Los 6.000 vecinos de Madrid Central multados por error burocrático: Carlos, 3.510€ en 39 multas

Carlos Santos, en su casa, recibió 39 multas por entrar en Madrid Central; Mario Lamazares, en la suya, otras 24; y Ana Rojas, nueve. Todos ellos –y otros 6.000 vecinos–, estos días, cada uno a su manera, protestan por lo que consideran injusto: estaban empadronados en sus respectivos barrios dentro de la zona cero emisiones de la capital y estaban –en principio– autorizados para entrar con sus coches. Sin embargo, fueron sancionados. ¿Por qué? Eso es lo que se preguntaron el pasado septiembre, cuando el Ayuntamiento les notificó por sorpresa –y en masa– las infracciones relativas a los meses de julio y agosto de 2019.

Todos cayeron en una trampa de la que no tenían constancia. El Ayuntamiento, el pasado mes de junio de 2019, pasó a revocar sus respectivas autorizaciones del Área de Prioridad Residencial (APR) –las que les permiten entrar en sus respectivos barrios– sin notificárselo. O lo que es lo mismo, el consistorio tenía que haberles comunicado que tenían que renovar sus permisos (con vigencia incluso hasta 2023) y jamás lo hizo. Y ellos, obviamente, continuaron circulando por Madrid Central con total normalidad sin saber que estaban cometiendo un delito cada vez que se montaban en el coche.

Los 6.000 afectados, durante julio y agosto, fechas en las que fueron multados, acumularon multas sin que nadie les notificase que estaban incumpliendo el reglamento y, en septiembre, se llevaron la sorpresa. “A mí la primera me llegó el 23. Después, llegaron todas las demás. En total, 39 multas de 90 euros. En total, 3.510 euros”, reconoce Carlos Santos, uno de los afectados. “Pensábamos que íbamos a tener que pedir un crédito para pagarlas”, prosigue.

Autorización hasta 2023

El coche de casa de Carlos –a nombre del padre de su novia– estaba autorizado hasta 2023. No obstante, al aplicarse Madrid Central, llamó para informarse si tenía que hacer algún cambio. “Hay conversaciones grabadas en las que se nos dice que vale con lo que tenemos”, reconoce, indignado. Sin embargo, no era así. Las cámaras de Madrid Central actuaron de oficio multándoles cada vez que cogían el coche para ir a trabajar.

Por eso, desde septiembre, cuando reciben las notificaciones, se empiezan a mover dentro de la Asociación Vecinal La Corrala, donde hay 75 afectados que deben del orden de 100.000 euros en total, para intentar solucionar el desaguisado lo antes posible. “No queremos llegar a juicio. Creemos que el Ayuntamiento hará algo. Se nos informó de que podíamos circular con nuestras autorizaciones, había cartas preparadas para enviar a los vecinos que nunca llegaron… Por eso estamos presionando a través de los medios”, confiesa.

Sin embargo, de momento, nadie les ha dado una posible solución. Todas las alegaciones han sido rechazadas bajo el argumento de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Y, en efecto, el BOCAM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) sí incluyó la obligatoriedad de renovar los permisos de acceso a Madrid Central. Pero muy pocos se dieron cuenta del cambio de normativa.

Mario Lamazares, vecino y comerciante del Barrio de Las Letras, a pesar de estar en contacto con gente continuamente, tampoco se enteró. En septiembre, recibió 24 multas. No se lo podía creer. “Las sanciones llegaron con 100 días de retraso. Por eso tenemos tantas. Imagínate que se nos hubiera notificado la primera antes. Entonces, no habríamos llegado a esta situación”, reconoce, sin comprender cómo el consistorio no hace nada.

Él decidió, en septiembre, pagar las multas al 50% (1.080 euros), pero con la esperanza de que le devuelvan su dinero. “Al final no nos va a quedar otra que ir a juicio… Pero a ver si antes hace algo el Ayuntamiento”, explica. En cualquier caso, ya no se fía. “Ahora pido autorizaciones todos los días. No quiero que me pase lo mismo”, sentencia, precavido.

Porque el Ayuntamiento, a día de hoy, no les ha dado una respuesta que les tranquilice. Los vecinos, en su visita al consistorio, no consiguieron llegar a ningún acuerdo. “Ellos echaron la culpa a Más Madrid y nos dijeron que no nos podían quitar las multas. Que les hacíamos un favor si presentábamos una demanda judicial… Pero no es ningún favor. No sólo tenemos que pagar las multas, sino los costos de los abogados”, lamenta Ana Rojas, que, “por suerte”, utiliza el coche de forma excepcional, y recibió tan solo nueve multas. “Las pagué con la reducción. Fueron 450 euros. A ver ahora qué pasa...”, finaliza.

Respuesta de Almeida

Ante el revuelo, José Luis Martínez-Almeida, alcalde madrileño, ha dado un paso al frente tratando de tranquilizarlos. “Estamos arbitrando todos los medios necesarios para solucionar los problemas de Madrid Central y retirar todas las multas injustas que no estén debidamente amparadas por la normativa y que no obedezcan a conductas imputables”, ha reconocido.

No obstante, ya hay muchas demandas en marcha. Desde Pyramid Consulting, por ejemplo, llevan 150 casos de particulares de vecinos que han recibido en masa multas por no haber revocado su autorización de entrada en junio de 2019. “Realmente, todo empieza antes, en noviembre de 2018, el ayuntamiento acuerda informar a los residentes de todo esto, pero nunca lo llegan a hacer. Los vecinos no se enteraron y fueron multados”, explican desde el bufete de abogados.

A partir de ahí, desde Pyramid Consulting –y desde otros bufetes de abogados a los que han acudido los diferentes afectados– articularan su defensa en base a dos argumentos. El primero, que los ciudadanos tenían que haber recibido una notificación por parte del Ayuntamiento –máxime cuando estos habían mostrado su predisposición a hacerlo–; y el segundo, que el consistorio tenía que haber mandado las multas mucho antes. Así, probablemente, el conflicto se habría resuelto antes. No en septiembre, cuando las sanciones, en masa, empezaron a empapelar las casas de estos 6.000 afectados.