Los 11.000 pozos ilegales que agujerean Málaga como un gruyer: el domingo murió otra persona

En España hay un millón de pozos ilegales (11.000 sólo en la provincia de Málaga), según una estimación de Greenpeace –que duplica los datos hechos públicos por la OCDE en 2006 (510.000)–. Se han hecho prospecciones fallidas en busca de agua, perforaciones que luego se abandonan o agujeros clandestinos que yacen sin tapar en medio del campo. Han fallado las leyes, las administraciones y las propias empresas. Pero, realmente, a nadie le ha importado en demasía. Hasta que la muerte de Julen en Totalán ha puesto el foco sobre estos orificios. Muchos de ellos, tapados; otros, al descubierto. Sin que se sepa dónde están o en qué condiciones se encuentran. Significando, en definitiva, un peligro para cualquiera. 

La alerta está justificada. Julen no ha sido el único en morir en un pozo en las últimas semanas. Este domingo, Juan Antonio Santamaría, vecino de Villanueva del Trabuco, fallecía dentro de otro, desnudo y congelado por las altas temperaturas. “Todos nos preguntamos qué ha podido pasar. Nunca había tenido problemas. Nos ha pillado por sorpresa. Era un buen tipo”, reconocían sus allegados en conversación con EL ESPAÑOL. La única certeza que ofrece el suceso es que había salido a pasear por la montaña. Le gustaba mucho y la conocía a la perfección. Le perdían la naturaleza y los animales. De hecho, murió junto a su perro.

Los vecinos alertaron a la Guardia Civil el domingo. Desapareció sin que nadie supiera dónde estaba. Apareció de madrugada, en un lugar que acostumbraba a frecuentar: el Sendero de los Caños. Allí lo encontraron metido en un pozo, sin ropa y junto a su perro. Con dos líneas de investigación abiertas. La primera, un posible suicidio, descartado por la mayoría de sus vecinos. Y la segunda, la más probable, el accidente. Juan Antonio, quizás, podría haber entrado en el pozo para sacar a su perro. No pudo salir y murió congelado. El veredicto final lo ofrecerá la autopsia. 

El suceso, en cualquier caso, pone en evidencia la necesidad que hay de regular la perforación de pozos. La Guardia Civil, el año pasado, contabilizó un total de 3.306 infracciones administrativas relacionadas con la Ley de Aguas. En gran parte, según apuntan, se debe a la construcción de orificios “ilegales”. Así lo confirman en el sector, que son conscientes de que, durante mucho tiempo, tanto el Gobierno como las propias empresas han actuado con laxitud. 

Desde el sector, sin dar nombres, esgrimen una razón principal para justificar por qué se perforan pozos ilegales. “El gran problema es que las administraciones, en algunas partes de España, tardan mucho tiempo en dar el permiso". ¿Y qué ocurre? "Que al final te obligan a empezar la obra", señalan, con total impunidad, desde una compañía malagueña. Las empresas saben que lo que están haciendo es ilegal, pero lo hacen. 

Los permisos para hacer un pozo se pueden demorar entre tres meses y un año dependiendo de la Comunidad Autónoma. Desde el sector insisten en que es demasiado. Saben que hacen algo ilegal, pero lo asumen y lo reconocen con total tranquilidad. Aun así, sería injusto culpar de todo a las administraciones. Muchas perforaciones se hacen en zonas protegidas pese a la prohibición. ¿El precio? El mismo. Da igual que sea legal o ilegal. “Va desde los 2.000 euros a los 20.000, dependiendo de cómo sea la obra”, explica Benito, pocero madrileño. 

Hacerlo de una u otra forma, insisten, no tiene que ver con el precio. Todo lo contrario. “Nos pagan lo mismo”, puntualizan. Eso sí, el cliente se ahorra pagar el permiso del Ayuntamiento, mínimo cuando se trata de perforar un pozo (“entre 500 y 800”, según cuentan a este periódico). Pero, al fin y al cabo, es un dinero que el cliente se ahorra si finalmente no da de alta el pozo. “Aunque, si tiene agua, lo hacen siempre”, cuentan desde el sector. 

Esa realidad es la que, a partir de ahora, se quiere cambiar desde la administración. La enorme cantidad de pozos ilegales urge a regular este tipo de agujeros. “Aunque se hace imposible saber dónde están todos”, insisten desde Ecologistas en Acción. Muchos fueron hechos antes de que existiera la actual legislación sin saber si eran ilegales… o no. El problema, en cualquier caso, existe; regular el sector es más necesario que nunca.