En cuestión de un par de años, la okupación se ha convertido en la pesadilla diaria de miles de españoles. Uno de los casos más recientes, por ejemplo, es el de Yuri, la colombiana que okupa la vivienda de Antonio, en Móstoles (Madrid), desde hace casi un lustro. Él la compró para instalar allí a su madre hace sólo doce meses, pero ni siquiera ha podido entrar en ella.
El de este madrileño es sólo un ejemplo de los más de 150.000 casos de viviendas y locales okupados que se calculan en España. Todo un fenómeno que además se ha visto favorecido durante el confinamiento, tal y como denunció EL ESPAÑOL en varias entregas de reportajes. Un problema que podría acentúarse todavía más con la crisis económica que se avecina a razón de la pandemia.
La justicia dispone de medios para acabar con esta práctica ilegal, pero el procedimiento es muy lento. Lo que implica que las víctimas (los propietarios) vivan en una situación de indefensión mientras el okupa permanece en el inmueble.
Es en este escenario de abandono donde muchos han visto su oportunidad de negocio. ¿Cómo? Acelerando el proceso de desalojo valiéndose estrictamente de lo permitido por la legislación. Eso es, al menos, lo que defienden empresas como Desokupa, Desokupa Express, Fuera Okupas, Desokupamos o Desokupaciónilegal.
Estas compañías, no obstante, sólo son seis ejemplos de una lista cada día más larga y que con la pandemia ha desencadenado una guerra abierta entre ellas por conseguir el mayor número de servicios.
Las más clásicas defienden que sus prácticas cumplen con las leyes, mientras que las que empiezan a surgir a raíz del encierro por la Covid-19 les acusan de cometer delitos y dejar en manos de los clientes todas las responsabilidades.
8.000 euros
El equipo de Fuera Okupas vigila el acceso a un edificio.
Desokupa fue la primera firma en especializarse en este tipo de servicios, hace cinco años. Su fundador, Daniel Esteve, un antiguo vigilante de seguridad, se sintió llamado por la providencia para expulsar a los indiseados inquilinos de las viviendas.
"Hola, soy Dani Esteve y mi trabajo es devolver las casas okupadas a la gente", se presenta en su perfil de YouTube. Y añade: "He nacido para desokupar". Sea así o no, lo cierto es que a sus espaldas tiene más 5.500 casos resueltos. Cobra entre 3.000 y 8.000 euros por desalojo y factura un millón de euros al año. Eso sí, en ningún caso trabaja con bancos ni tampoco inmuebles que tengan niños dentro.
A la suya, también le siguieron muchas otras empresas como Fuera Okupas, en 2018. Con oficina en Barcelona, Valencia y en Madrid, tres enclaves en los que se concentran la mayoría de okupas, esta compañía catalana, fundada también por un exvigilante, Jorge Fe, cada día lleva acabo seis dispositivos de desalojo en diferentes puntos del país. En total, contabiliza ya más de 500 viviendas y edificios.
La clave de su éxito, dicen, está en la negociación. El objetivo es alcanzar una solución pactada con los okupas de la mano de agentes profesionales. En la empresa hay departamento comercial, abogados especializados y un compendio de expertos en deportes de contacto: artes marciales, boxeo, judo... Esto no significa que empleen sus habilidades contra los inquilinos, pero sí resultan un elemento de disuasión fundamental tanto si tienen que negociar como si llevan a cabo controles de acceso. Un mecanismo con el que impiden entrar al okupa de nuevo al inmueble si sale del mismo. Todo ello, aseguran, cumpliendo siempre con lo que permite la ley.
¿100% legales?
La mayoría de estas empresas garantiza en su publicidad obedecer las líneas que marca la legislación, pero lo cierto es que algunas se han ganado cierta mala fama por los modos en los que ejecutan los desalojos: violencia, peleas, amenazas... Según aseguran fuentes judiciales a este periódico, la mediación de estas compañías es legal siempre y cuando no se lleve a cabo en un tono intimidatorio o mediante coacciones.
Como ejemplo de esta práctica, varias entidades sociales han puesto demandas y querellas criminales contra algunas de estas organizaciones por amenazas, coacciones, desalojos extrajudiciales y violacion de derechos fundamentales.
Sus detractores van más alla y señalan que algunos integrantes de estos comandos de boxeadores pertenecen a entornos neonazis e incluso a la milicia ultranacionalista serbia.
La cuestión no queda ahí. Y es que en muchos de estos pleitos, la responsabilidad última es del propietario que contrata a la empresa, que además ser una víctima de la okupación podría acabar enfrentándose también a penas de prisión en un juzgado.
Rekupera
El equipo de Rekupera en un trabajo de mediación en un edificio.
Frente a estas prácticas, también hay una aparente solución. En otras palabras, más empresas. Un ejemplo es Rekupera, del canario Juan Víctor Mainer, que trabaja desde hace un mes por toda la geografía nacional.
"La idea de fundar mi empresa no nace de ningún caso cercano ni nada por el estilo. Nace de ver cada día en la televisión la problemática por ambas partes. La mala fama que tienen las empresas de desalojos y las grandes plataformas de antidesahucios. Yo lo que quiero es un gris entre el blanco y el negro. Un punto de encuentro entre propietarios y morosos u okupas. No puede ser que haya tanta vulnerabilidad", señala en una entrevista con EL ESPAÑOL.
En su modus operandi, dice, no cabe la violencia, la fuerza ni la intimidación. De hecho, es lo que buscan la mayoría de los clientes con los que ha trabajado hasta el momento y que, según denuncia, "admitían estar hartos" de la forma en la que otras empresas llevan a cabo los desalojos.
"Nosotros siempre trabajamos con la mediación, sin llegar a ningún tipo de violencia. Provocamos el desgaste físico y emocional de los okupas amparados por la ley de seguridad privada", explica Juan Víctor.
Por otro lado, también insiste en que tiene una empresa "completamente constituida en el registro mercantil". "Mis trabajadores o tienen el TIP, o son controladores de acceso o mediadores", es decir, han hecho las pruebas físicas y psicológicas exigidas. En definitiva cumplo con todo", cuenta.
Este empresario canario repite varias veces esta última frase y comenta, haciendo mención a la competencia: "Si una empresa está dada de alta como inmobiliaria y desaloja casas es normal que uno dude de la calidad de sus servicios".
Su modo de hacer, aunque sólo lleva apenas treinta días en el mercado, le ha traído ya alguna que otra amenaza, y no precisamente de los okupas. "Alguna empresa ha llamado amenazándome y diciéndome que este territorio era suyo. También lo han hecho para pedirme colaboración en algunos casos. A todos les he dicho lo mismo. Lo siento mucho, pero no trabajamos igual. Es hacerlo bien o hacerlo mal. Y al final, el cliente puede enfrentarse a penas de cárcel", apunta.
Lo cierto es que frente a sus competidores, este canario es el único que trabaja con bancos y empresas. "Yo facturo", comenta. "Hemos nacido porque hay una gran cartera de clientes que no contrata a este tipo de empresas de okupación. Ellos solo quieren a particulares, no a otros clientes", añade.
Además, este empresario también recoloca a los okupas una vez los ha expulsado del inmueble. "Algunos me están pagando una indemización para el cliente, la cuota es baja, pero lo hacen. Y muchos están en lista de espera para una vivienda. He conseguido que dentro de un mes una familia de seis personas entre a vivir en una casa". Quién sabe, tal vez este empresario haya dado con la solución definitiva al problema.