“Igualdad, para Irene”, dijo Pablo: así empezó la guerra entre Calvo y Montero por el feminismo

“Todo empieza ahí, en el hecho de que Podemos siempre quiso arrebatar al PSOE la bandera del feminismo y la igualdad”, explican fuentes socialistas acerca de las diferencias políticas entre Calvo y Montero. Al otro lado del río, en la formación morada, admiten que los roces entre ambas dirigentes ya surgieron mientras se intentaba cerrar el acuerdo de coalición. Pero señalan directamente a la actual vicepresidenta primera como la causante de esas disensiones.

"Es un problema personal de Calvo, no soporta haberse quedado sin Igualdad [el ministerio]", comentan en el entorno más próximo de Pablo Iglesias. En enero de 2020, Carmen Calvo le traspasó la cartera a su sucesora en el departamento, Irene Montero. Más de un año después de aquel relevo y casi dos de aquellos primeros contactos en favor de un Gobierno, ya nadie esconde el bulto en ambos partidos: Calvo, número dos del Ejecutivo, y Montero, ministra de Igualdad, no se llevan. 

“Calvo no quería ceder”, insisten en Podemos. “El problema era y es suyo. Tiene concepciones políticas de otro tiempo -añaden-, más anticuadas". Por el otro lado, varios socialistas que conocen los pormenores de aquella negociación previa a la firma del acuerdo, replican: “No había coalición si Montero no tenía ministerio. Fue una condición de Iglesias: ‘Igualdad es para Irene’. Al final, lo tuvo porque Pedro [Sánchez] medió con Calvo. Estuvimos a nada de que volviera a suceder como en junio, cuando las conversaciones se rompieron. Ahora estamos pagando la bisoñez de algunos dirigentes con los que pactamos”.

"Tirantez" entre ellas

Calvo es doctora en Derecho Constitucional y fue profesora universitaria hasta mediados de los años 90 del siglo pasado. Lleva media vida en política -ha sido desde consejera andaluza de Cultura a varias veces ministras-, ejerce de secretaria de Igualdad en la ejecutiva socialista y ocupa la Vicepresidencia primera del Gobierno. Es la mano derecha de Pedro Sánchez y coordina la acción conjunta del Ejecutivo. Ninguna otra mujer en el país ostenta tanto poder en la actualidad.

Montero es licenciada en Psicología. De la mano del movimiento 15M, trasladó las reivindicaciones de las calles al Congreso. Ocupa un asiento como diputada desde enero de 2016. Hoy, con 33 años recién cumplidos, ejerce de ministra.

Se trata de dos trayectorias divergentes que, a su vez, se han cruzado en sus caminos hasta producir fricciones entre sí. Distintas fuentes de sus respectivos partidos coinciden en que, pese a que cada semana se ven en el Consejo de Ministros, apenas hablan entre sí. Si lo hacen, el resto de presentes “notan la tirantez entre las dos”, advierten fuentes de ambas formaciones.

Lo cierto es que dentro del Ejecutivo cohabitan dos mujeres enfrentadas que dejan ver sus diferencias cada vez que tienen oportunidad. Aunque indirectamente, la última de esas grietas abiertas entre ellas se evidenció el martes de la semana pasada, cuando el PSOE, de motu proprio y sin contar con su socio de Gobierno, presentó en el Congreso la conocida como 'ley Zerolo', para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. 

Pese a que la norma se incluía en el acuerdo de Gobierno, en la votación Podemos se abstuvo y llamó “desleal” al PSOE por registrar esa iniciativa de manera unilateral. Los socialistas esgrimieron un informe jurídico cuestionando la capacidad del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Los servicios jurídicos del partido redactaron un análisis con hasta 10 correcciones a errores del texto presentado por el ministerio de Montero, que llevaba trabajando siete meses en el proyecto. 

Los socialistas señalaban que Igualdad se equivocaba al proponer reformar una ley orgánica con una ordinaria o al no entender quién debía tener la capacidad sancionadora. Además, la 'ley Zerolo' solapaba, en cierta medida, dos leyes estrellas que pretende sacar adelante Podemos, la 'ley LGTBI' y la 'ley Trans'.

Hasta Aitor Esteban, el portavoz del PNV en el Congreso, el aliado más templado de ambas formaciones,  dijo encontrarse “un poquito cansado de este tour de force de los dos partidos intentando liderar cada uno por su cuenta”. Señalaba, aunque de forma indirecta, a la vicepresidenta y a la ministra de Igualdad por tratarse de una cuestión que afecta a sus competencias. 

Esteban no fue el único. Sara Giménez, diputada de Ciudadanos, que apoyó la propuesta, afirmó: “Es lamentable que se estén peleando por ponerse la medalla”. Íñigo Errejón, de Más País, señaló: “No usen esta Cámara para meterse el dedo en el ojo unos a otros”.

Calvo cuestiona a Montero

Dos semanas antes, a principios de febrero, ambas dirigentes políticas volvieron a verse embarradas por la disputa política. Esta vez, a causa de la 'ley Trans', que también forma parte del acuerdo de Gobierno de la coalición. Con ella se abrió la enésima brecha entre los socios y, de forma paralela, entre ambas dirigentes.

En Podemos ya trabajan con un borrador de la ley. Pretenden llevarla al Consejo de Ministros de manera inminente. La esencia de la norma pasa por ofrecer la posibilidad de cambiar de nombre y de sexo en el DNI sin más requisitos que la presentación de una “declaración expresa” de la persona. Otro punto importante es la garantía del acceso a tratamientos hormonales desde la pubertad si el solicitante lo requiere. 

Carmen Calvo conoció el contenido de dicho proyecto legislativo el 25 de enero, cuando Montero le presentó el borrador. El día 29, Calvo se reunió con los colectivos trans y LGTBI con los que Igualdad lleva meses negociando la norma.

La ministra de Podemos, admiten en su partido, se sintió puenteada. En dicho encuentro, Calvo planteó fusionar dicha norma con la Ley para la Igualdad de las Personas LGTBI, aunque en el acuerdo de Gobierno alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos se recogen como dos leyes distintas.

Días más tarde, Calvo mostró su preocupación sobre la posibilidad de elegir el género "sin más que la mera voluntad o el deseo" del solicitante porque considera que puede poner en riesgo los criterios de identidad de los 47 millones de españoles.

La vicepresidenta subrayó, sin cortapisas, que la ley necesita "calidad normativa" y "seguridad jurídica" para evitar que los nuevos derechos que trata de regular colisionen con otros ya existentes. 

Irene Montero no se acobardó. En una entrevista en Nació Digital, respondió con dardos hacia la vicepresidenta y hacia el socio de coalición de Podemos: "La identidad de género no es un capricho, es un derecho (...) Quiero ser muy respetuosa y prudente, porque sé que esto supone un debate interno fuerte en el PSOE”.

Pese a la evidente brecha actual en el Gobierno, los rifirrafes vienen de lejos. Y siempre con la primacía feminista en mitad del tablero de juego entre los socios del Ejecutivo. El 11 de junio de 2020, EL ESPAÑOL ya contó que la nueva Ley de Infancia, aprobada días antes en el Consejo de Ministros, afloró inesperadamente la batalla entre PSOE y Unidas Podemos. 

El mismo día Pablo Iglesias presentaba en rueda de prensa el anteproyecto de ley, la Comisión Ejecutiva del PSOE emitía un comunicado posicionándose "en contra" del mismísimo Título I de la norma, sobre los "Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia".

El artículo 9.3 de la Ley de Infancia aprobada por el gabinete de Pedro Sánchez, que sigue a día de hoy su trámite parlamentario, decía textualmente: "Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que su orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, así como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación o violencia por tales motivos". 

Pocas horas después, el comunicado del PSOE, con las firmas de Carmen Calvo, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, o de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente primero del Congreso, advertía de que hay una "utilización y confusión, en ocasiones interesada, de algunos conceptos fundamentales en el feminismo como son el sexo y el género".

La nota se acompañaba de un documento adjunto como argumentario: "Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de las personas tienen automáticamente efectos jurídicos plenos. El denominado 'derecho a la libre determinación de la identidad sexual' o 'derecho a la autodeterminación sexual' carece de racionalidad jurídica". Aquel día, Irene Montero volvió a torcerle el gesto a Carmen Calvo, su espejo roto en el PSOE.