La pesadilla de Antonio comenzó hace exactamente un año. Decidió reunir los ahorros de toda una vida trabajando como autónomo y le compró una vivienda en Mostoles (Madrid) a su madre que tuviese ascensor. Ella, anciana y con problemas de movilidad, vivía en un edificio que solo tenía escaleras, y apenas podía salir de casa.
Adquieriendo esa casa para su progenitora, Antonio solucionaba un problema pero ignoraba que los que vendrían a partir de entonces serían mucho peores. Cuando firmó la compra con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (más conocida por su acrónimo, Sareb) sabía que se enfrentaba a un problema importante. En el interior de la vivienda, residía una okupa desde hacía algo más de cuatro años. No obstante, él se dejó convencer, además de por el bajo precio del inmueble, por el supuesto perfil conciliador que la usurpadora tenía. Era falso.
Doce meses despues de la firma, la madre de Antonio no ha podido todavía mudarse a su nueva casa, sita en la calle Pintor Murillo, y él ni siquiera ha podido hablar con Yuri, la okupa de su casa y que, frente a lo que este afectado sostiene, dice que tiene un alquiler social por la vivienda y que no tiene dinero para irse a otra.
La desesperación de este madrileño era tal que finalmente contrató a Rekupera, una empresa emergente que negocia entre propietarios y okupas para que estos últimos decidan irse de buenas maneras de la vivienda. Llevan intentándo desalojarla a ella, su hija y al supuesto padre de la primera durante los últimos diez días pero lo único que han conseguido por el momento ha sido un capítulo tras otro de violencia y agresiones entre ambas partes.
Control de acceso
Al inicio de la operación, según relatan fuentes de la empresa de desalojos a este periódico, el propietario le ofreció un alquiler de dos meses pagado en otra vivienda para que abandonase la de Antonio y la compañía le propuso buscarle trabajo e incluso pagarle el viaje a Colombia, su tierra natal, para que volviese con su familia puesto que iba a quedarse sin techo. Sin embargo, la okupa no ha dialogado en ningún momento con ellos y les acusa de estar compinchados "con los fondos buitre" que se quedaron con el piso. La realidad es que la propiedad de la vivienda pertenece únicamente a Antonio y su madre, las verdaderas víctimas de toda la historia.
Tras comprobar que un acuerdo de salida era improbable, Rekupera llevó a cabo su plan b. Autorizados por la comunidad de vecinos, que durante los últimos años se ha visto afectada por okupas en varios inmuebles, la empresa montó un control de acceso a la propiedad. Es decir que si los usurpadores salen del edificio no pueden volver a entrar porque no tienen como demostrar, frente a los vigilantes de esta empresa, que son los dueños de la vivienda a la que pretenden regresar.
Poco después de iniciarlo, evitaron el acceso al inmueble del supuesto padre de la okupa. Y fue entonces cuando comenzaron los problemas. En ese instante, este hombre llama a diversas asociaciones antidesahucios, quienes se presentan en el lugar y empiezan una batalla encarnizada contra los vigilantes de seguridad para que abandonen el edificio, en Móstoles (Madrid). Un objetivo que finalmente ese día consiguen.
Varios miembros de una asociación antidesahucios, en la entrada del edificio.
Esta empresa ha vuelto a presentarse frente a la puerta de la okupa en varias ocasiones, pero acto seguido también lo han hecho todas las plataformas que ayudan a Yuri, la okupa de la vivienda de Antonio, y ha sido imposible desalojarla. De hecho, este lunes varios vigilantes de esta compañía fueron agredidos y según precisan a este diario han denunciado a los miebros de dichas asociaciones ante la Policía Nacional.
En cualquier caso, Rekupera no se da por vencida y asegura tener pruebas suficientes para demostrar que esta colombiana okupó la vivienda hace cuatro años: las escrituras de la propiedad, audios, actas policiales, permisos de seguridad y un documento firmado por todos los vecinos, donde aseguran que Yuri reside ilegalmente en el inmueble de Pintor Murillo. Y no solo eso, sino que también les ha pinchado la luz en tres ocasiones y ha ocasionado molestias a varios vecinos.
Lo más curioso si cabe es que además la okupa no tendría problemas de dinero, pues en uno de los accesos el equipo pudo comprobar (y filmar, tal y como puede observar en las imágenes que ilustran este reportaje) como recibía paquetes de una conocida marca deportiva que había comprado en internet.
Coronavirus
No obstante, Antonio no es el único propietaro que no ha conseguido desalojar a sus okupas en este último año. Con motivo del coronavirus, han sido muchos los okupas que han evitado ser desalojados de las viviendas. ¿Cómo? Alegando mediante un justificante que han estado en contacto con un paciente covid y necesitan hacer cuarentena preventiva para retrasar el lanzamiento judicial.
Esta es la última estrategia okupa que, además, no solo es un problema al que se enfrentan los propietarios particulares para recuperar su casa, sino también las administraciones autonómicas con las viviendas públicas.
Por lo visto, este método ha corrido como la polvora entre los okupas y eso está generando que personas que tienen derecho a una vivienda social no puedan acceder a ella. Según la Comunidad de Madrid, este problema se ha producido en 15 viviendas en los últimos tres meses. En la actualidad, el Gobierno regional tiene 2.000 viviendas públicas okupadas y hay casi 800 procesos judiciales para recuperarlas.
El modus operandi que suelen llevar a cabo es el siguiente. Antes del desahucio, los okupas acuden a su centro de salud y dicen que han estado en contacto con un enfermo de Covid. Como no suelen hacerles la PCR, llaman al juzgado correspondiente y alegan que son sospechosos de tener coronavirus sin presentar ningún documento de que están realmente contagiados. En otras palabras, solo la sospecha de contagio hace que todo el proceso judicial se pare ya que, en caso de ser cierto y estar en cuarentena, nadie puede supuestamente entrar al interior del inmueble.