Al poco de llegar la Democracia a España, el Parlamento vasco aprobó una norma que establecía una paga vitalicia para los altos cargos del Gobierno regional que ya se hubieran jubilado o estuvieran a punto de hacerlo. El objetivo era nítido: la Guerra Civil y el franquismo habían impedido a muchos miembros del Ejecutivo autonómico cotizar de forma regular y había que compensarles. También se buscaba incentivar a aquellos próximos a la jubilación, para que se sumaran a construir la nueva era democrática sin que ello perjudicara sus años de retirada. Pero el tiempo ha pasado, la norma ha perdido su espíritu original. Sin embargo, el premio sigue existiendo.
En la actualidad hay 64 exaltos cargos del Gobierno vasco ya jubilados que reciben una paga vitalicia. Se trata de un complemento que varía según cada caso y que busca que cobren el 50% de lo que ahora corresponde al cargo que ocuparon. Se benefician de esta norma los exlehendakaris, Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza. Además, también reciben este premio de pensión hasta un exvicelehendakari, 38 exconsejeros y 23 exviceconsejeros.
Los únicos requisitos para acceder a la compensación son, por supuesto, estar jubilado, haber cumplido más de 65 años y haber pasado al menos dos años en el Gobierno regional. Aunque en otras comunidades, como Cataluña y Extremadura, también es común que los altos cargos reciban una pensión de jubilación, el caso vasco es bastante llamativo ya que en el resto se suele restringir la ayuda sólo a cargos como el de presidente o, como mucho, el de presidente del parlamento. En País Vasco, sin embargo, el premio es mucho más generoso.
De izquierda a derecha, los exlehendakaris Carlos Garaikoetxea, Juan José Ibarretxe y José Antonio Ardanza.
Conscientes de que este tipo de privilegios son difíciles de entender para la ciudadanía, la norma fue restringida en 2012, tras la crisis económica, y en la actualidad sólo se aplica de forma excepcional. Estos datos se conocieron por primera vez en 2014 y han sido actualizados esta semana por el Diario Vasco. El dinero para pagar las jubilaciones sale de la partida destinada a sueldos de altos cargos y asesores que hay en los Presupuestos de vascos que en este 2021 será de 20 millones de euros, 2,7 más que al inicio del pasado mandato.
Si bien en el Diario Vasco identifican que Garaikoetxea y Ardanza son los exlehendakaris que cobran la pensión -porque los otros dos vivos aún no están en edad de hacerlo-, el Parlamento vasco no identifica quién es el exvicelehendakari ni los 38 y 23 exconsejeros y exviceconsejeros. La opacidad al respecto busca ampararse en la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, esta decisión del Parlamento de no facilitar los nombres contradice los numerosos pronunciamientos del Consejo de Transparencia que dictan que sí que hay que facilitar tal información cuando se trata de dinero público y, más aún, cuando los receptores son altos cargos.
¿Y cuánto cobran?
El complemento vitalicio es muy jugoso; tanto, que supera con creces el dinero que recibiría alguien que cobrase la jubilación máxima, establecida ahora para el común de los mortales en 37.904 euros brutos anuales. Así, Garaikoetxea y Ardanza reciben unos complementos que hacen que su pensión de jubilación en 2020 ascendiera a los 52.913 euros. Esto es aproximadamente el 50% de lo que cobró en el mismo año el actual titular del cargo, Iñigo Urkullu (105.825 euros), y cuyo sueldo sirve de base para calcular la paga vitalicia de los otros.
En cuanto al exvicelehendakari, recibe una paga que hace que su pensión de jubilado ascienda a los 47.465 euros en 2020. Los exconsejeros y los exviceconsejeros recibieron complementos hasta que llegaran a los 47.167 y 39.337 euros respectivamente. Todas estas pagas vitalicias, hasta la más modesta, superan la jubilación máxima a la que pueden aspirar los demás ciudadanos, aunque los valores se van actualizando según si sube o baja el sueldo asignado al cargo en la actualidad.
Si bien el caso vasco es llamativo por la cantidad de gente que se beneficia de ello, los lehendakaris no son los que más aspiran a cobrar. Ahí ganan los presidentes de Cataluña. Un president de la Generalitat, una vez jubilado, pasa a cobrar una paga vitalicia del 60% del sueldo que recibía como cabeza del Ejecutivo. Es lo que le pasará a Quim Torra, quien, a pesar de haber sido inhabilitado por la Justicia, pasó a cobrar un sueldo de 120.000 euros durante los siguientes cuatro ejercicios y cobrará una pensión vitalicia de 92.000 euros cuando cumpla los 65.
Exactamente lo mismo se repite en el caso de Extremadura: los expresidentes jubilados pueden optar también a una paga vitalicia del 60% del sueldo del cargo. Esto significa una pensión de 47.660 euros. La diferencia con Cataluña es que, tradicionalmente, el president de la Generalitat es el presidente autonómico que más cobra de toda España mientras que el de la Junta de Extremadura suele estar en la mitad baja de la tabla: el sueldo de Quim Torra estuvo en 153.235 euros en 2020 y el de Guillermo Fernández Vara en 79.434 euros.
Quim Torra, en un mensaje institucional.
Las demás autonomías
País Vasco, Cataluña y Extremadura son las únicas comunidades autónomas que guardan esa pensión vitalicia para los altos cargos. Pero sí tienen elementos en común con otras, distintas ventajas para cuando se cede el bastón de mando. En estas tres autonomías, además de la jubilación, los expresidentes tienen derecho a un coche oficial con chófer y una oficina con secretaría para el resto de su vida.
Pasa lo mismo en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha. En Andalucía, por su parte, existía una pensión de jubilación similar a la vasca pero fue suprimida en 2011 por José Antonio Griñán y ahora sólo tienen derecho a oficina propia y la seguridad que consideren necesaria. De todas formas, tanto Griñán como Manuel Chaves rechazaron ambas.
En Navarra, cuando alguien deja de ser presidente o presidenta, les dan un mes del sueldo de su cargo extra y tienen derecho a cobrar el 80% de su salario durante dos años, siempre y cuando no se embarquen en ningún otro ejercicio profesional ni cobren por otra cosa. En Baleares, según el estatuto de 2008, sólo tienen tratamiento honorario y nada más. En cuanto a Canarias, cobran un mes de sueldo cuando dejan el cargo y nada más. En el resto de autonomías no se lleva a cabo ningún otro tipo de privilegio.
Si bien todo esto nació con la idea de frenar las puertas giratorias, para que alguien que haya ocupado un puesto público evite la tentación de acabar en la empresa privada, muchas veces es difícil de entender por parte de la ciudadanía. Que un alto cargo vasco cobre una pensión de jubilación más alta incluso que un empresario de éxito, ahonda en esa idea de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.