El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Priego de Córdoba ha autorizado la vacunación a cuatro de los siete residentes de la Fundación Arjona Valera de la localidad, cuyos familiares se negaron a que éstos recibieran la vacuna contra la Covid-19.
El centro cuenta con un centenar de plazas, entre la residencia de mayores y de personas con discapacidad, y la mayoría de estos casos se tratan de padres que se han negado a que sus hijos reciban la dosis de Pfizer el pasado mes de enero.
En los autos judiciales dictados, consultados por EL ESPAÑOL y facilitados por el TSJA, el juzgado recuerda en todos los casos conformes al criterio de la Fiscalía de Córdoba. Sostiene en los mismos que "en general para cualquier tipo de vacuna y hasta la fecha se considera que la vacunación es voluntaria". No obstante, razona que "hay marco legal básico para establecer una vacunación forzosa y en particular en caso de epidemias".
A estos cuatro casos se suma uno más, el de otra residente cuya madre pidió que no se vacunase en un principio, pero finalmente accedió de forma voluntaria. A otro usuario ha resuelto no obligar a su vacunación al desaconsejarlo un informe médico porque era alérgico a un compuesto de la vacuna del sarampión y el otro residente ya no es usuario de la misma.
Según adelanta Cordópolis, desde el inicio del proceso de vacunación, el Ministerio Fiscal ha tenido conocimiento de hasta 13 personas, todas ubicadas en residencias, que no se han vacunado contra la covid tras su propia negativa o la de sus familias. Conforme fue recibiendo los expedientes constató que las razones esgrimidas eran "muy peregrinas" y que se resumían en que "mejor era esperar a ver cuáles eran los efectos".
Para el fiscal, estos motivos no tienen consistencia jurídica ninguna para evitar que una persona que se encuentra en un centro sea vacunada. Cuestión distinta, explica el fiscal, "es que se justifique cualquiera contraindicación que pueda ocasionar efectos secundarios o alergias".
Las razones
Cada caso es distinto. En uno de los autos, el familiar de la residente se negaba a que le pusieran la vacuna porque no le sentó bien la de la gripe; en otro porque no se fiaba de los efectos secundarios y en otro más porque no creían en sus beneficios.
La Fiscalía recuerda en cuanto a la vacunación de residentes que "la negativa a que su tutelado/apoderado/ guardado reciba la vacuna, entra en conflicto con la decisión de los gobernantes, así como un potencial riesgo para terceros y para la salud pública".