Antonio, el exalcalde del PSOE que cobró 500.000 euros sin moverse de su casa tras inventar el PER

El miércoles 21 de marzo de 1984, Antonio Torres, un psicólogo de 35 años metido a alcalde de su pueblo, Lebrija (Sevilla), se encerró con medio centenar de jornaleros en las Oficinas del Instituto Nacional de Empleo de la capital andaluza.

Protestaron, dijo el ABC en su edición del día siguiente, por los retrasos en la llegada de los fondos para el pago del subsidio de empleo rural, una reclamación que se haría efectiva dos años después.

Aquel encierro fue simultáneo a otro protagonizado también ese mismo día por trabajadores del campo en el ayuntamiento lebrijano, un acto que Torres respaldó. Eran tiempos de lucha jornalera. Él, un alcalde de izquierdas, del PSOE, tenía que apoyar a la mano de obra barata que recogía algodón y uva o escardaba remolacha en los campos andaluces. 

El regidor era un firme defensor de la idea de que, si no había jornales en los años de malas cosechas o durante los inviernos, los trabajadores cobraran un paro agrario cuando quedaban inactivos.

Pero 36 años después, en un auto fechado el pasado 9 de octubre, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla procesaba a Antonio Torres por cobrar 491.203,03 euros “sin que conste que trabajara realmente”.

Le imputa los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.  Para acceder al empleo no tuvo “más mérito que su afinidad y vinculación personal y política” con un exalto cargo del PSOE andaluz, Fernando Villén.

El magistrado instructor señala que lo hizo “disfrutando además de los beneficios de un alta ficticia en la Seguridad Social” gracias al puesto de directivo que le crearon expresamente (“ad hoc”, dice el auto) en la antigua Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde se incorporó tras perder las elecciones municipales de 2003.

Allí apareció como empleado hasta mayo de 2011, cuando la Faffe se integró en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). “Ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno. Era desconocido por otros trabajadores y directivos, aunque se procuró tarjetas de visita o presentación”, señala el citado auto, consultado por EL ESPAÑOL. 

“La escasa actividad realizada, limitada a puntuales contactos con algún político o autoridad”, Antonio Torres la llevó a cabo “siempre” desde su domicilio “y con medios propios, ordenador y cuenta de correo electrónico genérica y gratuita”, apunta el instructor en su resolución, trasladada a las partes y a la Fiscalía este pasado miércoles.

El juez les otorga un plazo de diez días para que soliciten la apertura del juicio oral, formulen escrito de acusación o pidan el sobreseimiento de la causa. 

Con los "más necesitados"

Casi 40 años después de aquellos encierros de los 80, a Torres parece habérsele olvidado algunas de las frases con las que se describe en su propia página web.

En ella hace un repaso a su vida. Habla de sus años de juventud y de su cercanía moral y política con las clases sociales más pobres. Es curioso que en su biografía habla de sí mismo en tercera persona, y no en primera, cuando es el propio autor de la misma. 

“Antes de cumplir los 11 años ingresó en el seminario, donde estudia el bachillerato. Es precisamente en el seminario donde recibió una influencia decisiva de las ideas progresistas del concilio Vaticano II, que en su caso se plasmarían posteriormente en un compromiso personal de lucha por las libertades políticas y la justicia social en favor de los más necesitados”.

Antonio Torres se llega a atribuir la creación del Plan de Empleo Rural (el antiguo PER) en Andalucía y Extremadura "como inversión transformadora de los pueblos". "Se puede afirmar que se inventó en Lebrija en base a una propuesta del Ayuntamiento lebrijano planteada en 1983 ante la Junta de Andalucía y el Gobierno de España", indica el exregidor del citado municipio.

El cliente de prostíbulos

Pero un juez ha desmontado ahora esa fachada de bonhomía social de Torres. Al exalcalde de Lebrija, que ocupó el cargo durante 24 años (1979-2003), lo enchufó en la Faffe el que fuera director general técnico, Fernando Villén, quien también está imputado en esta causa.

Gaditano de nacimiento, y psicólogo como Torres, Villén dirigía una fundación dedicada a combatir el desempleo andaluz que contrataba y contrataba sin atenerse a ninguna norma. 

Una auditoría encargada por el Gobierno andaluz cifró en 8.844 las personas que entraron a trabajar de forma irregular a la Faffe entre 2009 y 2011. Al menos 200 de ellas tenían vínculos con el PSOE y con los dos principales sindicatos, CCOO-A y UGT-A. Uno de ellos, señala el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, era el propio exregidor lebrijano.

En otra causa por la que también se investiga a Villén consta un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recoge 43 gastos en 13 visitas a cinco prostíbulos de Cádiz, Sevilla y Córdoba.

En total, se desembolsaron 31.969 euros en prostitución entre 2004 y 2009. Los directivos de la Faffe disponían de ocho tarjetas bancarias asociadas a tres cuentas corrientes con un saldo total de 828 millones de euros. La causa también se instruye en el mismo juzgado que ha procesado a Antonio Torres. 

Antonio Villén estaba citado este pasado viernes en la comisión de investigación del Parlamento andaluz que trata de dirimir responsabilidades políticas en el uso de las tarjetas de crédito de la fundación que presidió. Villén decidió no comparecer. Eso sí, se muestra dispuesto a hacerlo cuando finalice el proceso judicial.

En mayo de 2018 le contó a ABC de Sevilla que había usado “por error” una tarjeta en el club de alterne Don Ángelo, en Sevilla, durante una despedida de soltero.

Precisamente, Villén es quien decidió contratar como directivo a Torres tras dejar éste la alcaldía de su pueblo. El juez asegura que exregidor “carecía de aptitudes para poder desempeñar las supuestas funciones como técnico que le habrían de ser atribuidas”.

Villén enchufó a Antonio Torres, quien le habría pedido “colocación” tras entregar el bastón de mando municipal, “por su sola voluntad, sin proceso alguno de valoración” y de manera “injusta y arbitraria”, señala el auto.

El magistrado añade: “No existe ninguna documentación que revele un mínimo cumplimiento de los requisitos y presupuestos que regulan la selección y contratación de personal”. El instructor señala que el exalcalde de Lebrija “habría cooperado y contribuido a dicha ilícita contratación (...) concertándose naturalmente con Villén a tal fin”.

Sin sede física

El exdirector de la Faffe creó un nuevo puesto para su amigo Torres. Lo nombró director de Relaciones Externas. En realidad, se trataba de un departamento “inexistente”, que carecía de estructura, funciones y contenido, “sin sede física, oficinas, despachos, ni personal adscrito”.

Antonio Torres nació en Lebrija el 4 de Agosto de 1949 en el seno de una familia campesina. Tras pasar por un seminario, donde estudió el bachillerato, se licenció en Psicología. Antes de ser alcalde de su pueblo dio clases durante dos años en institutos de Huelva capital y de Almonte. 

En 1975 empezó a impartir Psicología Dinámica y Técnicas Psicoanalíticas como profesor en la Universidad de Sevilla. No lo dejó hasta 1985. Entre 1979 y ese año tuvo que compatibilizar su labor docente con la de alcalde de su localidad natal. Los lebrijanos lo reeligieron por mayoría absoluta en las elecciones municipales de 1983, 1987, 1991, 1995 y 1999. 

Antonio Torres explica en su biografía que es experto universitario en Comunicación Institucional y Marketing Político por la Universidad de Sevilla (2004) y que cursó un máster en Gerencia Política por la Universidad Politécnica de Madrid (2010).

En el caso del primero de los dos cursos, logró que la Faffe le costease la mitad de los 2.274,04 euros que costaba la matrícula, según acreditó la Guardia Civil.

Este periódico se puso en contacto con él este pasado viernes. Antonio Torres declinó hacer cualquier tipo de declaración. El 14 de abril de 2015, cuando su nombre apareció vinculado a una presunta trama de corrupción en la fundación para la que se empleó de manera ficticia durante ocho años, el exalcalde de Lebrija explicó mediante un comunicado que sí trabajó en la Faffe y que desarrolló varios proyectos.

Entre los tres que citó, señaló un acuerdo firmado en septiembre de 2005 con el Ministerio del Interior para favorecer la inserción laboral de mujeres reclusas. “Queda suficientemente clara mi dedicación y esfuerzo en las tareas de gestión realizadas”, dijo hace cinco años. “Y por supuesto que todo lo que afirmo está documentado y se aclarará ante la justicia”.

Pero, un lustro después, esa misma justicia a la que Antonio Torres apela parece no confiar en su palabra.