El grito de inocencia de Cristóbal, empresario en África: “Cultivo cacahuetes, no cocaína”

Cristóbal Sánchez Fornieles, empresario agrícola de 56 años, nacido en Melilla y afincado en Almería, antiguo brigada del Ejército y orgulloso hijo de policía nacional, dice que está viviendo una experiencia “kafkiana”. Por eso, parafraseando La metamorfosis de Kafka, que arranca con el inquietante “Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto”, su historia real podría empezar con un: “La mañana del 14 de noviembre de 2017, tras un sueño intranquilo, el idealista agricultor Cristóbal Sánchez se despertó en la cárcel de Alhaurín de la Torre convertido en un monstruoso traficante de drogas”.

El día anterior, la juez del Juzgado de Instrucción 5 de Torremolinos (Málaga), Ruth Jiménez Peñalver, a petición de la Fiscalía, lo había enviado a prisión, acusado por la Policía de ser miembro destacado de la “organización criminal” responsable de los 993,7 kilos de cocaína hallados una semana antes en el puerto de Algeciras. La droga venía oculta en dos contenedores de piñas importados desde Guayaquil (Ecuador) por la empresa española de frutas Ramafrut, y habría valido en el mercado 35 millones de euros.

La versión policial, que avanzó EL ESPAÑOL en su día, y que Cristóbal Sánchez rebate, concluía lo siguiente sobre los detenidos: el español de origen marroquí Abdelkader Benali Mohamedi, alias Laca, de 73 años, al que llevaban investigando durante un año con escuchas telefónicas, es el número uno del tráfico de cocaína en el norte de África, al que se dedica desde hace al menos una década —aunque nunca ha sido condenado ni por ello ni por su supuesto pasado de traficante de hachís—. Benali, según el relato policial, es el jefe de una “organización criminal” en la que figuran como lugarteniente su yerno Brahim Mohamed, policía nacional de la comisaría de Estepona casado con su hija Dunia; y los empresarios agrícolas Cristóbal y Francisco Sánchez Fornieles, de Almería, y Juan Carlos Cervera Ramada, valenciano que trabaja en tierras almerienses. Todos ellos, de acuerdo con la interpretación policial que los mantiene procesados, montaron un oscuro negocio agrícola en África como tapadera tanto para invertir los beneficios de sus actividades ilícitas como para camuflar sus envíos de droga a España desde América del Sur. También fueron detenidos la esposa de Benali (Zoulikha), su hijo varón (Mohamed) y tres de sus cuatro hijas.

Cristóbal Sánchez responde, dolido, que ese “guion policial” es “mentira”. “Somos inocentes. Las conclusiones son todas erróneas e inducen al error a la Fiscalía”. Pasó 93 días en prisión, los primeros 43 en aislamiento en Alhaurín “por haber sido militar”, y el resto en Estremera. Ahora, en libertad con cargos al igual que los demás investigados —a la espera de que su caso se sobresea o vaya a juicio—, se presenta en público por primera vez para desmentir la versión policial, que tacha de “negligencia con malicia, incompetencia en su máxima expresión”.

“En mis días en prisión, un comisario me comentó que un dicho muy común de la Policía es qué hacer ‘cuando la realidad estropea la investigación’”, expone Sánchez a EL ESPAÑOL. Los investigadores sostienen en sus informes que los acusados mantenían conversaciones encriptadas sobre tráfico de drogas. La realidad, responde él, es que ninguno tuvo nada que ver con la cocaína de Algeciras, porque en las llamadas que les grabaron no estaban hablando en clave, sino discutiendo literalmente sobre los contenedores de cacahuetes recién cosechados que iban a exportar en esos días a España desde Guinea Bissau.

En la antigua colonia portuguesa de África Occidental son socios en una empresa agrícola local, Frutas e Legumes GB, de la que dependen 3.000 habitantes. Cristóbal Sánchez dice que más que haber estado en prisión siendo inocente le duele que el caso, aún abierto, esté abocando a la ruina su proyecto africano, que incluso la Columbia University de Nueva York ha visitado este año como caso digno de estudio.

Con el pasaporte retirado, no puede ir a Guinea Bissau a retomar la actividad en un momento crítico, sus compradores españoles de cacahuete le han dado la espalda y el Banco Mundial y la Unión Europea han suspendido las ayudas que le conceden por sus valores ecológicos y sociales hasta que se aclare su situación. Está convencido de que quedará exculpado, pero teme que para entonces ya sea tarde.

La aflatoxina

Cristóbal explica que el “desconocimiento” de los policías sobre la empresa de los socios en Guinea Bissau les llevó a considerar “conversaciones encriptadas” y “sospechosas” sus inofensivos diálogos sobre la inminente cosecha del cacahuete y el peligro que representaba el hongo aflatoxina, palabra que en las transcripciones policiales aparece escrita erróneamente y se deja en el aire sin explicar su significado. “Es increíble. Una simple llamada a la embajada de España en Bissau habría bastado para entenderlo. Este desconocimiento provoca un absurdo tan grande que terminamos ingresando en prisión, y envicia el resto de la investigación”, critica. 

Pero retrocedamos a principios de noviembre de 2017, antes del hallazgo del alijo de cocaína en Algeciras del día 7 de ese mes. En ese momento, la empresa agrícola en Guinea Bissau en la que participan como socios los hermanos Sánchez Fornieles, Juan Carlos Cervera, Abdelkader Benali y su yerno, el policía Brahim Mohamed, marcha muy bien. La fundaron en 2014. José Manuel Martín Rueda, empresario de Melilla con negocios en Guinea Bissau, buscaba socios para proyectos agrícolas y sus paisanos melillenses Cristóbal, Francisco, Abdelkader y Brahim se sumaron. Cristóbal precisa que él conocía a Abdelkader Benali porque le construyó hace años una casa en Melilla. Incorporaron al grupo de socios al valenciano Juan Carlos Cervera, al que Cristóbal conocía por haberle vendido una finca en Almería. Hace una precisión: Juan Carlos Cervera es a su vez uno de los dueños de la empresa de frutas Ramafrut, pero participaba en el proyecto de Guinea Bissau a título personal, no de Ramafrut. A Juan Carlos lo ficharon, añade, por su experiencia de 13 años cultivando productos tropicales en Senegal, país vecino de Guinea Bissau.

La sociedad mercantil Frutas e Legumes Guinea Bissau se creó en 2014 cuando compraron en Mentem, distrito de Mansoa, una finca de 1.750 hectáreas donde había instalaciones abandonadas de un viejo proyecto del Banco Mundial. Las arreglaron, construyeron una nave de procesado y un centro de formación, viveros, viviendas, y empezaron a cultivar y el tradicional caju, que es el anacardo. En 2017, detalla el emprendedor, ya empleaban a 300 vecinos y colaboraban con 469 pequeños agricultores, a los que compraban la producción.

Además, apunta, la empresa creó la Fundación Ubuntu para desarrollar proyectos sanitarios, educativos y sociales con la comunidad local, empezando por una escuela para más de 250 niños. “El gobierno no ofrece allí ningún servicio público. El maestro de la escuela lo pagamos nosotros”, dice el empresario, que contradice así que la actividad social de la empresa sea un mero “lavado de cara”, como la descalificaban fuentes policiales tras las detenciones de noviembre.

Cultivos africanos

Cristóbal explica que, al analizar la agricultura local, de subsistencia, descubrieron un problema: “El monocultivo del caju es la principal causa de pobreza del país”,  porque “no es rentable”. Estos árboles producen apenas entre 200 y 300 kilos de fruto seco por hectárea. Su solución era “introducir nuevas variedades de cultivos rentables y sostenibles y conseguir su acceso al mercado, principalmente a la Unión Europea, mejorando la capacidad de negociación de los pequeños y medianos agricultores”.

Buscaron una especie que se pudiera cultivar entre los árboles del caju durante la temporada seca de noviembre a junio, aprovechando su sombra. Optaron por el cacao, y Cristóbal fue a Ecuador porque allí tienen “una de las variedades mejores del mundo” y “lo producen así, aprovechando las sombras de árboles”. Para aprovechar la estación de lluvias, de junio a noviembre, hasta entonces muy poco productiva, estudiaron qué producto de consumo local tenía más posibilidades de exportación si lo trabajaban a gran escala, y se decantaron por el cacahuete, cuya primera cosecha empezarían a recolectar y exportar a España a partir de noviembre de 2017.

Para tener éxito, sin embargo, tenían que mantener a raya la aflatoxina, el peligroso hongo que hace estragos en este fruto seco. El Banco Mundial, a través de su organismo para empresas, el International Finance Corporate (IFC), les había concedido una línea de financiación de 3,2 millones de euros —suspendida por las detenciones— para comprar maquinaria, material de riego o dispositivos de detección de la aflatoxina. La Unión Europea también les otorgó una subvención de 4 millones de euros para formar agricultores,

Sin embargo, mientras Cristóbal Sánchez supervisaba la cosecha inaugural de cacahuetes y el envío del primer contenedor a España, el 9 de noviembre le llega la noticia que le ha trastocado la vida. “Este día mi hijo me informa que han detenido a mi hermano Francisco y a Juan Carlos Cervera, socios de Guinea Bissau. El motivo: un contenedor con 900 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras. El día 11 me persono en la embajada de España en Bissau. Ante el desconocimiento del inspector jefe de la embajada, viajo el 12 para presentarme voluntario. Llego el 13 y desde el aeropuerto de Málaga, sin tomar ni un café, comparezco en la comisaría de Torremolinos. Mi intención era colaborar con la Justicia y dar lógica a este asunto; fue en vano, la Policía tenía un guión fijo. Directamente fui conducido a la cárcel”, rememora.

“El 10 de noviembre, al día siguiente de la detención de Juan Carlos y mi hermano, en la primera comparecencia ante la jueza, Juan Carlos Cervera, dueño y administrador de Ramafrut [empresa que trae de Ecuador el contenedor con la cocaína de Algeciras] dice que nosotros no tenemos nada que ver, que el contenedor lo ha traído su empresa y que el único responsable del pedido es su hermano Manuel”, quien confirma la versión aunque señala que no conoce cómo ni quién ha metido la cocaína en esos contenedores de piñas traídos de Guayaquil. Manuel Cervera, que no es socio de la empresa de Guinea Bissau ni tiene relación con los demás detenidos del lado de Abdelkader Benali, también se pregunta en ese momento por qué la Policía no siguió el envío para ver quién lo recogía en España.

“Me acusan basándose únicamente en conversaciones telefónicas ‘encriptadas’, insiste Cristóbal repasando las transcripciones de las 29 llamadas suyas o de su hijo y su hermano incluidas en el sumario. “Palabras como Banco Mundial, Agrieco, garfios (que son varillas para injertar), aflatoxina, caju, cacahuetes…, se resaltan en el sumario sacadas de contexto, omitiendo la realidad y su interpretación global”, denuncia.

Sánchez destaca la “confusión” policial con los cacahuetes. A principios de noviembre preparaban el primer envío. Sostiene que la policía se equivoca al vincularlos con el contenedor venido de Ecuador donde hallaron la droga dentro de un cargamento de piñas vaciadas de pulpa. Ese contenedor con el alijo era de Ramafrut, la empresa de su socio Juan Carlos, que importa centenares de contenedores al año; pero el de cacahuetes que su hijo Cristóbal y su hermano Francisco esperaban a la vez en España lo traía directamente su empresa guineana Frutas e Legumes, y no Ramafrut como afirma la Policía. 

La transcripción errónea de la conversación clave

El 3 de noviembre, el hijo de Cristóbal, del mismo nombre, habla con su tío Francisco y dice, aludiendo a su padre, según la transcripción policial:

C: Él lo que quiere es que yo reciba el primer contenedor de cacahuete, pero y si el primer contenedor de cacahuete se va a noviembre, ¿qué hago yo aquí?

F: El de cacahuete...

C: ¿El de piña lo recibes tú o…?

F: A mí no me importa, me acerco yo, que es una gilipollez y punto, pero no merece la pena el bajar ahí abajo, no tiene sentido.

La explicación de Cristóbal Sánchez es la siguiente: “La idea era que mi hijo fuera el que recibiera el primer contenedor en Algeciras para que no tuviéramos ningún problema, y de este modo empezar a mandar de forma masiva contenedores de cacahuete. Y que, una vez recepcionado el primer contenedor”, certificado libre de aflatoxina, “mi hijo se incorporara a Guinea Bissau para ayudarme”.

¿Y el contenedor de piña que menciona su hijo según la transcripción policial, como el que pocos días después sería interceptado ocultando cocaína? Cristóbal replica a la Policía: “Esto es mentira, nosotros no tenemos piña ni nunca hemos importado piña”. A su juicio, o el policía autor de la transcripción se equivocó o, lo que sería delictivo, alguien ha introducido falsamente en el texto esa referencia al contenedor “de piña” para inculparlos. Él acusa a los investigadores de preparar un informe “a la carrera” cuando “por un golpe de suerte” encuentran el contenedor con cocaína y “haciendo encajar el puzle a martillazos” se lo atribuyen “por obcecación a la familia Benali” e “inducen al error a la Fiscalía”. Y afirma que aunque su hijo hubiera mencionado la expresión “el de piña”, en alusión a un contenedor, explica que el contexto de la conversación desmiente que se refiera a uno de droga. Su hijo, además, no está procesado.

La abogada de los hermanos Sánchez, Pilar Luna, explica a EL ESPAÑOL que por fin este julio han tenido acceso a las grabaciones de las escuchas policiales, ocho meses después de las detenciones. “Son 133 cedés que ahora tenemos que cotejar con las transcripciones. Después del verano pediremos el sobreseimiento de la causa”, dice la letrada, para quien en el sumario no hay ni un solo elemento que los incrimine.

Una semana después de su encuentro con EL ESPAÑOL, Cristóbal Sánchez consigue y remite el fragmento de audio esencial, de ocho segundos, sobre la supuesta expresión “piña”. La conclusión a la que se llega es que no dice “piña” en absoluto. La transcripción es errónea, como poco. Lo reproducimos a continuación.

Conversaciones de “contenido enormemente críptico”

El informe de la Comisaría General de Policía Judicial dice que la conversación “tremendamente elocuente” entre Cristóbal hijo y Brahim del 30 de octubre, donde el primero expone su inquietud por los controles aduaneros en Algeciras, “evidencia, en resumen, la preocupación de los investigados en relación con una próxima importación cuyo control físico aduanero quieren evitar. Sin duda, se trata de una sospechosa conversación coherente con los indicios existentes hasta ese momento”. Pero donde los investigadores ven a hombres nerviosos organizando la introducción de cocaína, lo que de verdad había, clama Sánchez, eran socios hablando de la burocracia para importar cacahuetes. Y reprocha el acusado: “En ninguna comparecencia se ha personado la Fiscalía. Si no nos escucha, ¿en qué indefensión nos encontramos?”.

Cita el informe policial (tomo III del sumario, página 1.155): “Pese a que el contenido de las comunicaciones telefónicas de los principales investigados es enormemente críptico, (…) claro exponente de la profesionalización de la organización investigada, existe una serie de circunstancias que, de modo coincidente, permiten relacionar a los principales investigados con la referida importación [de droga]". Contraataca Sánchez: “Su solución es incompetente y, sobre todo, negligente”.

Dicen las diligencias policiales (página 1.145) que las reuniones de los investigados “son un claro exponente de su comunidad de intereses y de la necesidad de negociar los detalles ligados a sus provisiones que, ya desde el inicio, apuntaban a la intención de realizar un importante transporte de sustancia estupefaciente hasta España, aprovechando la estructura empresarial aportada por Juan Carlos Cervera”.

El informe policial asegura también que la empresa española Grupo One Tropical SL, en la que Cristóbal Sánchez figuraba como administrador junto a Brahim Mohamed, era un instrumento destinado a crear un historial de envíos agrícolas a España de forma que luego pudieran utilizarlo para el tráfico de droga. Sánchez responde que creó Tropical en 2015 para recibir las mercancías en España de su sociedad guineana Frutas e Legumes, pero que ese mismo año la dejó de utilizar por ser más conveniente que cada cliente comprador se encargara de tramitar la importación. Es decir, que no fue ninguna tapadera, por mucho que la Policía sostenga que “se habría constituido con la única finalidad de dar cobertura legal a las ilícitas actividades de la organización criminal”.

Según la Policía, Cristóbal y su socio Brahim están a las órdenes del suegro de éste, Abdelkader Benali, supuesto jefe de la “organización criminal”. “Yo he hablado con Abdelkader cuatro veces por teléfono en 2017 y no me he reunido con él ninguna”, dice Sánchez, que subraya que sólo les une los negocios legales en Guinea Bissau y Senegal, en los que Benali es socio. “Ninguno de nosotros tiene antecedentes penales. Lo tuvimos que demostrar cuando pedimos la financiación del Banco Mundial”, defiende. Y elogia a su socio policía: “Brahim es una persona ejemplar”.

Los daños

Agrega como ejemplo de “negligencia policial” el punto en que lo consideran sospechoso por un viaje a Ecuador vía Colombia. Iba a buscar variedades de cacao para la finca guineana. “Una empresa ecuatoriana remitió contrato para llevar las semillas y formar a los agricultores. Por ese motivo viajo a Ecuador. Pero la interpretación de la Policía es: ‘El último viaje realizado por Sánchez Fornieles a Colombia evidencia las sospechosas actividades a las que estarían dedicados los investigados’. No estuve en Colombia, estuve en tránsito en Bogotá sin salir del aeropuerto, camino de Ecuador. Tan fácil como ver mi pasaporte. Omiten de forma deliberada el motivo de mi viaje, que queda claro en infinidad de llamadas”.

Cristóbal pide que las autoridades estudien el sumario y que, mientras llega su exoneración, la jueza le levante la prohibición de salir de España, para, antes de que sea demasiado tarde, reanudar su proyecto agrícola en Guinea Bissau, no dejar tirados a centenares de agricultores y desbloquear la financiación de 3,2 millones de euros del Banco Mundial y la subvención de 4 millones de euros de la Unión Europea.

Enseña fotos y vídeos de los perjuicios de su detención. Frustrados los envíos a España por el encarcelamiento de los dueños, en la finca africana tuvieron que quemar montañas de cacahuetes sin comprador para evitar que se contaminaran con la aflatoxina. “Cuando me mandaron los vídeos, me eché a llorar”. Sólo llegó a España un contenedor con 23.000 kilos. El resto de la cosecha fue pasto de las llamas. Más de 200.000 kilos de su empresa, con certificado bio, valorados en España a 2,5-3 euros el kilo, y al menos, calcula él, otros 1,5 millones de kilos de cacahuete convencional de los agricultores de la asociación a los que les compran su cosecha, valorados en 1,30 euros el kilo. Ante la falta de dinero (él tiene sus bienes intervenidos, salvo 500 euros al mes para sobrevivir), han tenido que despedir a 260 de sus 300 empleados guineanos.

Pero cree que aún no está todo perdido. Sus colaboradores locales apartaron cacahuetes sanos como semillas para la nueva campaña. Toca sembrarlos a finales de este julio. “Sí, vamos a plantar”, se anima el empresario, a la espera de despertar un día de su metamorfosis “kafkiana” y comprobar que ya no es un insecto acusado de traficar cocaína, sino un hombre inocente que vende cacahuetes por toneladas.