raquel, dos góticas aficionadas a la Ouija y que se carteaban con José Rabadán, el asesino de la Catana, estaban detenidas en los calabozos de los juzgados de su pueblo. En ese momento ya habían confesado el crimen ante los investigadores de la Policía Nacional. Les explicaron que acabaron con la vida de Klara de una forma tan salvaje para convertirse en famosas y porque querían saber qué se siente al matar.

- Pero, ¿qué sucedió, abogado?

José Ignacio Quintana, abogado de los padres de Klara García, echa la espalda contra el respaldo de su asiento, cruza las manos, se toma un par de segundos.

- Creo que aún ni siquiera estaba enterrada Klara. De fondo se escuchaba un canturreo. La mayoría de los que estábamos allí nos extrañamos. Pero eran ellas, Iria y Raquel. Estaban cantando dentro de los calabozos. Un par de días antes acababan de cometer una atrocidad y ellas estaban así, tan joviales, tan tranquilas. No mostraban remordimiento ni arrepentimiento alguno.

Iria y Raquel fueron las primeras condenadas por asesinato bajo la Ley del Menor, que entró en vigor el 1 de enero de 2001. Tras ellas vendrían, entre otros, José Rabadán, que mató a sus padres y a su hermana; el Rafita, que junto a otros dos menores violó y quemó viva a Sandra Palo, o Javier García el Cuco, al que se le condenó por encubrir el asesinato de Marta del Castillo y ahora es modelo en Francia.

También hubo otros casos menos mediáticos, como el de la chiquilla que en el año 2000 mató a su hermano en Estepona (Marbella) mientras estaba sonámbula. O la muerte de María Dolores, a quien en 2008 mató Sergio, también menor, porque había grabado el beso que se habían dado juntos y luego lo subió a internet, lo que no le gustó al chico porque tenía novia.

Todos ellos disfrutan ya de la libertad. Cometieron sus delitos en la franja de edad comprendida entre los 14 y los 17 años. Por debajo hubiesen sido inimputables. Por encima, se les habría condenado a altas penas de cárcel.

Los siguientes que pasarán por el juzgado son los tres menores detenidos esta semana en Bilbao -dos de 14 años y otro de 16- por la muerte de un matrimonio de ancianos, a los que presuntamente acuchillaron y golpearon para robar en su domicilio.

La Fiscalía aporta cifras que “no son alarmantes”

“La justicia de menores no es una ONG. Tendrá sus defectos y sus virtudes, pero no, no es blanda”, decía esta semana en una tribuna publicada por EL CORREO vasco Emilio Calatayud, decano de los jueces de menores en España. Lleva 30 años en “la trinchera”, ha juzgado en torno a 20.000 adolescentes y, según afirmaba, sólo “unos 25” habían cometido un homicidio o un asesinato.

Desde el año 2010, 338 menores de edad han sido condenados en España por delitos de homicidio y sus formas, de acuerdo a los datos que se recogen en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal del Menores.

El último año registrado es 2016, cuando los Juzgados de Menores de todo el país condenaron por delitos relativos al homicidio y sus formas a 45 menores de edad. Dicha cifra “no es alarmante” para la Fiscalía de Menores “teniendo en cuenta que la mayoría de los asesinatos u homicidios fueron en grado de tentativa y algunos de esos hechos al final se sobreseyeron o se calificaron como lesiones graves u homicidios imprudentes".

El 80% de los menores que cometen delitos no son delincuentes. Del 20 por ciento restante, la mitad puede reinsertarse trabajando a conciencia con ellos. El restante 10% “son carne de cañón”, dice el magistrado Calatayud, del Juzgado de Menores de Granada.

Una de las últimas condenas a un adolescente la dictó en diciembre del año pasado el Juzgado de Menores de Almería. Impuso ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco años de libertad vigilada a Z., un menor de 16 años que prendió fuego con un mechero a un sofá y causó un incendio en una casa-cueva a las afueras de la ciudad andaluza. Fallecieron por asfixia un joven de 18 años y dos chicas de 15 y 12. Se llamaban Cinthia, Naima y Alejandro. Su historia la contó este reportero en abril de 2017, horas después del suceso.

Iria, psicóloga; Raquel, celadora

Hoy en día, Iria Suárez y Raquel Carlet “están insertadas socialmente a la perfección”, explica a EL ESPAÑOL el psicólogo Javier Urra, por aquel entonces Defensor del Menor.

Urra conoció de cerca la evolución de las dos asesinas gaditanas en los centros de menores en los que, por la aplicación de la Ley del Menor y a su buena conducta, no llegaron a pasar recluidas cinco años. “No voy a dar más detalles”, dice Urra.

Iria y Raquel llevan una vida con normalidad lejos de su San Fernando natal, donde jamás han vuelto. “Si lo hacen, por mucho que hayan cambiado, se les reconocería y alguien las lincharía”, dice Juan, un hombre de 51 años que pasea por el parque en el que mataron a Klara. En aquel entonces era un descampado sin edificar. “Aquel suceso traumatizó al pueblo, acostumbrado a la tranquilidad”, cuenta el hombre mientras pasea a su perro.

Iria vive en Vigo junto a su madre. Tiene ahora 34 años y es psicóloga, aunque no está colegiada (al menos en Galicia). Estudió la carrera a través de la UNED desde el centro de menores de Monteledo, en Ourense. Su padre, que era militar y estaba en Bosnia cuando ella y Raquel mataron a Klara, tuvo que deshacerse de todos sus bienes para pagar los 246.415 euros que un juez impuso a las familias como responsables civiles. Los padres de Raquel no pudieron poner ni un solo euro. Apenas tenían para comer.

Raquel, quien estuvo ingresada en el centro de menores de El Madroño (Madrid), se quedó a vivir en la capital de España cuando quedó libre. Ha trabajado como celadora y, según lo que llega al oído del abogado de los padres de Klara García, “estaría trabajando en un centro de menores”. “Sería increíble, pero todo puede ser”, dice el letrado.

La Ley del Menor las salvó de 25 años de prisión

El día que asesinaron a Klara, Iria tenía 16 años y Raquel, 17, aunque ésta última estaba a punto de alcanzar la mayoría de edad -cumplía los 18 el 7 de agosto-. El hecho de ser menores y el año en el que cometieron el crimen (2000) les salvó de ser juzgadas como adultas y de una condena que podría haber llegado a los 25 años de prisión.

El por entonces Gobierno de José María Aznar había aprobado la Ley del Menor unos meses antes del crimen de San Fernando. La norma entró en vigor más tarde, el 1 de enero de 2001, y a Iria y a Raquel se les juzgó mediante la nueva legislación.

Durante los siete meses transcurridos entre el día del asesinato, 27 de mayo de 2000, y el 31 de diciembre de ese año, las dos amigas estuvieron recluidas en una cárcel. Durante ese tiempo la legislación española obligaba a tratarlas como adultas, al menos hasta la entrada en vigor de la Ley del Menor.

Iria y Raquel ingresaron primero en el módulo de mujeres de Puerto II (El Puerto de Santa María, Cádiz). Luego se les trasladó hasta la penitenciaría de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) porque varias presas les agredieron dentro de la prisión gaditana.

Finalmente, en mayo de 2001 el Juzgado de Menores de Cádiz condenó a las dos amigas asesinas a ocho años de internamiento en un centro de menores. Fueron las primeras condenadas en España por un delito de asesinato bajo la nueva legislación. El siguiente fue el joven al que idolatraban, José Rabadán. El asesino de la catana mató el 1 de abril de 2000 a sus padres y a su hermana. La chiquilla, de nueve años, nació con síndrome de Down. Tenía 17 años. El Juzgado de Menores de Murcia dictó su sentencia el 1 de junio de 2001, dos meses después de la condena a Iria y a Raquel.

Comenzaron a tener permisos de salidas al poco de cumplir la mitad de la condena. Quedaron en libertad vigilada a los 23 años. Es la edad máxima que contempla la Ley del Menor para estar en un centro. En ese momento es el juez quien decide si el condenado continúa su pena en una prisión o sale a la calle con ciertas restricciones. En el caso de Iria y de Raquel se tomó la segunda de las medidas.

En Inglaterra se les da una nueva identidad

La ley española no contempla la posibilidad de darles una nueva identidad para protegerlas de su pasado, como se hizo en Inglaterra con John Venables y Robert Thompson. Éstos tenían 10 años cuando mataron a golpes a un pequeño de 23 meses. El Gobierno británico se gastó 4,8 millones de euros en rehabilitarlos e inventarles una vida.

Venables y Thompson salieron en 2001 tras ocho años privados de libertad. Si hubieran sido españoles, ni siquiera hubieran tenido que dar la cara ante la Justicia porque la Ley del Menor sitúa la responsabilidad penal a partir de los 14 años.

Un mes antes de matar a Klara, Iria y Raquel intentaron acabar con dos vidas de un plumazo. Quisieron asesinar a una embarazada en un centro comercial de San Fernando. Pero su plan salió mal y la mujer pudo huir.

El 27 de mayo del 2000 las dos amigas decidieron que tenían que matar a Klara, a quien no le consentían que se hubiera echado novio, Manuel Alejandro, o que ya no les prestara la misma atención a ellas. Lo hicieron de noche, en un descampado de su pueblo conocido como El Barrero.

“¿Para qué me habéis traído aquí, para matarme?”, escuchó un militar que hacía guardia en una garita del Observatorio de la Marina de San Fernando, colindante al lugar en el que murió Klara. El chico no vio nada, pero alertó a su oficial, quien restó importancia al hecho al tratarse de una zona habitualmente conflictiva.

32 puñaladas. El cuello abierto 45 grados en canal. Dos severos golpes en la cabeza. Fue el resultado de la autopsia de Klara. El forense dictaminó que Klara, de 16 años, murió degollada y no por los navajazos.

Tras cometer el crimen, Iria, la autora intelectual, y Raquel, que acuchilló a Klara mientras su amiga la agarraba, dejaron la navaja en una maceta, se ducharon, lavaron su ropa para eliminar rastros de sangre y salieron a beber durante la madrugada de aquel viernes.

Se les detuvo al día siguiente. A los 23 años ya estaban en libertad vigilada. Hoy, los padres de la víctima viven en Chiclana de la Frontera, un pueblo vecino al suyo, pero alejados de su contexto anterior. No atienden a periodistas y echaron el cierre a la fundación contra la violencia a la que pusieron el nombre de su hija. Mientras, las brujas de San Fernando, como se les conoció después del asesinato, han rehecho su vida.

Los tres menores detenidos en Bilbao la semana pasada tendrán a su disposición todas las herramientas del sistema para reinsertarse en la sociedad, como Iria y Raquel. Tras se detención ingresaron en Ibaiondo, un centro de 3.200 metros cuadrados en las afueras de Zumárraga (Guipúzcoa).

Allí tienen una piscina, un gimnasio, aula de informática, un huerto, un frontón y una sala con juegos, como un futbolín. Además, les atenderán más de 50 personas (psicólogos, trabajadores sociales y educadores). Sólo de ellos dependerá ser o no "carne de cañón", como decía el juez Calatayud.