La Región de Murcia cerrará 2020 con un récord histórico de pateras. A falta de conocer el dato del mes de diciembre, un informe de la Guardia Civil refleja que la Comandancia de Murcia es la que soporta mayor presión de inmigración ilegal de todo el Centro Regional de Vigilancia Marítima que el Instituto Armado tiene en el área del Mediterráneo. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del año en curso, las costas murcianas recibieron a un total de 4.241 ‘sin papeles’, frente a los 1.212 del mismo periodo de 2019. Estos datos suponen que la actividad de las mafias que tratan con seres humanos se ha incrementado la friolera de un 239% en esta comunidad uniprovincial.
En las estadísticas del periodo 2007 a 2018 ofrecidas por la Delegación del Gobierno de Murcia no existen precedentes de una cifra similar. Hasta ahora la mayor cantidad de inmigrantes llegados en patera al litoral murciano se registró en 2017, con un total de 2.089, pero ese récord no solo se ha pulverizado en 2020 al multiplicarse por dos la cifra de ‘sin papeles’, sino que además se ha puesto fin a la tendencia descendente de los flujos migratorios irregulares que acumulaban tres años consecutivos de caídas.
En 2017 tomaron tierra en las costas murcianas 2.089 tripulantes de pateras; en 2018 esa cifra cayó a 1.672; en 2019 volvió a descender a 1.540, pero en 2020 -y a falta de cerrar diciembre- el montante anual de ‘sin papeles’ en la Región de Murcia superará los 4.350. Un dato que está muy por encima de los otros dos puntos con más actividad del Centro Regional de Vigilancia Marítima que la Guardia Civil tiene en el Mediterráneo: Islas Baleares (1.392) y Alicante (906).
El cambio de tendencia en la estadística migratoria registrada este año pone de manifiesto un hecho incontestable: las mafias han encontrado en la ruta del Mediterráneo hacia las playas de la Región de Murcia la principal alternativa a la ruta del Atlántico que conduce a las Islas Canarias. Precisamente, según el citado informe de la Guardia Civil, el archipiélago canario acabará el año liderando las cifras de inmigración irregular al recibir de enero a noviembre a 20.074 tripulantes de cayucos. Eso supone un incremento del 908% respecto al mismo periodo de 2019 cuando se contabilizaron 1.980.
En la Comandancia de las Palmas a lo largo de los últimos once meses se registraron 16.260: un repunte del 859% respecto a ese periodo del pasado año (1.684). Y en la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife en esos mismos meses ha habido un crecimiento de la llegada de cayucos del 1.188%, al pasar de un ejercico a otro de 296 ‘sin papeles’ a 3.814.
Hasta ahora uno de los argumentos empleados por el Ministerio del Interior para atajar las críticas por el drama humanitario de las Islas Canarias y el creciente problema de Murcia eran los datos: las llegadas irregulares habían descendido un 54,4% entre 2018 y 2019. Además, de enero a septiembre de 2020 el Ministerio apuntó una reducción del 22,1%. Sin embargo, los datos se han vuelto en contra de Interior porque el citado informe recoge que en España se ha producido un aumento de la variación interanual del 34% en la llegada de pateras al analizar la estadística del 30 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020.
La subida de ‘sin papeles’ llegados a territorio nacional es más pronunciada en la gráfica de variación acumulada: un repunte del 48% si se comparan los datos del 1 enero al 30 de noviembre de este año con respecto al mismo periodo del ejecicio anterior.
Fuentes del Ministerio del Interior subrayan que el plan de choque puesto en marcha en las Islas Canarias “ya está dando sus frutos”. Ponen como ejemplo infraestructuras como el nuevo Centro de Atención Temporal a Extranjeros de Barranco Seco y medidas como “las devoluciones de migrantes”. En los dos últimos meses esas devoluciones se han ejecutado a Mauritania, Marruecos o Argelia.
Desde el Ministerio se muestran optimistas con la evolución de la crisis humanitaria del archipiélago porque se ha detectado una “disminución de las llegadas” de cayucos. Pero una vez que Interior ha desbloqueado el drama del muelle canario de Arguineguín, ahora le toca resolver el otro frente migratorio con el que despedirá 2020: el campamento del muelle de Escombreras en Cartagena que empezó como una solución temporal para atender a los ‘sin papeles’ y que acaba el año siendo el punto de gestión de toda la inmigración irregular que llega al litorial murciano.
El ‘boom’ murciano
“Antes la actividad de las mafias era algo esporádico, pero se ha establecido la Región de Murcia como una ruta de trata de personas desde Argelia y eso se mantendrá en años venideros”, alertan desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). De hecho, los datos del mencionado informe de la Benemérita reflejan que el itineario del Estrecho ha sido desbancado de largo por el triángulo formado por las costas argelinas con las de Almería, Murcia, Alicante y Baleares.
“Hay que dotar de medios humanos, materiales y de infraestructuras a Murcia, Almería y Alicante, así como establecer un protocolo de actuacion que coordine a Guardia Civil con Policía Nacional”, sostienen desde AUGC. Esta asociación reclama al Ministerio del Interior un refuerzo de 200 agentes de Seguridad Ciudadana solo para las unidades territoriales que la Guardia Civil tiene en la costa murciana: en los puestos de Cartagena -donde está el muelle de Escombreras-, Lorca y Torre Pacheco.
“El Servicio Marítimo también necesita incrementar sus efectivos de 30 a 50 para el abordaje de pateras”, apuntan desde AUCG como otra de las necesidades. Y es que una de las claves para que la inmigración irregular se haya disparado un 239% en suelo murciano es el cambio en la operativa de las mafias. “Los envíos de embarcaciones antes eran más puntuales y con destino a Cabo de Palos y Calblanque, pero ahora envían oleadas de pateras simultáneas a toda la costa de la Región”, resaltan desde Unidad de Acción: el frente constituido por las organizaciones sindicales que representan a la Policía Nacional (JUPOL, SUP, SPP, CEP y UFP) para atajar el ‘boom’ de pateras que vive Murcia.
“Las mafias no buscan un punto de referencia para el desembarco, sino varios puntos para llegar a tierra simultáneamente en Murcia y Almería”. También cuentan con barcos nodriza desde donde salen las pateras equipadas con GPS y que en muchos casos son modelos de lanchas neumáticas similares a las empleadas por narcotraficantes. A todo ello hay que sumar la mejora de la logística porque el billete a España por el que pagan de 300 a 800 euros, a veces incluye taxis piratas que aguardan a la llegada de los ‘sin papeles’ cerca de la costa para trasladarlos a un piso franco.
Cartagena, desbordada
“La situación es desbordante”, zanjan desde Unidad de Acción. Principalmente para la Comisaría de Cartagena porque en esta ciudad se ubica el muelle de Escombreras donde la Delegación del Gobierno ha desplegado el campamento en el que se ha centralizado la atención de todos los irregulares llegados a la Región de Murcia. “En la Comisaría vamos con la lengua fuera”, corroboran fuentes policiales cartageneras. “Cuando hay oleadas de pateras no hay patrullas de Seguridad Ciudadana en las calles porque se tienen que destinar a atender a los inmigrantes”.
Estas fuentes policiales no exageran puesto que solo hay que ver cómo se ha disparado la labor administrativa de la Brigada de Extranjería en la Comisaría de Cartagena pasando de gestionar 1.429 expedientes, en 2019, a 2.709, en 2020. Este panorama ha llevado al PP a registrar este martes una moción en la Asamblea Regional para instar al Gobierno de España a que las dependencias de la Policía Nacional en Cartagena sean elevadas al rango de Comisaría Provincial -o de ‘tipo A’-, porque eso llevaría aparejado un aumento de plantilla acorde a las necesidades de la ciudad.
“Este caos de política respecto a la inmigración que ha hecho de Cartagena una de las autopistas de entrada de pateras a España ha provocado que todos estos agentes hayan visto crecer enormemente su carga de trabajo, hasta el punto de que se pongan en suspenso investigaciones referentes al tráfico de mujeres o delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros para dedicarse en exclusiva al trámite de expedientes de expulsión (de inmigrantes irregulares)”, según argumenta en la iniciativa el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado.
“El tamaño de la ciudad, con más de 210.000 habitantes, la singularidad de tener uno de los puertos mas importantes del país junto con el aumento de presión de la inmigración ilegal hace que la comisaria actual y su número de efectivos sea escaso para las necesidades del territorio”, expone Segado para justificar la solicitud del nuevo rango de Comisaría Provincial. En el PP esperan que esta petición obtenga contestación del Gobierno central después de que el presidente murciano, el popular Fernando López Miras, recibiese la callada por respuesta a la carta que envió a Pedro Sánchez en julio pidiendo al Ejecutivo su implicación para evitar un riesgo epidemiológico incontrolado por la avalancha de pateras.
Refuerzos de Navarra
En ciertos momentos del año ha sido tan grande la cifra de irregulares custodiados en el muelle de Escombreras que se han producido motines, como el ocurrido en julio cuando se recibieron de una tacada en un fin de semana a 454 argelinos. Todo ello ha provocado que haya sido necesario movilizar a la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Málaga, Valencia y Navarra.
“El gasto en dietas por agente de la UIP desplazado a Cartagena es de 77 euros por día y suelen venir unos doce policías durante cuatro o cinco días”. De forma que atendiendo a la información facilitada por fuentes policiales de Cartagena, el Ministerio del Interior cada vez que solicita refuerzos para la custodia de ‘sin papeles’ en la dársena cartagenera se gasta de media 3.500 euros. Desde Unidad de Acción (JUPOL, SUP, SPP, CEP y UFP) reclaman al ministro Fernando Grande-Marlaska que se cree en la ciudad cartagenera una unidad autónoma con 30 policías nacionales para atender pateras.
También reivindican que se habilite en Cartagena un Centro de Atención Temporal de Extranjeros que acabe con el campamento del muelle de Escombreras donde los inmigrantes han pasado este verano de soportar temperaturas sofocantes hacinados en carpas, a tener que ducharse en invierno con el agua fría procedente de una manguera. Un déficit de medidas higiénicas en plena pandemia de la Covid-19 del que tampoco se han escapado los policías nacionales. Prueba de ello es que en plena ola de frío no disponen de un habitáculo que los resguarde de las bajas temperaturas mientras custodian sentados en un banco -a la intemperie- a los últimos 50 ‘sin papeles’ alojados en las carpas.
Mascotas en patera
Las mafias de trata de seres humanos operan con tal impunidad que en esta última oleada de diciembre viajaba una mujer que incluso portaba un transportín trasparante para su mascota: un gato. Este último cupo de inmigrantes ya ha sido desalojado de Escombreras por la fuerte bajada de temperaturas. “Debido al temporal de frío se ha optado por acortar a 48 horas la custodia de los inmigrantes y entre Nochebuena y Navidad se vació el muelle de Cartagena”.
Un total de 20 ‘sin papeles’ fueron reubicados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona; once en el CIE de Murcia y diecinueve en el Hotel Cenajo de Moratalla donde guardan cuarentena para determinar si son portadores del COVID.
Sin fecha para el CATE
El año acaba con la Asociación Unificada de Guardias Civiles exigiendo el cierre del Hotel del Cenajo de Moratalla porque las patrullas que suben a custodiar inmigrantes dejan de prestar labores de Seguridad Ciudadana en los municipios de la Comarca del Noroeste. Por su parte, la Unidad de Acción (JUPOL, SUP, SPP, CEP y UFP) lamenta que el ejercicio se cierra sin desmantelar el campamento de la dársena de Escombreras y “sin fecha concreta” para que se habilite un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el Muelle del Carbón.
Campamento de inmigrantes en el muelle de Escombreras en Cartagena. Cedida
“El Muelle del Carbón es el enclave idóneo porque hay zona de desembarque, está próximo a la Comisaría de Cartagena, en el aparcamiento se puede habilitar un vallado perimetral y tiene capacidad para ubicar los módulos del CATE”, resaltan desde Unidad de Acción al tiempo que muestran su inquietud porque tampoco saben las características de la ansiada instalación para el desarrollo de labores de Extranjería. “Faltan muchas cosas por perfilar como el número de módulos que habrá para toma de huellas y reseña, oficinas, seguridad, cuarentena, vestuarios...”.
Desde la Delegacion del Gobierno de Murcia aseguran que el proyecto del Centro de Atención Temporal de Extranjeros “está en marcha”, pero admiten que se desconoce cuándo estará operativo en 2021. “De fechas no hemos hablado sobre el CATE”. En el Ministerio del Interior avanzan que habrá mejoras para las infraestructuras de las que disponen las Fuerzas de Seguridad que trabajan en suelo murciano, aunque no aportan detalles: “Está en marcha un Plan de Infraestructuras 2019-2025, con una inversión de 600 millones de euros, que contempla infraestructuras en la Región, como en Yecla, Cartagena o el Puerto de Mazarrón”.
Comisión de Investigación
De momento, el mensaje del Ministerio no tranquiliza ni al Partido Popular ni a Ciudadanos -socios de Gobierno en Murcia- que han impulsado la constitución en la Asamblea Regional de una comisión de investigación sobre las consecuencias sociosanitarias y de seguridad de la llegada de inmigrantes irregulares durante la pandemia a la Región de Murcia. Cuando en febrero eche a andar esta comisión el PP avanza que la primera comparecencia que solicitarán será la de José Vélez, delegado del Gobierno, y hombre de total confianza del presidente Pedro Sánchez.
También está previsto solicitar la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska. Fuentes de Interior no han querido pronunciarse sobre la constitución de este órgano en la Asamblea Regional. Esta comisión ha levantado en armas a Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, cuya portavoz, Sira Rego (IU), la ha calificado como la “comisión de la vergüenza” y ha solicitado a las autoridades europeas que valoren si vulnera la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.