Así, con un vistazo rápido, nadie puede dudar en afirmar que en poco, por no decir en nada, se parecen las carreras de la jueza Carmen Rodríguez-Medel y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez. Una, desde la magistratura, una mujer criada en la jerarquía, ferviente creyente de la ley y el orden. La otra, desde la abogacía, aupada desde su humildísimo entorno por becas, no dudaba en dar un paso al lado si sus creencias políticas se interponían en su camino.
Pero en la vida de ambas hay un nexo en común, un puesto al que ambas optaron desde ángulos bien distintos y al que, finalmente, sólo una le pudo hincar el diente: la dirección del Instituto Armado.
Porque en mitad de la maraña del cese del comandante Pérez de los Cobos, la descapitalización de toda la cúpula del cuerpo y el cambio de estrategia por parte del Gobierno para la explicación de qué ha pasado en este polémico caso emergen las figuras de dos mujeres, dos profesionales que son, sin quererlo, las dos caras de una misma moneda.
Por la que nadie, además, está dispuesto a caer.
Triángulo jurídico
En el centro, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. A su lado, Gámez (51 años). Y, enfrente, Rodríguez-Medel (48 años). Por mitad, una historia de ambiciones, lealtades e indefinición legal que ha desembocado en el mayor escándalo en la Guardia Civil desde la fuga de Luis Roldán.
La relación entre los tres es de sobra conocida: el ministro coincidió con la malagueña María Gámez, socialista y candidata en múltiples ocasiones a la alcaldía de la ciudad -todas infructuosas-, durante la gestión del caso Julen. En aquel momento, Gámez había vuelto a la política como subdelegada del Gobierno en la provincia costasoleña.
Ahí se gestó un lazo tan potente que dura a pesar de la magnitud de lo que está sucediendo en el cuerpo que Gámez dirige. Y no tiene pinta alguna de acabar: “Antes de dejar caer a Gámez cae Marlaska. Eso lo dijo él”, destacan fuentes cercanas a la cúpula del Instituto Armado, en conversación con EL ESPAÑOL.
Pero esa jugada tampoco tiene pinta de que vaya a realizarse. Ambos están caminando sobre el finísimo hielo, aunque ahí resisten.
Una jueza criada en la Guardia Civil
Al otro lado, la jueza Carmen Rodríguez-Medel Nieto (abril de 1972), titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, hija y hermana de guardias civiles. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1995, fue la número 28 de su promoción en la Escuela Judicial. Su trayectoria nunca fue mediática hasta que aterrizó en la Audiencia Provincial de Madrid.
Antes, estuvo destinada en Marbella, primero, y en Fuenlabrada, después. En todos lados guardan una opinión similar sobre ella: le sigue una alargada sombra rigurosa, seria. Fuentes judiciales consultadas por este diario su búsqueda por la perfección, por el detalle. Como una jueza de instrucción soñada.
Quizás por eso no extrañe que bajo su firma estén algunos de los casos más sonados de los últimos años en nuestro país. Desde dos causas que pusieron contra las cuerdas al Partido Popular -los másteres de Cristina Cifuentes y de Pablo Casado, respectivamente-, a, ahora, acorralar a la cúpula del Ministerio del Interior con la investigación sobre el 8-M.
Pero lo que es menos conocido para el gran público es que Rodríguez-Medel fue uno de los nombres puestos sobre la mesa para dirigir la Guardia Civil. Era inédito, porque la magistrada, de tendencia conservadora -es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)-, no tenía relación alguna con el PSOE.
Probablemente fuera su minuciosidad en la arqueología judicial en las causas contra el PP lo que llamó la atención de Marlaska. También ayudaría su ligazón familiar con la Guardia Civil. La magistrada se crió en un ambiente marcial, de respeto por el orden. Sus raíces con el cuerpo vienen de un siglo atrás: es la nieta de José Rodríguez-Medel Briones, el teniente coronel abatido por sus hombres el 18 de julio de 1936 cuando intentaba repeler la sublevación del general Mola.
La tradición continuó: es hija de un coronel de la Benemérita. Su hermano, Antonio, también viste el uniforme verde y el tricornio: ahora posee el mismo rango —coronel— en Málaga, curiosamente bajo el mando de María Gámez como subdelegada.
De ella destacan fuentes judiciales su rigurosidad. “Ella es muy rigurosa, muy seria. No se deja influenciar por nadie. Y si veía que había algo mal técnicamente en el proceso, te lo decía”, recuerdan letrados que coincidieron con ella. “Es mesiánica. Considera que debe hacer de juez y de fiscal, y que lo que ella marque en fase de instrucción es lo que vale”, relata un letrado marbellí.
“Es una jueza de perseguir y averiguar las cosas. Era dura, no es una jueza funcionaria”, opina otro abogado. “Una persona de autoridad, con carácter, muy estricta, muy proautoridad, muy proinvestigar. Es muy profiscal, muy perfil de juez instructor”.
Con todo y con ello, tal y como apareció su nombre en las quinielas, desapareció.
Gámez y su familia conservadora
María Gámez tomó el mando. Y ahora está en el centro de la diana, después de que de que saliera a la luz la nota firmada por ella en la que se notificaba el cese del coronel Pérez de los Cobos por "no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento".
Gámez, que nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en enero de 1969 pero se crió en Málaga, también creció en un ambiente conservador. Después, la necesidad hizo que el progresismo y el izquierdismo anidaran en su casa. También, como Rodríguez-Medel, se decantó por el Derecho a la hora de encaminar su futuro.
“Sus padres le inculcaron que sólo a través del esfuerzo y el tesón podría ser lo que ella quisiera”, explica un antiguo miembro de su familia. “Esa cría que yo conocí hasta hacerse una mujer tenía grabado ese mensaje en la cabeza. Era un ejemplo de constancia. Nunca quiso que, por ser la menor de once hermanos, ellos le sacaran las castañas del fuego”, añade.
Por eso, Gámez compaginó sus estudios de Derecho en la universidad de Málaga con distintos trabajos. La mitad de la carrera la consiguió sacar adelante gracias a la ayuda de sus compañeros, que ponían la grabadora en clase para que ella, por las noches, pudiera tomar nota de la lección.
Más tarde, sacó unas oposiciones como funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. En su currículo también cuenta con que fue asesora del Defensor del Pueblo Andaluz.
Es uno de los grandes puntos de su carrera. Fuentes cercanas a la cúpula de la Guardia Civil revelan que, en aquella oficina, “ella tramitaba las quejas de los presos, entre otras muchas cosas. La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz no es como en Madrid, que están separados por áreas. Se dedicaba a trámites y demás. Y a Marlaska lo conoció en algún caso que coincidirían”.
El ministro, entonces magistrado, “siempre ha sido muy pro derechos humanos, los abanderaba mucho en la Audiencia Nacional, y seguramente coincidían en conferencias y demás”.
Sea como fuere, en 2004, María Gámez se afilió al PSOE. Fue nombrada delegada de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. Fue su primer cargo en la administración. En 2008 pasó a ser la delegada del Ejecutivo andaluz en Málaga. Su carrera despegó entonces. En 2011 se postuló por primera vez a la Alcaldía de Málaga, que no llegó a conseguir aquel año. Tampoco en 2015, cuando se presentó de nuevo. Al año siguiente dejó la política y volvió a su puesto de funcionaria. Aunque fue de manera temporal.
Volvió a la primera línea en 2018, ya con Pedro Sánchez investido presidente del Gobierno. Nunca ha sido una mujer de partido. No le interesaban mucho los órganos internos. No comulga del todo con Susana Díaz, secretaria de los socialistas andaluces. Ella está en el bando del exdelegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, actual vicepresidente primero del Congreso de los Diputados. Un 'sanchista', como ella.
En ese momento, ya como subdelegada del Gobierno en Andalucía, tuvo lugar el caso Julen. La gestión de aquel rescate le hizo hablar a diario con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el hombre que la propuso para ocupar la dirección de la Benemérita. Desde entonces hablaron de narcotráfico y de la violencia que lleva aparejado este negocio, dos de los grandes retos a los que se enfrentaba el ministro en esta legislatura, antes del covid-19.
“Él la impuso como Directora a espaldas de Margarita Robles. Al director de la Guardia Civil lo eligen de manera consensuada los Ministerios de Defensa e Interior, por la dependencia que la Guardia Civil tiene de ambos", relatan fuentes cercanas. Pero a Robles no le parecía bien su nombramiento, de hecho ni siquiera acudió a la toma de posesión de Gámez, aunque, al final, no le quedó más remedio que “tragar”.
La "esquizofrenia" de la policía judicial
Con lo que no contaban ni Marlaska ni Gámez es con que la indefinición legal que vive la policía judicial en nuestro país iba a jugar un gran papel en la causa que instruía Medel. Fuentes judiciales apuntan, a preguntas de este diario, que “la policía judicial no existe, es una entelequia, lo que existe son unidades orgánicas de policía judicial incrustadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Gobierno”.
“Como tal, como cuerpo, no existe. Es la misma policía del Gobierno”, inciden. Y cada juez tiene potestad para decidir qué unidad se encargará de ser su policía judicial. En este caso, Rodríguez-Medel decidió, por motivos obvios, que fuera la Guardia Civil y la Comandancia de Madrid, concretamente, los que llevaran su investigación.
Lo lógico hubiera sido que escogiera una unidad dentro de la Policía Nacional, porque es lo normal atendiendo a la demarcación -Madrid capital- y no zonas rurales, terreno de la Guardia Civil. Cabe preguntarse el porqué de esta decisión de Rodríguez-Medel. “Es llamativo, porque no escoge la Subdirección de la Guardia Civil, que es la controla y distribuye en temas nacionales. Elige la comandancia específica de Madrid, cuyo comandante es el coronel Pérez de los Cobos”.
Y aquí entra en juego la idiosincrasia propia de un cuerpo marcial, pero que no es del Ejército: el Instituto Armado. Funcionalmente, los guardias civiles de la unidad están al servicio del juez en la investigación, pero “es una esquizofrenia, porque los guardias civiles se deben a sus superiores jerárquicos”, razonan fuentes judiciales.
“Orgánicamente y jerárquicamente dependen de su comandante, al que tienen que dar cuenta”, ahondan. “No hay ningún juez en España que no sepamos que la policía judicial da cuenta a sus mandos naturales. Lo correcto es no dar cuenta de lo que estás investigando”.
Sobre el papel, los guardias civiles en función de policía judicial dependen de los jueces, sí, pero prima más su función jerárquica y orgánica que la funcional.
Cualquier magistrado en nuestro país es consciente de esto. “Mientras haya una dependencia orgánica, prevalece, por muy buena función que tengan los guardias civiles, porque prevalece esa estructura, porque estás en el mismo centro, en el mismo hábitat, misma comandancia”.
Marlaska, Gámez, Medel... y De los Cobos
La circunstancia es de sobra conocida tanto por Rodríguez-Medel, como por Marlaska y Gámez. Los tres son licenciados en Derecho y han desarrollado sus carreras en este ámbito. Quizás, por eso, el escándalo ha crecido hasta alcanzar en estas dimensiones.
Un viejo conocido del ministro del Interior así lo explica: “Fernando es una persona no visceral, pero sí bastante cabezona. Como buen vasco, es un poco cerril, de piñón fijo. Él se propuso solventar este tema de una manera que parece que se ha equivocado. Tampoco tienes que ser extenso en tu explicación de un puesto de libre designación”, suspira.
“Tiene un pronto muy jodido, se debió agarrar un cabreo de mil narices. La directora general no le ha ayudado mucho. La que tenía que haber dado la cara era la directora general. En frío, si alguna cabeza política tenía que caer sería la de ella”. Pero, como adelantábamos al principio, a Marlaska ni se le ocurre dejarla caer.
No consta que Rodríguez-Medel y Gámez se conozcan. Pero los otros protagonistas de esta historia sí. “La relación con De Los Cobos ya estaba deteriorada cuando la detención de los CDR en Cataluña, que no informó al ministro. Después, el despliegue de seguridad en el chalé de Iglesias, no contó con el ministro para montarlo”, aducen desde su entorno.
“Fernando es una buena persona. Aunque parezca ahora el diablo con cuernos, es una buena persona. Creo que lo intentó fue hacer un favor al coronel: si ahí había alguna presunta conducta irregular por la filtración del informe, al final el máximo responsable era él. Intentó proteger la carrera profesional del coronel, en su quinta o sexta versión. Por querer morderse la lengua tanto se la ha terminado tragando. Y ha llegado a una situación rocambolesca”... de la que aún quedan capítulos y capítulos por conocer.
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