David Serrano, dueño de la finca donde estaba el pozo por el que cayó Julen.

David Serrano, dueño de la finca donde estaba el pozo por el que cayó Julen.

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El dueño de la finca donde murió el niño Julen paga 500 euros para evitar entrar en la cárcel

El propietario está condenado a pagar 50 euros mensuales a los padres del menor, pero hasta la fecha sólo ha abonado 100.

23 diciembre, 2020 16:05

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El dueño de la finca donde murió Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo en Totalán, ha consignado 500 euros para evitar el ingreso en prisión después de que el fiscal y la acusación particular lo hayan pedido con carácter "inmediato" por no pagar lo acordado en la sentencia.

El abogado defensor de David Serrano, Antonio Flores, ha explicado a Efe que debido a que su cliente no tiene "ni para comer" y antes de que se pronuncie el juzgado el despacho le ha prestado dinero para intentar evitar su ingreso en prisión.

Ha insistido en que su cliente no tiene trabajo y que debido a ello no estaba abonando los 50 euros mensuales que acordó que pagaría a los padres de Julen, que murió en enero de 2018.

Este ingreso de dinero se ha producido después de que la Fiscalía malagueña y la acusación particular hayan pedido su ingreso "inmediato", ya que solo ha pagado en once meses cien euros de la indemnización a la que fue condenado, aunque el juez todavía no se ha pronunciado.

Condena

David Serrano fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga a un año de prisión y a indemnizar a cada uno de los padres con 89.529,67 euros y a la Junta de Andalucía por los gastos del rescate del pequeño con 663.982,45 euros.

El juez acordó la suspensión de la pena de prisión pero con una serie de requisitos, como no cometer delitos en dos años y abonar 50 euros a los padres todos los meses hasta que su situación mejorara como pago de la indemnización y comunicar al juzgado con antelación cualquier cambio de domicilio.

Según el escrito de la acusación particular, al que ha tenido acceso Efe, en once meses el acusado ha abonado solo dos mensualidades de 50 euros, "una cuantía mínima que fue aceptada por los padres de Julen como prueba de buena fe", pero "dado el incumplimiento grave y reiterado de una de las condiciones establecidas para la concesión de la suspensión de la condena" ahora piden que se revoque dicho beneficio.

El fiscal en el escrito que ha enviado al juzgado, y al que ha tenido acceso Efe, destaca que "no ha cumplido las condiciones por las que se le otorgó el beneficio de la suspensión de la condena".