La hija de Isabel se niega a que vuelva a la residencia aunque le quiten la plaza: "Nos llevan al matadero"

"La residencia no puede cumplir con las cláusulas que firmamos. Ahora nos dicen que si no devolvemos a nuestros familiares incumpliremos una cláusula del contrato y nos quitarán la plaza. Ese es el abuso de poder". Así de contundente se muestra Esther Ortega. Sus padres, Rosario y Manuel, estaban en la residencia de Orpea en Alcobendas cuando el coronavirus comenzó a hacer estragos en estos centros. El 15 de abril decidió sacarles de allí con todos los riesgos. Los ha cuidado en su casa, ha seguido pagando y ahora ve, en pleno auge de casos de Covid, cómo tiene que devolver a su padre al centro para no perder la plaza -como le ocurre a Isabel (en la foto de apertura que aparece en este artículo). Así lo exige la Comunidad de Madrid.

El problema surge con la normativa de la Comunidad y su aplicación. Los mayores pueden salir de sus residencias, pero pasados 45 días desde su salida injustificada, pueden perder su plaza. Esta cláusula se respetó durante la alerta sanitaria, ya que los centros estaban colapsados. Sin embargo, los días se contabilizan desde el pasado 6 de julio. Es decir, el próximo 20 de agosto, todos aquellos que salieron deben volver a su plaza o la perderán.

Madrid es la única Comunidad en la que ocurre esto. Al menos, las asociaciones de pacientes y familiares sólo tienen conocimiento de las quejas de familiares en este lugar. Nadie comprende la decisión. 315 personas abandonaron los centros públicos y concertados durante la pandemia. No se sabe cuántos quedan aún fuera ni cuántos han vuelto. 

"No se puede obligar a la gente a ir al matadero", dice Carmen López, presidenta de Ademaf (Asociación por los Derechos de los Mayores y sus familias). "El sentido común y de la responsabilidad no impera en la Comunidad de Madrid", afirma.

La presidenta expresa su sorpresa ante esta decisión. "Lo lógico es que no haya movimientos y que haya la ocupación mínima. No se puede obligar a la gente a ir al matadero. Yo creo que no lo han pensado. Son medidas improvisadas, que no analizan ni piensan", comenta.

Además, afirman que se están otorgando plazas en estos momentos a personas en listas de espera. Muchas personas murieron en residencias y esas plazas están libres ahora. "No tiene ningún sentido. Deberían no otorgar plazas ahora. Si había 7000 personas en listas de espera y esos son los que hayan fallecido, ¿para qué? Para que mueran otros 7.000. Están improvisando sin pensar en la salud de las personas; las mismas medidas que no dieron resultado en marzo", dice López.

Este miércoles 19 de agosto, Marea de Residencias ha convocado una protesta contra esta decisión de la Comunidad de Madrid. Piden ingresos voluntarios y reservas de plazas, que los ingresos se realicen con garantía plena y una ley de residencias. Comenzará a las 10 horas frente al Ministerio de Sanidad y llegará al Congreso de los Diputados.

Son muchas las familias que se ven esta semana en esta tesitura. EL ESPAÑOL ha hablado con algunas de ellas para ver cómo afrontan una situación que parece, a priori, irreversible.

Isabel: "Espero que rectifiquen"

"Estoy preocupadísima y enfadada con que no nos den otra opción o nos faciliten que vuelvan a la residencia. Al menos espero que si nos quitan la plaza, luego no nos vuelvan a meter en lista de espera. Espero que rectifiquen", dice Carmen García. Su madre, Isabel, está con ella por el momento y no volverá a la residencia de Parque de los Frailes, en Leganés, donde se encontraba.

Ha tomado la decisión de pelear por la vía administrativa. Lleva varios escritos realizados. Ha solicitado una prórroga del plazo. Su madre debería volver a la residencia entre el 18 y el 20 de agosto. Pide que no deba hacerlo hasta el 15 de octubre.

Isabel necesita que estén todo el tiempo con ella. Tiene problemas de memoria a corto plazo. Se puede mover, pero alguien debe estar constantemente con ella."En casa no está como debe estar. Ella corre peligro también. Para ella es muy importante la residencia", dice su hija.

Carmen habla sosegada para quejarse. ¿No pueden garantizarle las terapias firmadas por contrato? "Tampoco. En la residencia están en fase tres prácticamente. No ha evolucionado a la nueva normalidad. Ellos se acogen a eso -a que han vuelto a la normalidad-, pero luego no se cumple todo lo demás. Si fuera cierto, yo podría entrar cuando yo quisiera a verla", ejemplifica.

No entiende cómo además de reclamar a los familiares que ingresen a sus mayores, están dejando correr la lista de espera. Cuenta casos conocidos asombrada. "Parece que les da igual", señala.

Esther: "La CAM no está cumpliendo"

Esther Ortega ingresó a su madre en la residencia el 6 de Orpea, en Alcobendas, el 6 de marzo. Allí llevaba dos años y medio su padre. La crisis sanitaria provocó que les sacara a ambos de allí el día 15 de abril. El motivo: "Veo a mi padre en una videoconferencia completamente ido".

Ha interpuesto varias reclamaciones y va a seguir impugnando la decisión de la Comunidad de Madrid. Le comunicaron que tenía que ingresar a su padre -la de su madre era una plaza privada- antes del 20 de agosto. Ella miró el contrato: tenía 60 días de carencia y, por lo tanto, no perdería la plaza hasta septiembre.

Su enfado le ha llevado a realizar un vídeo en redes sociales. Allí ha expuesto sus quejas. Entiende que es un "abuso de poder" de la Comunidad de Madrid.

En el fondo, la fecha es lo de menos. Entiende que no pueden rescindirle el contrato por incumplir una clausula cuando la residencia no podrá concretar la mayoría de las que firmaron. "Nadie escucha, nadie responde y me van a quitar la plaza. Mi padre no va a tener la rehabilitación que necesita, yo no puedo entrar y salir con él y todo esto es lo que yo firmé", se queja amargamente Esther.

A pesar de todo, Esther defiende que su padre no volverá a su plaza hasta que no vuelva la normalidad al centro, con todo lo que ello conlleva. "Mientras no hagan una vida normal, mi padre no va a volver allí", dice antes de zanjar: "Todo bajo mi responsabilidad y mi espalda. El peso emocional, físico y económico es brutal".

Ana: "No puede quedar impune"

Ana lo tiene claro. "Llevar a mis padres a la residencia ahora es condenarles a muerte". No les reingresará en Parque de los Frailes, en Leganés. Su situación es complicada: es autónoma, trabaja en el sector servicios y necesita ayuda para encargarse de sus progenitores. Sin embargo, asegura que en la residencia sus padres estarían desasistidos.

Dispara contra todos. "Tengo que trabajar y pagar impuestos. Ellos tienen impunidad para todo", se queja acerca de los gestores políticos de la pandemia.

Asegura que fue una doctora la que le dijo que se llevara a su madre de allí. "Le daban agua para comer y para cenar. Una de las doctoras me dijo que me la llevara. Con todo esto ha salido lo que las residencias escondían", narra.

No se fía de la residencia. "Según ellos lo tienen todo controlado y no me lo creo. Todo es mentira. De una reclamación diaria a no tenerlas es una tranquilidad para ellos. Allí no están bien cuidados", vuelve a proclamar. ¿Negligencia? "Negligencia no, lo siguiente", apunta.

Va a renunciar a la plaza. Le piden que reingrese a sus padres antes del día 25 de agosto. Además, asegura que le solicitan una prueba PCR negativa de sus progenitores para constatar que no están contagiados. Si no, no podrían entrar.

Le siguen cobrando, aunque asegura que ella ya no pagará nada más. No espera solución a corto plazo. "No confío en el sistema, en el gobierno, ni en los mismos médicos", señala. Finaliza exponiendo que no parará de luchar, por los suyos y por los que vendrán: "Esto no puede quedar impune".