La comisión a su testaferro alimenta la sospecha de que Juan Carlos ayudó a vender el Zaragozano

Fue el pelotazo financiero de la década. La venta del Banco Zaragozano al Barclays en junio de 2003 por 1.143 millones de euros supuso para sus principales accionistas, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, unos beneficios de 457 millones por sus respectivos paquetes de acciones. Así apareció detallado en el folleto informativo de la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) publicado en su día por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta operación financiera ha vuelto esta semana a la actualidad, después de que el diario británico The Telegraph haya revelado que el primo y testaferro del rey emérito Juan Carlos, Álvaro de Orleans cobró 39 millones de libras –cerca de 50 millones de euros- por ejercer como mediador en la venta del Banco Zaragozano a Barclays en 2003. Pero, ¿cómo acabó esa fortuna en una cuenta suiza a la que tendría acceso el rey emérito? ¿Qué papel pudo jugar Juan Carlos en el pelotazo financiero?

Para responder a estas cuestiones es necesario retroceder a 2003. En ese año Alberto Cortina percibió 230,44 millones de euros por el 20,16% que poseía del Zaragozano, mientras que su primo Alberto Alcocer cobró 226,34 millones de euros por la venta de su 19,8%. El conjunto del Consejo de Administración del Banco percibió en torno a los 616,89 millones de euros por la venta total de sus acciones.

El problema de la operación radicaba en que en marzo de ese mismo año, 2003, el Tribunal Supremo había condenado a los dos financieros, conocidos popularmente como los Albertos, a una pena de tres años y cuatro meses de prisión por un delito de estafa y falsificación de documento privado por la venta en 1988 de los 125.000 metros cuadrados de terreno edificable de la sociedad Urbanor en la madrileña plaza de Castilla al grupo kuwaití KIO (parcelas donde años después se levantarían las dos torres inclinadas conocidas con el mismo nombre).

Según la sentencia, los Albertos habrían estafado a los socios minoritarios de Urbanor al acordar ellos un precio de 231.000 pesetas (1.388 euros) el metro cuadrado, mientras los socios minoritarios recibieron únicamente, de acuerdo al porcentaje de sus acciones, 150.000 pesetas (900 euros) por metro cuadrado vendido.

La sentencia condenatoria contra los Albertos, cuya ejecución estaba pendiente de un indulto solicitado al Gobierno y de un recurso anunciado ante el Constitucional, planteó la duda de si se tendría que haber aplicado el artículo 62 de la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria. Esta norma establecía que el ministro de Economía (entonces Rodrigo Rato) a instancias del Gobernador del Banco de España (en aquellas fechas Jaime Caruana) podían haber retirado los derechos políticos a un accionista de un Banco en caso de detectarse “razones fundadas respecto de que la influencia ejercida por las personas que posean una participación significativa en una entidad de crédito pueda resultar en detrimento de la gestión sana y prudente”.

Alberto Alcocer y Alberto Cortina en una imagen de 2007. Gtres

Las amistades de cacería

La condena por estafa contra los Albertos propietarios del 40% del Banco Zaragozano llevaron a los equipos jurídicos del Banco de España a entrar en un debate técnico respecto a si la máxima autoridad financiera debía interpretar esa situación de “razones fundadas” para despojar de sus derechos políticos a un accionista significado, como “un riesgo de futuro” o en relación a los “resultados” o “actuación” realizada en el pasado. Finalmente el Banco de España aprobó la operación y no puso ningún tipo de obstáculo a la venta del Zaragozano al grupo financiero británico.

Fue entonces cuando la prensa de aquella época habló de “motivaciones políticas” a las más altas instancias en la decisión del Banco de España de mantener los derechos políticos de los Albertos “dada la proximidad de los afectados" con el presidente del Gobierno y al vicepresidente económico, José María Aznar y Rodrigo Rato, respectivamente.

Pero la realidad es que la proximidad de los Albertos no era exclusiva ni únicamente con los miembros del Ejecutivo. La relación más directa de los primos era con el entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, ya que ambos formaban parte del círculo de “amistades de cacería” con los que se movía el ahora rey emérito.

Las revelaciones del diario británico y los datos rescatados respecto a lo ocurrido en la primavera de 2003 vuelven a poner en la picota a Juan Carlos I, aumentando las dudas sobre la procedencia legal de su fortuna. El rey emérito fue acusado por su antigua amiga íntima Corinna zu Sayn-Wittgenstein de acumular una fortuna secreta en distintas cuentas suizas bajo distintos testaferros, entre ellos su primo, Alfonso de Orleans, quien ahora es señalado ahora por The Telegraph como testaferro en el cobro de una comisión por la venta del Banco de los Albertos.

Lo que estaba claro en 2003 es que si se hubiese despojado a los Albertos de sus derechos políticos después de su condena por estafa por parte del Tribunal Supremo (estaba incluso la duda de si podrían ingresar en prisión), el Consejo de Administración del Banco Zaragozano nunca hubiera podido aprobar la venta de sus acciones, ni aceptar la OPA presentada por Barclays. De haberse actuado de esa manera el “pelotazo de la década”de los Albertos nunca se hubiera podido materializar, ni esa supuesta comisión acabar en la cuenta suiza a la que el padre de Felipe VI tendría acceso.