El juez 'acusa' a los dos policías de Linares de "violencia atroz" y a uno de creerse "impune"

Contundente. Es el término que define el auto del juez -Javier Antonaya- que envía a prisión al agente, Manuel, y al subinspector, José Luis, como supuestos autores de la agresión a Carlos y a su hija. El magistrado deja entrever que los vídeos sobre la paliza ocurrida en Linares evidencian que la pelea se dividió en dos partes y fue en la segunda parte cuando los policías nacionales se propasaron: “Es entonces cuando las imágenes grabadas muestran a Manuel y a José Luis emplear una violencia atroz contra Carlos y su hija, pues tienen a favor una superioridad numérica y aún habiendo conseguido reducir en el suelo a Carlos continúan dándole golpes”.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Linares no se anda por las ramas para valorar unos hechos que provocaron que los vecinos tomasen las calles este sábado para clamar Justicia contra los agentes, lo que derivó en disturbios, con dos heridos por munición disparada por el Cuerpo Nacional. El auto expone que en el atestado de la Policía Judicial hay “indicios de criminalidad” contra el agente de Seguridad Ciudadana y el subinspector coordinador de servicios, como autores de un presunto delito de lesiones agravadas por el empleo de formas peligrosas para la salud física de la víctima.

El magistrado considera además que hubo ensañamiento. La pelea se inició cuando Carlos terminó de tomar café con su cuñado, Francisco Javier, y al salir de la cafetería La Galería tuvo un tropezón fortuito con el subinspector, José Luis.

El mando policial le espetó: ‘Vamos 1-0’. Y Carlos le contestó: ‘Pues ya empataremos’. En ese momento, desde la mesa de la terraza donde los funcionarios estaban -fuera de servicio- tomando un cubata, el agente Manuel le dijo “gilipollas” a Carlos y a partir de ahí comenzó una disputa a golpes entre ambos.

“El visionado de uno de los vídeos, permite comprobar que en su origen, estaban enzarzados en una pelea en la que Manuel F.N. se está llevando la peor parte y tiene que ser separado por su compañero de profesión José Luis P. (ambos policías)”. Esa fue la primera parte de una refriega donde el juez sostiene que el agente salió peor parado: un diente roto, moratones en la cara y en la cabeza, así como erosiones en rodillas, lumbalgia y cervicalgia.

Posteriormente, cada implicado en la riña se alejó tras ser apaciguado por sus respectivos acompañantes, pero de repente el conflicto violento se reanudó espoleado por el agente de escala básica. “Manuel sale corriendo detrás de Carlos y nuevamente se inicia una contienda”. Esta sería la segunda parte de los terribles hechos ocurridos en la terraza de la cafetería de la céntrica calle Espronceda.

El juez subraya que en ciertos momentos del vídeo no es apreciable ni cuántas personas están implicadas en la pelea ni quién pega a quién, sin embargo, la grabación más adelante no deja lugar a dudas para el magistrado: “Finalmente se puede observar claramente que en la lucha sólo participan los dos detenidos (el agente y el subinspector) contra Carlos, metiéndose por medio su hija en dos momentos puntuales para defenderlo”.

El subinspector no dudó en tirar contra la pared a la menor de edad, de 14 años, y también le propinó un puñetazo. Algo que en su declaración justificó por los nervios del momento en el que trataba de defender a su compañero Manu.

Los policías nacionales -fuera de servicio- lograron reducir al ciudadano contra la acera y comenzaron a soltarle una cascada de puñetazos en la cabeza. Estaban totalmente fuera de sí mismos. Prueba de ello es que en el auto se afirma que los detenidos emplearon una “violencia atroz” contra Carlos y su hija menor de edad. Todo ello, según fuentes ligadas a la instrucción judicial, sin que ninguno mostrase su placa: “No se identificaron como policías”.

“Actuación desproporcionada”

Durante su declaración por videoconferencia desde la Comisaría de Jaén, ambos funcionarios coincidieron en defender que Carlos inició la pelea y puso en peligro la integridad de agentes de la autoridad. Por ello, se vieron obligados a emplear la fuerza mínima indispensable para reducirle mientras llegaban dotaciones policiales a la cafetería. De hecho, según las referidas fuentes, Manuel y José Luis defendieron que "actuaron correctamente". Sin embargo, el magistrado no comparte esa opinión: “Los detenidos actuaron desproporcionadamente”.

Esa consideración la apoya en la siguiente reflexión: “Puede ser que fuese Carlos quien comenzó la pelea como plantea la defensa de los investigados. En tal caso acompañaría la razón a los detenidos cuando afirman que, en ese momento, Carlos era sospechoso de haber cometido un delito de atentado. Y es igualmente posible que cuando Manuel salió corriendo detrás de Carlos, fuese con el objetivo de que este permaneciese en el lugar hasta la llegada de otros policías para que le identificasen. Pero aún partiendo de la certeza de tales hipótesis, este contexto no justifica en absoluto la despreciable agresión perpetrada por los detenidos”.

El auto el juez Javier Antonaya reprocha que cuando la primera parte de la pelea estaba disuelta, pudieron recurrir a otras vías para detener a Carlos por atentar contra la autoridad, como acudir a su casa que está cerca de La Galería, pero optaron por reducirlo por la fuerza, “poniendo en práctica la maquiavélica máxima de que el fin justifica los medios”.

Tras relatar las lesiones que presenta Carlos -nariz rota y fisura en la córnea del ojo izquierdo- que le supondrán pasar por la consulta de un cirujano maxilofacial y un oftalmólogo, el titular del juzgado rechaza la versión de los policías para justificar su agresión a un ciudadano.

“Al menos en este momento procesal, sin perjuicio de lo que finalmente pueda resultar en juicio, en absoluto cabe calificar las lesionas causadas por los investigados en base a la cobertura legal que proporciona una actuación de dos agentes francos de servicio que podrían haber sido víctimas de un delito de atentado, pues la desproporción en la intervención de los detenidos es evidente”, según argumenta.

Hay riesgo de fuga

La medida de prisión la justifica el magistrado porque “es bastante probable que los investigados sientan impulsos de huir” ante lo elevado de las penas a las que se podrían enfrentar el agente de Seguridad Ciudadana y el subinspector coordinador de servicios de la Comisaría de Linares. Hasta cinco años de prisión les pueden caer por el delito de lesiones agravadas. “Pudiendo ser dicha pena aún mayor si de la instrucción resultase que, en efecto, los detenidos han podido cometer tortura o una tentativa de detención ilegal (de 2 a 6 años más)”.

Además, sostiene que su condición de policías favorece que puedan “averiguar datos que les permitan influir indebidamente e ilegítimamente en las fuentes de prueba”. De hecho, en el auto, el juez reprocha al subinspector que persiguió a la empleada de un supermercado que se puso en la acera donde estaban apaleando a Carlos para filmar sus caras.

También desliza que hay un vídeo donde el mando policial no impide que un empleado de la cafetería limpie los cristales de una cerveza que él mismo le estampó a Carlos en la cabeza mientras su compañero Manuel le reducía.

“También se le puede ver (al subinspector) enfrente de un camarero que está barriendo lo que podrían ser los restos de vidrio de una botella empleada en la agresión, impasible, sin impedir que esto ocurra, cuando ello es claramente un vestigio del delito que se había cometido y que por ello, debe ser conservado hasta que aparezcan los agentes de Policía Judicial. Las afirmaciones ofrecidas por José Luis no llegan a explicar, a juicio de este instructor, ese comportamiento”.

Sentimiento de impunidad

Del contenido del auto se desprende que al juez no le gustó la conducta del subinspector José Luis que tras la agresión se puso a bailar, menospreciando la indignación de los testigos de la paliza que le gritaban: ‘¡Sin vergüenza!’ Tal actitud lleva a su señoría a reflexionar que “esto podría ser demostrativo de sentimiento de impunidad que albergan los investigados como consecuencia de su condición de policías (...). Y si ese sentimiento de impunidad no es destruido contundentemente, es más que probable presagiar que los investigados podrían tratar de atentar contra los intereses, los bienes o los derechos de Carlos o sus allegados”.

Desde ciertos foros sindicales han hecho llegar a los medios de comunicación informaciones sobre el supuesto pasado turbio de Carlos como portero de locales de copas en Linares, vinculándolo con un clan de narcotraficantes. También denuncian que fue detenido por lesiones dos veces. “No se está hablando de la clase de delincuente que es la víctima”, tal y como recoge un audio que están distribuyendo por WhatsApp. También deslizan que Carlos fue el que inició la pelea porque sabía que José Luis y Manuel eran policías nacionales.

EL ESPAÑOL ha consultado en tres fuentes distintas de la Policía Nacional el historial de este linarense, de 49 años, y la respuesta ha sido la misma: “No tiene antecedentes". Ese audio es un bulo que corre desde foros policiales para alterar a la opinión pública. Aunque de poco sirve ese audio porque los linarenses ya se han posicionado: están a favor de Carlos y quieren que se haga Justicia como víctima de una brutal agresión por parte de dos policías fuera de servicio.

Precisamente, durante la comparecencia judicial, según fuentes ligadas a la causa, el juez y la fiscal insistieron en interpelar varias veces tanto a los supuestos agresores como a la víctima si se conocían de algo o si habían discutido dentro de la cafetería antes de la tangana en la terraza. "Las dos partes negaron conocerse de nada”. Otro audio que corre de WhatsApp en WhatsApp es el de una funcionaria que asegura que “han ido a por ellos (los policías) y todo por la repercusión que ha tenido (los vídeos), flipa con lo de la retención ilegal, van a matarlos”.

Todo esos bulos no están sirviendo de nada porque la Dirección General de Policía ya ha suspendido de empleo y sueldo al agente Manuel y al subinspector José Luis. Además, el juez tiene claro que la actuación de los funcionarios no tiene amparo legal en este momento de la instrucción por mucho que sean miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y argumenten que Carlos se resistió a ser detenido. Basta con leer el reproche que contiene este párrafo del auto hacia estos policías:

“Lo esperable es que cualquier ciudadano se comporte de acuerdo a las normas y leyes que regulan la convivencia y que respete los derechos de los demás, depositándose aún más confianza en que dos miembros de la Policía Nacional acatarán tales obligaciones, puesto que entre sus funciones se encuentran precisamente garantizar esa convivencia pacífica y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, los investigados, a través de sus actos han demostrado que son incapaces de dar cumplimiento a los mandatos legales y constitucionales, pues en caso contrario no se encontrarían en la situación en la que se hayan”.