Cada vez quedan menos incógnitas por despejar en el caso de Diego, el ciclista de Vigo que quedó parapléjico tras caer en una trampa en mitad del bosque. En el juicio que determinará la responsabilidad que tuvieron los miembros de la comunidad de montes de Valladares de Vigo ―quienes, presuntamente, venían colocando trampas e impedimentos en los recorridos forestales― en el incidente, le ha tocado el turno a la Policía. Y ha sido rotunda: la piedra con la que se golpeó Diego “estaba colocada para provocar daño” y “a mala fe”.
El agente de la Policía Local de Vigo que instruyó el atestado afirmó en sede judicial que el obstáculo estaba colocado de manera “estratégica en la trayectoria de los ciclistas”. No en vano, se situaba en el punto de caída después de una rampa de salto. Diego no podía y no pudo evitarla, porque la roca sólo era visible una vez el ciclista estaba en el aire. Para este policía, tal y como recoge el periódico Atlántico, se podía descartar que fuera una posición fortuita: estaba puesta ahí “de forma maliciosa”.
En el mismo Monte de Alba en el que sucedió todo, a unos metros de distancia del lugar de la caída, los investigadores hallaron un agujero compatible con el que sería el espacio natural de la piedra. De hecho, la colocaron en ese lugar de vuelta.
Trampas para ciclistas en los montes de Vigo
La Policía necesitó 3 personas para moverla
La piedra, según afirmó el policía, era pesada, de gran tamaño y que “para moverla se necesitaron dos personas y una más de ayuda”. La ruta, transitada por ciclistas de mountain bike, es un camino natural que antiguamente transitaban carros. “En bicicleta es complicado pasar por allí sin hacer el salto, puede ser peligroso si te sales de la trialera, además lo hace bastante gente”. No era un salto arriesgado, más para bicicletas como la de Diego, especiales para descenso.
En la misma jornada, uno de los ciclistas que estuvo presente en el enfrentamiento con uno de los acusados -el vicepresidente de la Comunidad de Montes de Valladares- ratificó que les dijo “¿No queríais piedras? Si se cayó, que se levante”. Pero añadió que “lo dijo antes de saber el alcance de las lesiones, cuando le dijimos que había sido muy grave porque no sentía la parte inferior del cuerpo, preguntó dónde había sido y comentó que en esa zona ellos no habían estado ese día”.
Los acusados son cuatro comuneros, cuatro amigos de la naturaleza que trabajaban por la conservación del bosque: un directivo y tres trabajadores de mantenimiento. Las comunidades de montes son entidades de carácter privado que poseen más de 700.000 hectáreas de terreno, una cuarta parte del territorio gallego, en propiedad comunal. En total, hay 2.800 comunidades de montes en Galicia.
La Fiscalía pide para uno de los acusados dos años y medio de cárcel y los acusa a los cuatro de un delito de lesiones por imprudencia grave y reclama 832.428,44 euros para indemnizar al ciclista, que deberán pagar conjunta y solidariamente y, subsidiariamente, la comunidad de montes de Valladares. Las órdenes de poda y colocar obstáculos, según el escrito fiscal, los daba el directivo, José C.A., responsable del mantenimiento y conservación del monte y ejercía de vicepresidente segundo de la comunidad de montes