Socios de Amnistía Internacional dejan de pagar sus cuotas por la campaña de apoyo a Hasél

Carlos García, de 49 años, se hizo donante de Amnistía “hará unos nueve”. Ahora, con lo de Hasél, no quiere que su dinero vaya a financiar la organización. “Es la gota que colma el vaso”, dice en conversación con EL ESPAÑOL. Este empleado de Correos cordobés, votante tradicional de Izquierda Unida, comenzó a colaborar con Amnistía por campañas que le parecían justas pero, con los años, señala que la ONG “es muy parcial en sus planteamientos”.

García asegura que “una cosa es que se apoye la liberación de una mujer que va a ser lapidada en Irak y otra, que en España se apoye a un tipo como Pablo Hasél”. El desencanto de García viene desde tiempo atrás, cuando la ONG hizo hincapié en las penas impuestas a los líderes independentistas condenados por la sentencia del procés. “En la web de la sección catalana se contaban unas cosas y en el resto de España otras”, dice García. “Para mí deberían investigarse todos los asuntos por igual”.

Imagen de una noche de protestas en Barcelona tras la entrada en prisión de Hasél. EFE

A la decisión de García de causar baja entre los donantes y socios de la ONG se une una larga lista. Manuel Gil, sindicalista de USO, fue socio de Amnistía durante 25 años y se dio de baja el pasado 21 de febrero. Para entonces, Barcelona ya había vivido una semana de protestas violentas ininterrumpidas, que también se extendieron a otras ciudades. El balance a esa fecha solo en la Ciudad Condal era de decenas de heridos -la mayoría policías-, 109 detenidos y cerca de 130.000 euros en concepto de pérdidas por los desperfectos en el mobiliario urbano y en los comercios afectados, al menos 35.

“Es demoledor recoger firmas en apoyo de un impresentable rapero que tanto daño está haciendo con actos violentos incompatibles con una democracia”, asegura Gil.

Otro de los socios decepcionados, declara a través de Twitter: “Hoy he solicitado mi baja. No me puedo creer que hayan lanzado una campaña a lo grande en apoyo de Hasél, un tipo violento, fanático, lleno de odio, que agrede a periodistas y a testigos de juicios. Me ha costado tomar la decisión, dolorosa, pero no era la defensa de este tipo de ‘víctimas’ lo que me llevó a apoyarles”.

Y, en el mismo sentido se expresa otra antigua socia, sobre el goteo de bajas de miembros que también ven “incompatible” las escenas de violencia callejera con la postura de la ONG: “Se han caído del guindo, como me ocurrió a mi hace años cuando me borré al constatar la manipulación que hacen con ciertas causas. El caso Hasél es incompatible con los valores que dice defender Amnistía España”.

“Ventanas de oportunidad”

Desde Amnistía, sin embargo, se defienden alegando que la campaña por Hasél viene de lejos, y que no puede asociarse a los eventos violentos de los últimos días. “El trabajo que realizamos sobre libertad de expresión no se ha originado de un día para otro por el caso de Pablo Hasél”, dijo su portavoz en España, Daniel Canales, en declaraciones a este periódico. “La campaña tiene el objetivo de instar a la reforma del código penal en materia de libertad de expresión”, aseguró al ser preguntado por si su mensaje está dando alas a las protestas.

Belén es una extrabajadora de Amnistía, donde sigue siendo socia y voluntaria. Asegura que las elecciones de las campañas las hacen las asambleas nacionales de la ONG en cada país, en coordinación con las asambleas globales. “Antes de decidir una campaña hay discusiones acaloradas y surgen muchas voces disonantes, pero la postura de la organización suele ser bastante unánime entre los socios”, declara a EL ESPAÑOL.

Pablo Hasél, detenido por los Mossos d'Esquadra en el rectorado de la Universitat de Lleida. EFE

Para la extrabajadora, al igual que defiende Canales, la campaña por Hasél “es por la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal”. “Que se haya hecho viral ahora no es algo que está fuera del control de AI”, apunta. Sin embargo, también reconoce que también se aprovechan “las ventanas de oportunidad”, en referencia a la atención mediática que ha recibido el caso.

Lo cierto es que la campaña se ha movido publicitariamente con la cara del rapero y en el momento de su inminente ingreso en prisión, además de con el lema “Rapear no es delito”. Hasél está condenado por un delito de enaltecimiento del terrorismo que le ha implicado la pena de cárcel por tener antecedentes penales. En total, pesan cinco sentencias sobre el cantante, entre ellas, por amenazar a un testigo en un juicio o agredir a un periodista.

1,9 millones en publicidad

Amnistía Internacional España invirtió, solo en publicidad en Facebook, de marzo de 2019 a octubre de 2020, 288.652 euros. Fue la tercera en España en gasto publicitario en la red social, por detrás de Save The Children y Greenpeace, con cerca de 80 anuncios. La inversión publicitaria total rondó los 1,9 millones de euros, según los últimos datos disponibles auditados, de 2019. Estos salieron de los 12,2 millones de ingresos que obtuvo. Estos proceden, en un 99,1%, de las aportaciones de los socios y de donaciones, herencias y legados.

Según las mismas cuentas, el coste salarial de la ONG en España fue de cerca de 4,9 millones de euros. Sus empleados cobran entre los 47.317 y 63.351 euros brutos anuales para los cargos directivos, mientras que los “cargos técnicos” se mueven en una horquilla que va de los 26.602 a los 41.026 euros brutos anuales.

Las cifras muestran que la ONG no es un actor irrelevante en el país. Su actividad se ha visto salpicada por polémicas en España que van más allá del caso Hasél. En Cataluña, la Asociación Democrática Catalana de Funcionarios de Prisiones (ADECAF) denunció hace años -desde 1998- el silencio de Amnistía Internacional ante diferentes vulneraciones de los derechos humanos en las prisiones catalanas durante la época de Jordi Pujol.

Las asociación de funcionarios de prisiones señala que entregó varios informes a la ONG y que esta tenía conocimiento de los hechos desde 1999, los cuales fueron denunciados por la Universidad de Barcelona cuatro años después. La sección catalana de Amnistía los ignoró, según Adecaf, “para no poner en evidencia al gobierno nacionalista de Jordi Pujol”.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España desde 1997. Crónica Global

Este periódico también ha tenido conocimiento del caso de un importante excargo de Amnistía Internacional Cataluña en los 90 que, después de años en la organización, abandonó su puesto. Lo hizo al darse cuenta de que en el escalafón de la ONG todo estaba manejado sin posibilidad de cambios. “Estaba todo montado”, dice un conocido suyo de aquella época.

Las críticas por ETA

Desde su nacimiento en el Reino Unido en 1961, el objetivo fundacional de Amnistía Internacional ha sido la lucha por los presos de conciencia. Pero, a pesar de su buen nombre, la elección de sus campañas no siempre ha sido bien recibida. En concreto, en España, donde la ONG trabaja desde 1977, se la ha criticado también por su postura ambigua o equidistante en el momento de condenar la violencia de ETA.

Entre los años 1999, 2000 y 2001, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), mantuvo cerca de 20 reuniones con el director de la sección española de Amnistía, Esteban Beltrán, que lleva en el cargo desde 1997. El resultado de aquellos encuentros para que la organización se posicionase claramente en contra de la violencia terrorista fue infructuoso.

Amnistía apenas emitió algunos comunicados en los cuales siempre hacía referencia, por igual, a las actuaciones del Estado o de los cuerpos y fuerzas de seguridad contra miembros de la banda. Las víctimas del terrorismo también pidieron que Amnistía dejase de financiar, a través de la publicidad, a medios voceros de la banda terrorista, algo que tampoco ocurrió.

La campaña "Tuitea si te atreves", promovida hace años por Amnistía Internacional AI

En un reportaje publicado por El País en 2005, Beltrán justificaba la inacción de su organización contra el terrorismo -no solo el de ETA- por la falta de una definicón por parte de Naciones Unidas. En aquel texto, también se dejaba entrever la fijación de la organización al criticar a superpotencias occidentales como Estados Unidos, al tiempo que reconocía que China era el principal país violador de los Derechos Humanos.

En medio de la resaca por las protestas callejeras de estos días, la organización cuenta con alrededor de 90.000 socios en España y sus campañas no tienen la intención de abandonar la polémica. “Hay posicionamientos controvertidos”, dice Belén, la extrabajadora, al tiempo que afirma que “el movimiento siempre se está cuestionando”. Por su parte, Carlos, el ya antiguo donante, dejará de recibir los correos que le animaban a unirse a diferentes causas. La de Hasél no era la suya.