Una montería organizada en una finca del municipio luso de Azambuja en la que fueron abatidos más de 540 animales ha generado una ola de indignación en Portugal. En la batida participaron 16 cazadores y todos eran españoles, según informa el medio luso RTP. Esto ha levantado fuertes críticas de dirigentes municipales, partidos y ecologistas. El asunto va ser investigado por las autoridades nacionales portuguesas.
La polémica saltó después de que se compartiesen en redes sociales fotografías de la montería, que según estas publicaciones juntó a 16 cazadores en la finca Torre de Bela de Azambuja, a unos 40 kilómetros de Lisboa, donde fueron abatidos 540 animales, principalmente venados y jabalíes. "Un record", presumían los responsables.
El Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF, por sus siglas en portugués), que tutela el sector cinegético, informó este lunes en un comunicado de que no tuvo conocimiento previo de la montería, que se realizó en un área clasificada como "zona de caza turística".
Esa concesión prevé "la explotación del venado y del jabalí", también a través de monterías, pero debido al elevado número de animales supuestamente abatidos, el ICNF ha iniciado un proceso para averiguar lo ocurrido y si se ha incumplido la ley en vigor.
El Ayuntamiento de Azambuja también afirma que no recibió ninguna información oficial sobre la montería, que no precisa de autorización municipal, y ha pedido al ICNF y al Ministerio de Agricultura que verifiquen si hubo ilegalidades.
La montería fue criticada por el teniente alcalde de Azambuja, Silvino Lúcio, a través de un comunicado del grupo municipal socialista en el que denunció que se trató de una "masacre" y un "crimen ambiental". Señaló además que la finca donde se realizó está amurallada, por lo que "los animales no tenían donde huir".
A la indignación también se ha sumado el partido animalista PAN -3 diputados en el Parlamento-, que la calificó de "matanza" y aseguró que va a exigir responsabilidades a las autoridades competentes.
Además, recordó en su comunicado que en la zona donde se realizó la caza está previsto instalar una central fotovoltaica con 765 hectáreas y que el estudio de impacto ambiental del proyecto se encuentra actualmente en fase de consulta pública.
También se sumó a las críticas un diputado del Bloco de Esquerda, Nelson Peralta, que escribió en su perfil oficial de Twitter que "fingir que este abatimiento masivo es para mantener el equilibrio ecológico y cinegético es un insulto".